La causa en la que se investiga a la anterior cúpula de la Federación Española de Baloncesto (FEB) por la posible comisión de hasta siete delitos será instruida a partir de ahora por un nuevo magistrado. Juan Antonio Toro Peña ha conseguido una plaza en la Audiencia de Madrid y en los próximos días abandonará el juzgado en el que ha servido durante los últimos ocho años (Instrucción 36 de Madrid).

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este jueves el traslado de Toro Peña a una de las secciones penales de la Audiencia de Madrid, concretamente la 23. Pasará a ocupar la plaza de Rafael Mozo Muelas, que, al haber entrado en la comisión permanente del CGPJ, ha dejado de estar en activo.

El nuevo destino del hasta ahora titular del Juzgado de Instrucción 36 de Madrid deberá publicarse ahora en el Boletín Oficial del Estado (BOE), momento a partir del cual dispondrá de un plazo de 10 días para incorporarse. La plaza que queda vacante saldrá a concurso el próximo trimestre, lo que conllevará un nuevo retraso en la instrucción de la causa en la que figura como principal imputado el ex presidente de la FEB José Luis Sáez.

Una querella, dos recusaciones y dos quejas ante el CGPJ presentaron sin éxito contra el magistrado Toro Peña el ex presidente Sáez y su mano derecha

Sáez y el ex secretario general-director económico Luis Giménez han mantenido un duro enfrentamiento con el magistrado Toro Peña, contra el que han llegado a interponer una querella por prevaricación y revelación de secretos, dos incidentes de recusación y dos quejas ante el máximo órgano de gobierno de los jueces. Pese a no haber prosperado ninguna de estas acciones, el magistrado planteó su inhibición el pasado mes de diciembre en un intento de disipar cualquier duda sobre su actuación en la instrucción que afecte a dos imputados que abiertamente han cuestionado su imparcialidad, pero no fue aceptada por la Audiencia de Madrid al entender que no concurría ninguna de las causas previstas en el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

A la espera de que se incorpore el nuevo juez, la instrucción de la causa en la que se investiga a los anteriores máximos dirigentes de la Federación Española de Baloncesto está a la espera de dos periciales encargadas a la Agencia Tributaria por Toro Peña. De un lado, quiere conocer si los ingresos millonarios captados con motivo de la celebración de la Copa del Mundo 2014 se declararon, a fin de determinar si pudo haberse cometido un delito fiscal.

Periciales pendientes

Por el mismo motivo, el magistrado ha pedido que se investiguen los movimientos de las tarjetas corporativas -analizados en la auditoría complementaria que encargó el Consejo Superior de Deportes (CSD) y que llevó al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) a poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía en julio de 2016- de los imputados.

El juez también estaba a la espera de que el CSD le envíe el informe con el detalle de las «cantidades concretas» y los «ejercicios» en los que realizó pagos a la FEB con motivo de la subvención de 567.840 euros que le otorgó a finales de 2010 para ejecutar un proyecto de cooperación en Senegal (Casa España) y si dichos importes «están justificados» atendiendo a los fines para los que se otorgaron.

Como viene informando El Independiente, el CSD ha reclamado a la Federación la devolución de 394.000 euros correspondientes a dicha subvención y a otra concedida en la misma convocatoria al considerar que no están acreditados debidamente todos los gastos presentados en la liquidación con el objetivo de la ayuda, pero la entidad deportiva que preside ahora Jorge Garbajosa considera que ya está prescrito y ha interpuesto un recurso Contencioso-Administrativo. A esa se cargaron nóminas de trabajadores que no tenían que ver con el proyecto y el envío de canastas al Congo en el marco de la nacionalización de Ibaka, entre otros desvíos.