La Audiencia de Madrid ha inadmitido el incidente de recusación planteado por el ex presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB) José Luis Sáez contra el juez que le investiga por la posible comisión de siete delitos, al haberse presentado de forma extemporánea. La resolución es irrecurrible, por lo que las actuaciones vuelven de nuevo al magistrado Juan Antonio Toro para que continúe con la instrucción.

En un auto fechado el pasado 30 de junio, la Sección Séptima de la Audiencia de Madrid tumba la pretensión de Sáez de apartar al juez Toro sin entrar siquiera en el fondo. Motivo: la petición no cumple los requisitos legales al haberse formalizado fuera de plazo. La Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 223, fija como motivo de inadmisión de recusaciones «cuando no se propongan en el plazo de 10 días desde la notificación de la primera resolución por la que se conozca la identidad del juez o magistrado a recusar, si el conocimiento de la concurrencia de la causa de recusación fuese anterior a aquél».

José Luis Sáez presentó la petición para que el titular del Juzgado de Instrucción 36 de Madrid dejara el caso a finales del pasado mes de mayo, ocho meses después de que el magistrado lo llamara al procedimiento en calidad de investigado por presunta malversación de caudales públicos, administración desleal, apropiación indebida y falsedad documental, como se detalla en la primera página del sumario. El pasado 22 de febrero, el instructor amplió los cargos y pasó a atribuirle indiciariamente también los delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a grupo criminal y delito fiscal.

La Audiencia de Madrid no entra en el fondo: la petición de recusación se planteó fuera de plazo

Al menos desde principios de noviembre pasado, Sáez podía tener conocimiento a través de su abogado que el juez Toro investigaba el incremento de las comisiones a Aegis sin aparente justificación. Así se lo preguntó el instructor a Joan Fa, secretario del Comité de Auditoría, Control y Seguimiento de las cuentas de la FEB y la persona que alertó al CSD de las presuntas irregularidades en la gestión económica del ex presidente, cuando le tomó declaración como testigo el día 3 de dicho mes.

El ex mandamás deportivo invocaba como motivo de recusación «amistad íntima o enemistad manifiesta con algunas de las partes», una de las 16 posibles causas de abstención que prevé la ley. En su opinión, esa «amistad» procedería del hecho de que Toro fue docente en el departamento de Derecho Civil de la Universidad Camilo José Cela, de la que Cortés Elvira -presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) entre 1993 y 1996- fue rector entre 2003 y 2012. La supuesta falta de imparcialidad del juez provendría del hecho de que Cortés Elvira fue director general de Carat (Grupo Aegis), a la que alcanza la investigación judicial por ser una división de esta multinacional a la que contrató la FEB para la captación de patrocinios en vísperas de la Copa del Mundo 2014.

«Don Rafael Cortés Elvira y el hoy recusado son amigos, pero Don Rafael Cortés Elvira no es parte ni como acusación particular, ni como acusación popular, ni como testigo en los hechos que se están investigando», razonó el juez Toro el pasado 12 de junio en el auto en el que rechazó abstenerse y elevó el incidente a la Audiencia de Madrid para que lo resolviera. «Este juzgador desconoce si en la entidad Carat Sport España SA estaba el sr. Cortés, lo que sí sabe este magistrado es que, desde el año 2010 en adelante, hechos que se están investigando, en la entidad Carat Sport España SA no aparece según el Registro Mercantil la indicada persona (Don Rafael Cortés Elvira)», añadió.

Informe de Hacienda

La petición de recusación presentada por Sáez, tan sólo apoyada por el ex secretario general y ex director económico de la Federación Luis Giménez, ha supuesto la paralización de la instrucción durante algo más de un mes. Cuando tuvo conocimiento del incidente, el juez Toro suspendió las declaraciones que había señalado para el 31 de mayo, entre ellas las del vicepresidente ejecutivo de la FEB, José Antonio Montero, y la del consejero delegado de Aegis Media Iberia SLU, José Luis de Rojas (ambas en calidad de testigo). De Rojas fue la persona que firmó con Sáez el 3 de enero de 2011 el contrato de colaboración comercial para captar patrocinadores con motivo del Mundial que organizó España en 2014.

La causa está también a la espera de una pericial que puede tener una enorme trascendencia en el devenir de la investigación: el informe que la inspectora de Hacienda nombrada en tareas de auxilio judicial debe entregar al magistrado Juan Antonio Toro con el análisis del destino de 18.642.747 euros, mayoritariamente vinculados al citado campeonato. Desglosada esta cantidad, un millón de euros corresponde a la aportación inicial a la Joint Marketing Board (JMB) constituida a partes iguales con la Federación Internaciona de Baloncesto (FIBA), dos millones como fianza para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de la organización de la referida cita deportiva (en ambos casos desembolsado en 2009), 14.524.597 euros transferidos como ‘donaciones’ a la JMB entre 2013 y 2014 y 1,2 millones de dólares (1.118.150 euros al cambio actual) que se habrían pagado a otras federaciones como canon por desplazarse a España para enfrentarse a la selección nacional.