El juez de Lezo, Manuel García Castellón, ha eliminado de la causa las conversaciones intervenidas al ex presidente de OHL Juan Miguel Villar Mir y a su yerno Javier López Madrid cuando conversaban con sus abogados, al tratarse de una práctica prohibida por vulnerar el derecho de defensa. Estas escuchas telefónicas de conversaciones entre abogado y cliente, que han afectado a otros ex directivos de OHL como Rafael Martín de Nicolás o Felicísimo Ramos, se grabaron entre noviembre y febrero, han informado a Efe fuentes jurídicas.

El contenido de esas intervenciones telefónicas se ha conocido ahora al levantarse el secreto de la pieza 3 de Lezo sobre la adjudicación del tren de Navalcarnero (Madrid), en la que se investigan presuntas comisiones de OHL al ex presidente madrileño Ignacio González, y por ello los abogados han manifestado estos días su queja al juez.

Hoy mismo, cuando se procedía a la toma de declaración de dos investigados en esta pieza, Rafael Martín de Nicolás, ex consejero ejecutivo y director general del grupo, y el ex consejero delegado Tomás García Madrid, los abogados han planteado al juez la nulidad de estas intervenciones y éste lo ha acordado y ha anunciado incluso que ordenaría la destrucción de las escuchas con letrados.

Suspensión de la declaración

Esta situación ha provocado además que se suspenda sin fecha la toma de declaración este miércoles como investigados de Villar Mir y López Madrid, según las fuentes.

El ex presidente de OHL ya compareció ante el juez el pasado septiembre en esta pieza de Lezo y aseguró no saber nada de un supuesto pago de 1,4 millones de euros al ex presidente madrileño Ignacio González por interceder para la adjudicación a su empresa de la construcción de un tren entre Navalcarnero y Móstoles. Pese a la suspensión de esta nueva declaración, el juez sí que ha interrogado hoy a García Madrid y a Martín de Nicolás, quienes han rechazado cualquier vinculación con esos pagos.

Martín de Nicolás ha negado tener nada que ver con los presuntos pagos de comisiones a través de transferencias para conseguir la adjudicación del tren y ha explicado que el exdirectivo Felicísimo Ramos, cuya casa fue registrada en relación a esta investigación, nunca fue su jefe y no le podía dar órdenes.

A Tomás García, la Fiscalía le ha preguntado en concreto por un correo intervenido en el registro de la casa de Ramos en el que le decía que tenia que hacer un pago por transferencia, y también por una frase, «esto hay que controlarlo», que en ambos casos no ha sabido explicar a que se referían.