La Fiscalía General del Estado ha presentado este martes un escrito ante el magistrado Pablo Llarena donde le pide que limite los movimientos y anule el pasaporte del ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y del resto de fugados por su participación en el desafío independentista. "Es absolutamente imprescindible, dada su situación personal de huidos de la justicia, limitar la validez de sus pasaportes a los fines de impedir que, tal como se está produciendo, utilicen sus desplazamientos para seguir llevando a cabo actividades claramente identificadas con la proyección y justificación internacional de los delitos de rebelión y sedición en los que han participado, y por los que se encuentran incursos en el presente procedimiento", sostiene el escrito del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso El Independiente.
El Ministerio Público argumenta que tanto Puigdemont como los ex consellers están desplazándose por Europa con libertad de movimientos pese a que son fugados de la Justicia española. “Algunos de los investigados están llevando a cabo viajes sin restricción alguna por diferentes países: el investigado Carles Puigdemont ha viajado a Dinamarca, actualmente se encuentra en Suiza, y tiene previsto desplazarse a Finlandia; Clara Ponsanti ha viajado a Escocia; y Meritxell Serret ha viajado a Suiza”, recalca la Fiscalía.
En este sentido, el Ministerio Público recuerda a Llarena que un pasaporte ordinario puede ser "retenido o retirado" si un juez o tribunal ha acordado alguna resolución judicial privativa de libertad --caso de Carles Puigdemont y sus exconsejeros Antoni Comín, Meritxell Serret, Lluis Puig y Clara Ponsatí--.
En lo que respecta a la dirigente de la CUP Anna Gabriel, que se encuentra en Suiza, la Fiscalía remarca que existe una orden de detención dictada por el propio Llarena debido a su incomparecencia para declarar en el alto tribunal el pasado febrero.
Por todos estos motivos, el fiscal Javier Zaragoza solicita a Llarena que "acuerde la retención de sus pasaportes, oficiando para la ejecución de la medida a las autoridades administrativas competentes para que anulen la vigencia y validez de los mismos".
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