Irregular, innecesaria e incluso peligrosa. Así se podría resumir la descripción de hechos que uno tras otro han hecho a lo largo del día los testigos de la Fiscalía en el llamado ‘caso Margüello’ que se sigue en la Audiencia Provincial de Vizcaya. Una vista oral en la que se quiere esclarecer la posible adjudicación ilegal de contratos y la gestión de las listas de espera sanitarias a una empresa –Gestión de Servicios Sanitarios XXI- que habría sido creada ‘ad hoc’ en febrero de 2006 por un amigo personal del entonces consejero de Sanidad en tiempos de Ibarretxe y por el que están acusados tres ex altos cargos y una cuarta acusada de actuar como testaferro. Sin duda el testimonio más contundente ha sido el de quien fuera viceconsejero de Sanidad del Gobierno vasco con Rafael Bengoa, Jesús María Fernández.

Precisamente la jornada ha arrancado con la sorpresa de la ausencia de Bengoa, citado como testigo de la Fiscalía en este caso. El anterior consejero de Sanidad del Gobierno vasco ha justificado horas después su ausencia en razones de una notificación errónea. Al parecer, la misma le fue remitida a su antiguo despacho de la Universidad de Deusto que hace años que abandonó. Bengoa se encuentra en Brasil, lo que ha obligado a alterar el calendario del juicio. Finalmente todo apunta a que será citado para el próximo lunes. La decisión conlleva que los testigos de la defensa también trasladen la cita, prevista para mañana, al lunes. Ese día el primero en declarar, tras escuchar a Bengoa será su antecesor, Gabriel Inclán, consejero con Ibarretxe y amigo del principal encausado, José Carlos Margüello. Por problemas de agenda, la última sesión del juicio, con los últimos testigos de la defensa y las conclusiones, se retrasa a finales de abril.

Rafael Bengoa no ha acudido al juicio, tras no habérsele notificar de modo erróneo la citación. Se encuentra en Brasil. Declarará el lunes.

Entre los testigos que han declarado hoy el más crítico ha sido el hoy diputado del PSOE en el Congreso, Jesús María Fernández. En su larga declaración no ha dudado en asegurar que la cesión a una empresa intermediaria “sin experiencia y que tanto había costado autorizar” la gestión de las listas de espera de la sanidad pública “puso en riesgo la salud” de las personas que fueron tratados. El procedimiento de intermediación que se estableció entre 2006 y 2009 y que benefició a Gestión XXI gestiono cerca de 100.000 acto médicos. Fernández ha afirmado durante su declaración que tras investigar las circunstancias en las que se autorizó a la citada sociedad y se le concedieron los contratos se podía afirmar “que aquí había clarísimamente un componente irregular y creo que una contrastada ilegalidad en la gestión de las listas de espera”.

«No aportaban nada»

Ha afirmado que modificar el procedimiento habitual de concertación directa que hasta entonces, y en la actualidad, realizaba la sanidad pública con los centros privados para interponer una entidad intermediaria “a mi no se me ocurriría”. Ha recordado que Gestión XXI carecía de recursos humanos e instalaciones y además la autorización sanitaria que le fue concedida “fue irregular» y posteriormente anulada, “no aportaba nada” al proceso: “Sería como concertar la gestión de las listas de espera con una agencia de viajes que llega a acuerdos con algunas clínicas”, ha dicho. Ha recordado que en aquella época el supuesto repunte de demanda que esgrimen los acusados no es razón suficiente ni para adjudicar el contrato por la vía de emergencia, reserva a situaciones como las catástrofes, ni para recurrir a una empresa de reciente creación y sin trayectoria alguna, “en Bilbao había suficientes centros como para pactar con ellos directamente los servicios”.

Más aún, el viceconsejero con el PSE ha recordado que en los tres años y medio que estuvo al frente de la consejería “redujimos las listas de espera y con una menor cesión de servicios externos”. Ha recordado cómo la primera investigación que llevaron a cabo se inició pocos días después de acceder al Gobierno y una vez que diversas informaciones periodísticas sembraran dudas sobre algunas contrataciones con empresas vinculadas a Margüello, “una empresa así, sin experiencia y con una autorización concedida “sin ni siquiera la preceptiva inspección” era sospechosa de “esconder algún tipo de interés”.

Fue como si se concertara las listas de espera con una agencia de viajes que llega a acuerdos con algunas clínicas»

Ha defendido de que pese a todo se convalidaran los pagos a los servicios realizados “porque se habían prestado y de no hacerlo podrían acusarnos de enriquecimiento injusto”. Ha recordado cómo a otras empresas vinculadas a Margüello, como la dedicada a la asistencia domiciliaria –Medical Dom- se le llegaron a subir las tarifas de algunos contratos un 19% “dos años consecutivos” y la última ocasión apenas unos días antes de que el PNV tuviera que dejar el Gobierno vasco, “nos sorprendió el incremento en comparación con las que se concedieron al resto de conciertos”.

El responsable de la Unidad de Evaluación Sanitaria, Borja Cirarda, también ha cuestionado el procedimiento por el que Gestión XXI fue autorizada como centro sanitario. Ha afirmado que cuando le llegó la solicitud “yo consideré que no era autorizable” por el objeto de su actividad y por los elementos y condiciones presentadas. Ha apuntado que su negativa a autorizarla le provocaron algunas discusiones “airadas” con el entonces director de sanidad en Vizcaya, José Ramón Elorriaga, uno de los acusados, del que siempre tuvo la sensación, ha apuntado “de que me presionaba” para que Gestión XXI fuera autorizada.

Un expediente ‘desaparecido’

Ha detallado cómo al entender que la tramitación de una petición de estas características, desconocida hasta entonces –un centro para gestionar listas de espera- no era competencia de su departamento, “enviamos tres expedientes a la dirección de Planificación en Vitoria, pero ´solo llegaron dos, el de Gestión XXI no llegó”. Tras preguntar a Elorriaga por él y reclamarle que retornara el expediente al archivo “no volvió”.” «Se quería que ‘aquello’ tuviera una autorización”, pero, ha añadido, “no tenía personal, no parecía que tuviera los medios par loq u decía que iab a hacer” y por tanto se negó a autorizarlo.

En la segunda jornada del juicio del ‘caso Margüello’ también ha comparecido como testigo la que fuera Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno vasco, Amaya Ortiz. Ha subrayado que el informe emitido en torno a la autorización que en su día Elorriaga firmó a Gestión XXI fue declarada nula, “fue una nulidad radical” apoyada por nueve u ocho “no recuerdo” de los diez miembros del Consejo y sin ningún voto particular. Ortiz ha asegurado que tras analizar la documentación aportada y la tramitación que en su día se hizo para autorizar esta sociedad –que en menos de cinco meses paso de constituirse como empresa a gestionar las listas de espera- “no se podía autorizar ni por el fondo ni por la forma” por carecer totalmente del “procedimiento” establecido para ello.

La petición no se podía autorizar ni por la forma ni por el fondo.  La nulidad fue radical, ocho de los diez miembros del consejo la apoyaron

Uno de los gerentes de la primera clínica con la que Gestión XXI acordó la derivación de pacientes desde 2006 a 2007, Fernando Astorqui ha reconocido que cuando llegó a la gerencia del centro se encontró con un contrato suscrito entre su antecesor y Margüello. Su primera decisión fue rescindir del contrato y abrir una negociación directa con la sanidad pública, sin intermediación. Ha apuntado que la “escasísima” rentabilidad que reportaban al hospital los acuerdos y derivaciones le llevaron a dar por roto el mismo. No ha detallado “el porcentaje” que se pactó para repartir entre el hospital y Gestión XXI por cada uno de los servicios, “una parte sería el pago de Osakidetza a la gente de la intermediación, supongo”, ha dicho.

Margüello, «responsable» de Gestión XXI

Su antecesor en la gerencia de la Clínica San Francisco Javier, Carlos Hermoso, ha detallado cómo cuando llegó al centro médico fue el entonces director médico el que le planteó la posibilidad de firmar un acuerdo con Gestión XXI para derivar pacientes de listas de espera. Ha señalado que Margüello le fue presentado “como responsable de Gestión XXI”, desmintiendo así lo dicho por el propio facultativo ayer que calificó de “simbólico” su papel en la sociedad y que acudió a firmar el contrato con la clínica al encontrarse María Nieves Fernández, acusada de actuar como testaferro, fuera. “La apariencia era que era el era la persona, el interlocutor, en este proceso”, ha apuntado.

Otro de los testigos, Valeriano Fuentes, ex inspector jefe de la delegación de sanidad en Vizcaya, ha afirmado que “era de dominio público” que Gestión XXI no era “un centro sanitario al uso”. Por su parte el responsable de Ordenación Sanitaria durante 2006 ha insistido en que las condiciones de aquella sociedad que quería intermediar para gestionar las listas de espera “no era autorizable”.

Por último, el Instructor del primer informe que elaboró el Gobierno vasco liderado por el PSE ha recordado que se le encargó tras las publicaciones de las primeras informaciones en prensa. Xabier Elexpe, responsable de la Inspección Médica ha señalado que las irregularidades que se pudieron constatar correspondían a “un primer informe de aproximación” y para el que se le dio un mes de plazo. “Querían saber qué había de cierto en esas informaciones. Aquel no fue ‘el informe’ sino sólo una primera aproximación”.