Apasionado del derecho internacional, Blas Jesús Imbroda es asesor jurídico de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, en las denuncias que se han presentado en la Corte Penal Internacional de La Haya. Presidente del Colegio de Abogados Penal Internacional desde febrero de 2017, es el jurista español que ha trabajado codo con codo con el equipo de la fiscal, que sigue en ejercicio desde el exilio en Colombia.

Imbroda está convencido de que hay pruebas suficientes para que el presidente Maduro acabe ante la Corte Penal Internacional porque en Venezuela se están cometiendo crímenes de lesa humanidad. La CPI, que se creó hace 20 años pero empezó su andadura en 2002, se enfrenta a una prueba de fuego en este caso. Se trata de luchar contra la impunidad, un artículo de fe para el jurista español. Venezuela es uno de los 123 países que han firmado el Estatuto de Roma y reconocen la CPI.

Ahora uno menos tras la retirada de Filipinas. Al presidente Duterte no le ha gustado que se abra examen preliminar sobre su guerra contra las drogas, que ha costado unos 7.000 muertos.

Después de ejercer como fiscal general de Venezuela durante más de una década, Ortega Díaz, que ascendió con Hugo Chávez pero se distanció del régimen con Nicolás Maduro, tuvo que huir el 18 de agosto de 2017 en una lancha primero y luego en avión rumbo a Colombia. La persecución contra Ortega y su marido, el diputado Germán Ferrer, había llegado al límite. Dos meses antes, el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela había congelado sus cuentas y le prohibió salir del territorio.

Después de varios tiras y aflojas con el régimen, la fiscal Ortega dio un paso definitivo al oponerse a la concentración de poder en manos del presidente Maduro. El 31 de marzo de 2017 declaró que las sentencias 155 y 156 decretadas por el Tribunal Supremo en contra de la Asamblea Nacional suponían una ruptura del orden constitucional. Fue una declaración de guerra.

Quien fuera la fiscal general durante el proceso al opositor Leopoldo López, condenado a 13 años y nueve meses de prisión en septiembre de 2015, libra ahora una enconada batalla contra el régimen bolivariano. Recientemente, la fiscal Ortega, que fue depuesta en una acción que ella no reconoce, ha admitido que López fue encarcelado  por presiones y “porque el Gobierno le tenía miedo”. López sigue en prisión domiciliaria.

Desde su exilio colombiano la fiscal general ha intensificado su lucha internacional contra el régimen bolivariano. Contactó con el abogado español, Blas Jesús Imbroda, experto en Derecho Penal Internacional, para que les ayudara a formalizar las denuncias ante la Corte Penal Internacional.

El equipo de la fiscal había logrado sacar de Venezuela una gran cantidad de pruebas que muestran cómo se están cometiendo gravísimas violaciones de los derechos humanos. “La fiscal general es fuerte y firme y quiere que la justicia penal depure los crímenes cometidos”, asegura Imbroda, que afirma que todos trabajan “con mucha voluntad y de forma austera”.

El caso podía armarse para acusar al presidente Maduro de crímenes de lesa humanidad. Blas Imbroda ha acompañado a la fiscal Ortega a La Haya cuando en noviembre de 2017 presentó la primera denuncia y hace una semana acudió a la Corte Penal Internacional a ampliarla. De lo delicado del caso da cuenta que ofrezca pocos detalles sobre los casos y que incluso no confirme cuántas personas forman parte del equipo de fiscales que colabora con Ortega Díaz.

Pregunta.- ¿Cómo empezó a trabajar con la fiscal de Venezuela, Luisa Ortega Díaz? ¿Se puso su equipo o en contacto o se ofreció usted?

Respuesta.- Desde mediados de 2017, cuando salió de Venezuela, me planteó la posibilidad de que estudiara y trabajara con ella, y con su equipo de fiscales, que les asesorara en la formalización de una denuncia ante la Corte Penal Internacional. Estuve con ellos y analicé la documentación que disponía. No sólo vi viable la presentación de una denuncia ante la Corte Penal Internacional sino que trabajé con ellos y llevé la parte jurídica de la redacción de la denuncia ante la CPI. Asesoré al equipo.

P.-  ¿Cuántas personas forman parte del equipo? Me dijeron que una docena.

R.-  Es un número sustancial de fiscales. No sé si puedo decir cuántos. La Fiscalía tuvo que salir de Venezuela porque fue intervenida por el gobierno de Maduro. Fueron perseguidos. Cuando la fiscal general cuestionó al régimen y se enfrentó ante las ilegalidades y persecuciones, el exceso de la fuerza, se intervino la Fiscalía General. Todos tuvieron que salir deprisa y corriendo. Son perseguidos políticos. La Fiscalía General de la República se mantiene con equipos de investigación. Siguen trabajando en el exilio.

P.- ¿Por qué se ponen en contacto con usted? ¿Tiene algún vínculo con Venezuela?

R.-  Se ponen en contacto porque trabajo en derecho penal internacional y defiendo al máximo el ámbito de la justicia penal internacional. Creo que la justicia penal internacional tiene un papel importante que hacer en el mundo y lo está haciendo. No tiene tantos años de funcionamiento: el CPI se crea en julio de 1998 pero empieza a operar en julio de 2002.

Es el primer tribunal permanente internacional penal con vocación de jurisdicción universal. Es uno de los grandes logros de la Historia del Derecho. Se han dictado sentencias, hay procedimientos en marcha, juicios que finalizaron… Es un gran paso en la Historia de la Humanidad. Soy profesor de Derecho Penal y estoy vinculado al Derecho Penal Internacional. Por esta razón se ponen en contacto conmigo y yo me desplazo a Colombia, trabajo con ellos y desde España sigo el caso.

Desde hace mucho tiempo se están cometiendo, y siguen cometiéndose, crímenes de lesa humanidad en Venezuela»

P.- ¿Usted cree que la única vía en el caso de Venezuela para luchar contra la impunidad es recurrir a la Corte Penal Internacional?

R.- Estoy convencido desde hace mucho tiempo que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Crimen de lesa humanidad consiste en un ataque sistemático y generalizado contra la población civil, organizada desde los aparatos del poder. Este ataque se tiene que reflejar en actos, según el artículo 7 del estatuto de la CPI, en una serie de actos que en Venezuela se producen realmente. En Venezuela hay un ataque sistemático contra la población civil que se materializan en asesinatos, torturas, persecuciones políticas, detenciones arbitrarias… y muchos otros supuestos más que son crímenes de lesa humanidad.

P.-  Y la situación sigue empeorando.

R.- El problema de Venezuela es que se lleva mucho tiempo produciendo esto y que se sigue produciendo hoy y como la Corte Penal Internacional y la comunidad internacional no intervengan no va a parar. La fiscal general de la República recibe continuamente información y conoce lo que está pasando. Yo también estoy en contacto con personas de la oposición. Allí las detenciones arbitrarias son constantes. La persecución política es la norma, la conducta habitual del régimen. Todo el que piensa distinto es objeto de persecución.

También se produce una aberración: se siguen dando torturas continuamente. No hay derecho de defensa, no hay tutela judicial. Los tribunales están mediatizados desde el poder. Hay personas sometidas a torturas, detenidas durante meses sin abogados ni tribunales. Todo esto está ocurriendo en Venezuela hoy.

P.-  El 16 de noviembre de 2017 presentaron ante la CPI en La Haya un documento de 500 páginas, 39 carpetas, 12 CD, que contenía 1690 pruebas sobre la represión del régimen de Maduro sobre la población civil.

R.- Efectivamente se trata de una denuncia amplísima con un volumen de pruebas de miles de folios, con datos de asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias. Se referían al periodo de manifestaciones desde abril de 2017 en el que hubo una represión brutal. Se llegó a manipular la munición para que fuera más letal. También hay referencias a crímenes anteriores, todo muy documentado con pruebas.

P.- ¿Cómo logran la información? ¿Cómo la contrastan?

R.- La propia Fiscalía ya tenía un gran caudal de pruebas que había obtenido cuando estaba en Venezuela. Tenía mucha investigación que había instado la Fiscalía. Estas pruebas las sacaron y las han aportado. También tienen acceso a otras pruebas que no debo comentar su origen.

En el caso de Venezuela la situación es extremadamente grave y la CPI ha de actuar con mucha celeridad»

P.- ¿Es un caso excepcional el de Venezuela, a su juicio?

R.- Desde mi punto de vista, a diferencia de otros casos que ha conocido la Corte Penal Internacional que son crímenes de guerra o de lesa humanidad que sucedieron durante un periodo y finalizaron, en este caso los crímenes se han producido, y se siguen produciendo. Esa es la gravedad. Y seguirá mientras este régimen siga al frente. Desde mi punto de vista esta situación tan extremadamente grave, crimen de lesa humanidad con carácter continuado, permanente, exige que la Corte Penal Internacional actúe con mucha celeridad. Ha de actuar lo más rápido posible.

P.- ¿No hay otra vía de que haya justicia en Venezuela?

R.- La CPI es competente en este caso porque Venezuela es parte de la CPI. Son crímenes cometidos desde 2002, la entrada en vigor del Estatuto. La CPI no interviene si los Estados parte actúan judicialmente por el principio de complementareidad. Tiene preferencia el Estado si hay un Estado de derecho, hay tribunales independientes y voluntad de perseguir los crímenes. Esto no ocurre en Venezuela. Los tribunales están mediatizados. Un dato importante: el Supremo fue cesado y está en el exilio. No hay el menor Estado de Derecho: la Fiscalía fue perseguida e intervenida. El Supremo, en el exilio. La consecuencia es que la Corte Penal Internacional tiene que intervenir.

P.- Pero la CPI se toma su tiempo.

R.- La Justicia siempre tiene sus tiempos. Los procedimientos no son algo rápido. Pero en el caso de Venezuela se han aportado muchísimas pruebas. Tienen pruebas de sobra para intervenir.

P.- ¿Qué pruebas le han llamado la atención? ¿Algún caso?

R.- Muchas. No debo hablar de las pruebas aportadas en la denuncia de noviembre ni en la ampliación de la denuncia de hace unos días. Es objeto de investigación. Tiene que ser tratado por la Corte Penal Internacional, por la garantía de esas pruebas, y por motivos de seguridad. Hay pruebas relevantes que hablan de una actitud terrible y un gran sufrimiento por parte de las víctimas. No proceden de fuentes públicas. Tienen un contundente valor incriminatorio.

La orden de exterminar al piloto Óscar Pérez cuando ya se había rendido viene directamente del presidente Maduro»

P.- Como ha mencionado, acaban de ampliar la denuncia en La Haya con el caso del piloto Oscar Alberto Pérez. Mantienen que el 15 de enero en El Junquito se perpetró una masacre y que dio la orden el propio Maduro.

R.- Como se plantea esta denuncia es que hubo voluntad de exterminar a quienes estaban en esa casa de El Junquito. Este hecho, que se incorpora a la denuncia en la que había muchos datos que constituyen crímenes de lesa humanidad, es uno más de esa actitud sistemática y generalizada desde los aparatos del poder contra la población civil. Están refugiados y hay una orden de exterminarlos cuando ya se habían rendido. La orden viene de Maduro porque interviene el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional. El único que puede dar las órdenes a esta unidad especial es el presidente de la República. Para intervenir ha de actuar el jefe del Estado, quien marca las directrices de actuación.

P.- En La Haya se ha abierto el examen preliminar en febrero sobre la denuncia por crímenes de lesa humanidad. ¿Qué significa este paso?

R.-  Es muy importante. La Fiscalía de la CPI ya considera que hay materia para seguir adelante. No todas las denuncias pasan al examen preliminar. Cuando lo hace, es porque la Fiscalía considera que puede ser competencia suya el caso. Desde mi punto de vista, no podía dejar de abrir un procedimiento debido a las denuncias y sobre todo después de tener en su poder el cúmulo de pruebas que se ha presentado.

P.- Cuando se abre el examen preliminar, la Fiscalía de la CPI también pide datos a las autoridades.

R.- La Fiscalía puede recabar datos del Estado de Venezuela. Pero le puedo anticipar que Venezuela no facilitará datos. Tiene sobradas pruebas la CPI porque son aportadas por la Fiscalía de los tiempos en que investigaba. Son los datos que estaban en la Fiscalía General de Venezuela. No son juicios de valor ni opiniones. Son datos objetivos.

P.- Venezuela, como ha hecho recientemente Filipinas, podría retirarse de la Corte Penal Internacional.

R.- A pesar de eso, seguiría teniendo competencia la Corte, aunque se vaya.

P.- ¿Cómo sigue el proceso?

R.- Después del examen preliminar, si consideran que la Corte debe abrir un procedimiento como tal y tomar medidas contra personas concretas. Para eso, la Fiscalía prepara las pruebas y lo presenta en la Sala de Cuestiones Preliminares, que daría luz verde para que se abra un procedimiento contra unas personas concretas. El procedimiento acabará en juicio. La Fiscalía puede pedir la detención. En el caso de Darfur, la CPI dictó una orden de detención internacional contra el presidente de Sudán, Omar el Bashir, por genocidio.

P.- Pero el presidente de Sudán sigue en su puesto.

R.- Si no sale de sus fronteras, no puede ser objeto de detención. Pero está aislado por completo. Sabe que su horizonte es estar sentado en la Corte Penal Internacional.

P.- ¿Cree que el caso desembocará en la orden de detención contra Maduro?

P.- Desde mi punto de vista, debería producirse. Considero que la Corte Penal Internacional debería tomar esa medida. Si en el horizonte de la CPI está la justicia penal internacional, acabar con los más graves crímenes en el ámbito internacional y que no haya impunidad, ante una situación como la que se vive en Venezuela, debería actuar con rapidez y con firmeza. Y aplicar las órdenes de detención internacional. Estoy convencido de que lo acabarán haciendo. La Corte Penal tiene miles de documentos acreditativos. No tendría que tardar. Es un caso singular porque es la propia Fiscalía de Venezuela la que aporta los datos.

P.- ¿Seguirán aportando pruebas, como ahora han hecho con caso del piloto?

R.– En cuanto haya más, se irán aportando.

P.- Hay una orden de captura internacional ahora contra la fiscal, dictada por el gobierno bolivariano.

R.- Esa orden se dictó justo el día, el 16 de marzo, que la fiscal general estaba presentando la ampliación de la denuncia en La Haya. Su objetivo es que no siga denunciado. No tiene virtualidad alguna. Las órdenes de detención internacional no se pueden ejecutar cuando son persecuciones de carácter político. Orden de detención internacional. Interpol analiza también cuando proceden de países dictatoriales y si hay persecución política no las llevan a efecto.

P.- ¿Veremos a Maduro ante la Corte Penal Internacional?

R.- Estoy seguro de que veremos a Maduro ante la Corte Penal internacional. Ha habido muchas muertes, muchos asesinatos y no puede quedar impune.

P.- Al régimen no parece afectarle el caso ante la CPI.

R.- Su escala de valores será distinto de quien cree en el Estado de derecho y en la defensa de los derechos humanos. Pero no es nada positivo para alguien que está en el poder político. Si además del aislamiento internacional, además está en el foco de la CPI por crímenes de lesa humanidad… Si tuvieran dignidad, tendrían que dejar el poder.

P.- En la región, ha tenido impacto el paso dado ante La Haya.

R.-  Se tienen muchas esperanzas en la mayoría de los países del entorno. La OEA también ha investigado y ha recabado datos y testimonios.

P.- También el caso de Venezuela plantea un reto para la CPI.

R.- La Corte Penal Internacional quedaría en entredicho si no actúa con firmeza en el tema de Venezuela. Soy un absoluto defensor de la justicia internacional. No tengo duda de que actuará. Todo el mundo está expectante. Es una prueba importante para su propia legitimidad.