El ex consejero de Sanidad del Gobierno vasco, Rafael Bengoa ha calificado de “trama” organizada la que constituyeron ex altos cargos de la consejería durante el último Gobierno de Juan José Ibarretxe y varias empresas vinculadas a un ex alto cargo del Servicio Vasco de Salud. Durante el juicio que se sigue por la presunta adjudicación irregular de contratos sanitarios para la gestión de las listas de espera en Euskadi durante el periodo 2006-2009, -con contratos valorados en 6,8 millones de euros-, Bengoa ha afirmado que era “evidente” que existió una organización que se benefició de forma “sistemática” de un patrón de conducta por parte de la Administración encaminada a beneficiar a determinadas empresas.

Desde el inicio del juicio, tras casi nueve años de instrucción, en el banquillo de los acusados se sientan un ex director de Sanidad en Vizcaya, un ex viceconsejero, un ex alto cargo de Cruces y empresario y su socio. Para tres de ellos la Fiscalía pide 11 años de cárcel y 6,5 años para un cuarto por delitos de malversación, fraude, negociaciones prohibidas para funcionarios y prevaricación.

Bengoa ha afirmado con contundencia que las empresas vinculadas a Margüello se beneficiaron de “subidas sistemáticas muy muy exageradas de tarifas” y de contratos para la gestión de las listas de espera mediante un procedimiento jamás empleado hasta entonces “ni después” como es la interposición de una sociedad intermediaria entre la red pública y la privada para derivar pacientes. Un procedimiento de gestión y derivación de pacientes para ser intervenidos y asistidos en el que “se iba quedando dinero por el camino” para beneficiar a la sociedad Gestión de Servicios Sanitarios XXI.

«Había un monopolio»

Una estructura empresarial que ha apuntado que llegó a actuar en algunos casos como “un monopolio”. Durante su comparecencia en el juicio del llamado ‘caso Margüello’ Bengoa ha revelado que cuando accedió a la consejería con el Gobierno de Patxi López constataron que sus predecesores habían seguido procesos de contratación que no seguían las normas habituales y que “buscaban vías paralelas más rápidas y beneficiosas para esas empresas” relacionadas con el facultativo-empresario, amigo personal del anterior consejero de Sanidad. Ha señalado que ese patrón de conducta para beneficiarlas se siguió “durante muchos años” y siempre en favor de sociedades relacionadas con el doctor Margüello, amigo personal del anterior consejero de Sanidad del PNV, Gabriel Inclán.

Ha apuntado que la decisión de establecer una empresa intermediaria, Gestión de Servicios Sanitarios XXI, para aliviar las abultadas listas de espera y que ésta se responsabilizara de la derivación de pacientes a la red concertada era algo “que no había visto nunca”. Además de no haber contribuido a acelerar la gestión de las listas de espera, Bengoa ha apuntado que lo ralentizaba, “era algo innecesario”, y por tanto al demorar la atención en algunos casos podía suponer “un perjuicio”.

Bengoa ha asegurado que era «innecesario» fijar una empresa intermediaria para gestionar listas de espera y que sólo ralentizó el proceso

Ha recordado que Gestión de Servicios XXI tuvo accedo de forma “muy irregular” a los historiales médicos de decenas de miles de pacientes, documentos confidenciales que custodiaba “en un piso de Bilbao”: “No se puede estar jugando así con datos confidenciales de los pacientes”. El ex consejero de Sanidad vasca ha subrayado que en ningún momento estuvo justificado situar una empresa intermediaria, “teníamos medios suficientes en la sanidad pública” para resolver el problema de las listas de espera. Bengoa ha destacado ante el juez que el modelo que se estableció “no aportó ninguna ventaja” y pudo suponer “un problema de seguridad clínica” para los pacientes de las listas de espera de la sanidad pública vasca.

Perjuicio sanitario

En su larga declaración también ha calificado de situación de “monopolio” la que beneficiaba a algunas empresas de Margüello por parte de los responsables de la consejería. Así, ha señalado cómo desde 1996 una de las empresas, Medical Dom, ya se beneficiaba de contratos para las urgencias domiciliarias y cómo el resto de empresas fueron retirándose de las convocatorias sabedoras de que serían las sociedades de Margüello las adjudicatarias y a las que posteriormente se les prorrogaban los contratos: “Al principio se presentaban pero luego, sistemáticamente, Medical Dom se llevó los contratos y finalmente ni siquiera se lanzaban las pujas, se prorrogaban y con subidas de tarifas.

Además, ha detallado cómo pese a que la Administración abonaba por los servicios médicos las tarifas establecidas, el sistema de intermediación hacía que “algo se quedara por el camino”. Bengoa ha apuntado cómo en los recursos que se abonaban para el tratamiento de pacientes menguaban “por el camino” para beneficio de la sociedad intermediaria. Ha detallado cómo “alguien se quedaba con parte de los recursos que debían ser enteros para la actividad clínica”. Durante la instrucción de la causa se habló de comisiones por la intermediación que oscilaban entre el 5% y 20% de las tarifas.

El ex consejero Gabriel Inclán ha declarad que nunca benefició «ni un ápice de mas a mis amigos ni de menos a mis enemigos».

Durante la sesión de hoy también ha comparecido el anterior consejero de Sanidad, Gabriel Inclán, quien ha negado cualquier tipo de irregularidad. Ha justificado el procedimiento empleado por la difícil situación por la que atravesaba la sanidad pública vasca, con listas de espera muy abultadas. Inclán, que no ha ocultado su amistad con uno de los imputados, el doctor Margüello, ha asegurado que a lo largo de su vida como cargo público no ha beneficiados “ni un ápice de más a mis amigos ni de menos para mis enemigos”.

Ha negado que el modo en el que se gestionaron las listas de espera, con una empresa intermediaria supusiera un riesgo sanitario, “me parece muy atrevido opinar eso”, ha señalado. También ha defendido que se recurriera al procedimiento de emergencia –reservado para situaciones de alto riesgo y urgencia- para adjudicar un contrato para la gestión de listas de espera, “Osakidetza ya no podía más”.

Sorprendentemente, la Fiscalía, la única acusación que solicita de prisión para los cuatro acusados, se ha negado a formular preguntas a Inclán, el principal testigo de la defensa. La decisión de no formular preguntas ha sorprendido incluso al propio Inclán. De este modo, el Ministerio Fiscal se ha reafirmado en un perfil bajo y poco incisivo que mantiene desde el inicio de la vista oral pese a tratarse de un caso que ha instruido durante años.