El viajero más incómodo de Europa ha terminado en el imperio de la ley alemán. Carles Puigdemont, ex president de la Generalitat ha dormido esta noche en la cárcel de Neumünster, tras ser detenido por la policía alemana en una gasolinera de la A7 en el estado federado de Schleswig-Holstein, alertada por el CNI. El caso, si bien legalmente puede estar claro, como dice el político liberal Alexander Gran Lambsdorff en el Augsburger Allgemeinen, «plantea un gran problema político», que finalmente Bélgica ha logrado eludir in extremis.

La canciller Angela Merkel siempre ha dejado claro su apoyo al gobierno de Mariano Rajoy en la defensa de la ley y de la unidad de España. De hecho, el artículo 155 de la Constitución española, por el que Madrid puede hacerse cargo de los ámbitos de acción del Ejecutivo regional cuando este viola el texto constituyente, es una copia del artículo 37 de la Ley Fundamental Alemana.

Además, si bien no se contempla en el Código Penal el delito de rebelión sí el de traición a la patria, según los artículos 81,82 y 83. Como dice el economista germano-español Jürgen Donges, «si un partido político arremetiera contra la unidad territorial sería acusado de alta traición con pena de hasta prisión permanente para sus líderes».

De momento, es la ministra de Justicia, la socialdemócrata Katarina Barley quien ha dicho en la ARD que «los primeros pasos son puramente jurídicos». Añadió Barley que el gobierno deja hacer a los tribunales sin interferir.

Puigdemont ha obrado en contra de la Constitución española. Debe facilitar los trámites», dice Brok, eurodiputado de la CDU

El eurodiputado Elmar Brok sí fue más concreto y aconsejó a Puigdemont que facilitara que todo acabara rápidamente. «Puigdemont ha obrado contra la ley y la Constitución española. Debería facilitar los trámites», señaló el eurodiputado del partido en el gobierno federal.

Sin embargo, entre la clase política alemana hay discrepancias importantes. Uno de los vicepresidentes del Parlamento, el liberal Wolfgang Kubicki, sorprendió al referirse a que el Código Penal alemán no contemplaba el delito de rebelión. «Sabemos que en Alemania no existe la rebelión como delito, al contrario que en España, por lo que descarto una extradición por ese motivo», dijo el político liberal.

El equivalente en Alemania es alta traición o traición a la patria, y puede castigarse hasta con la pena máxima, de 25 años. El desliz del político liberal llamó la atención por la relevancia de su cargo actual.

En la oposición la más firme defensa de Puigdemont vino de La Izquierda, que calificó de «vergüenza» su captura y pidió su inmediata liberación. El portavoz para asuntos europeos del grupo parlamentario en el Bundestag, Andrej Hunko, aseguró que «España es el único país de la UE, donde se castiga la rebelión. La orden de captura está motivada por razones políticas».

Los Verdes se decantaron por aconsejar que Bruselas medie para hallar una solución al problema en Cataluña. «El caso muestra que ha llegado el momento de que en España se llegue a una solución política», señaló la portavoz del grupo parlamentario ecopacifista, Franziska Brantner. El gobierno federal debería, a su juicio, apoyar la mediación de la Comisión Europea. Sobre el caso de Puigdemont, añadió, tendrá que decidir la Justicia.

También se manifestó en contra de la extradición la Sociedad para los Pueblos Amenazados (GfbV por sus siglas en alemán). Su director, Ulrich Delius, dijo a la Deutsche Welle: «La criminalización de los políticos catalanes no soluciona la crisis, sino que atiza nuevas tensiones. Alemania no debiera convertirse en el alguacil del Gobierno español, que no hace nada por encontrar una solución política a la crisis catalana, sino que envía a jueces para poner entre rejas a los indeseables defensores de la independencia. En la crisis catalana son necesarias las soluciones políticas».

«Alemania tiene ya su primer preso político… no es un terrorista, sino un político legítimamente elegido», afirma Urban en ‘Süddeutsche Zeitung’

Y los medios de comunicación coinciden en que la presencia de Puigdemont es incómoda porque obliga a Alemania a decantarse en un problema de política interna española. Algunos van más allá, como Thomas Urban, en el Süddeutsche Zeitung, que titula su comentario: «Alemania tiene ya su primer preso político». Y añade: «No es ningún terrorista, sino un político legitimado en elecciones libres».  Urban pregunta, ahora que el conflicto catalán se ha trasladado a Berlín, si el ministerio de Justicia alemán puede proceder de forma diferente que el belga y recuerda que el gobierno federal alemán considera legal y legítimo el movimiento separatista catalán.

En general, los medios destacan cómo ahora la cuestión catalana ha caído de pleno en Berlín y se inclinan por pedir soluciones políticas. El conservador Die Welt sopesa la cuestión: «Sobre la extradición deciden los jueces. La política del país donde la persona buscada ha sido capturada no debe interferir. Sin embargo, el caso Puigdemont es político… Después de la posible entrega, puede ponerse en marcha la política de nuevo. Alemania y la UE han tratado con el tema de las nacionalidades desde Estonia hasta Chipre. El problema catalán no es irresoluble. No puede convertirse en una rueda de molino en el cuello de Europa».