El artículo 155 de la Constitución recobra protagonismo un mes después de su aprobación en el senado y en plena campaña electoral. Mientras ERC y Podemos pugnan por liderar la oposición a esta medida para atraerse el voto filonacionalista, el PP busca arrogarse el mérito de esta decisión. Los populares compiten con Ciudadanos por catalizar el hartazgo de los catalanes no independentistas y traducirlo en votos el 21-D. Las encuestas sonríen al partido de Albert Rivera, que abanderó el 155. Los naranjas fueron los primeros que apostaron sin ambages por esta medida con el único objetivo de ir a las urnas y renovar el Parlament, como finalmente ocurrió. Desde entonces, y a raíz de esta decisión, tanto Rivera como los populares buscan colgarse la medalla de haber promovido la solución al conflicto. En el PP aseguran que fueron ellos los que tomaron la iniciativa, a la que se sumaron PSOE y Ciudadanos. En la formación naranja presumen de que “fue Rivera quien convenció a Rajoy” para llevar a cabo esta medida.

Antes del verano ya se empezaba a hablar del 155, pero como una posibilidad remota ante la confianza de que el referéndum del 1 de octubre no se celebrara, puesto que el “no habrá referéndum” fue la consigna del Ejecutivo hasta unas horas antes de la fecha señalada. Ningún partido se inclinaba entonces por esta medida, que se considera una decisión extrema para decidir con tanta antelación. Sería como “matar moscas a cañonazos”, señalaban a finales de julio los de Ciudadanos. El tiempo comenzó a acelerarse a primeros de septiembre. La Mesa del Parlament aceptó a trámite la Ley del Referéndum y la Ley de Transitoriedad hacia la república catalana. Desde ese momento PP, Ciudadanos y PSOE han dado un giro radical a su postura. Pedro Sánchez, que en julio había asegurado que “nunca” aprobaría la aplicación del 155, pasó a mostrar su “apoyo sin fisuras” al Gobierno para las medidas que emprendiera. Y poco después pasó del apoyo a mostrar cierta impaciencia. Cs fue el primero en pedir la aplicación del artículo y, aunque el Gobierno terminó por aceptar su petición, dejó alguna sorpresa para el resto de líderes políticos.

  • 3 de septiembre. El desafío independentista aún no ha aterrizado. Pese a que falta un mes para el 1-O, la Ley del Referéndum y de Transitoriedad no se ha admitido a trámite en el Parlament y el ambiente es de calma relativa entre los principales partidos. Ninguno apoya la aplicación del 155 y tanto Pedro Sánchez como Albert Rivera así se lo transmiten a Mariano Rajoy. El Gobierno diseña un decreto para aplicar la Ley de Seguridad Nacional, la única medida contemplada en estos momentos para frenar el desafío separatista antes del referéndum.
  • 6 y 7 de septiembre. El Govern de la Generalitat cumple sus planes de admitir a trámite y aprobar el mismo día las dos leyes estrella para una hipotética independencia: la Ley de Referéndum y la de Transitoriedad hacia la República catalana. Lo hace desoyendo las advertencias del Constitucional en dos largas jornadas de batalla parlamentaria y con medio hemiciclo vacío.
  • 15 de septiembre. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, toma el control de las cuentas de la Generalitat para evitar que se desvíen fondos a la causa independentista. Esta medida tiene el apoyo de todos los partidos no nacionalistas, a excepción de Podemos, que critica al ejecutivo porque considera que ha intervenido de facto la autonomía catalana. A dos semanas del 1 de octubre, Ciudadanos insta ya al Gobierno a aplicar el 155 y presenta en el Congreso de los Diputados una moción para apoyar al Ejecutivo en sus decisiones. La iniciativa no sale adelante y es rechazada por el PSOE, que aún titubeaba en su postura sobre el asunto y que teme escenificar el apoyo al PP. Los socialistas contemplan, en todo caso, un 155 limitado a los servicios públicos.
  • 20 de septiembre. Al control de las cuentas le sucede de la detención de varios altos cargos de la Generalitat y el registro de la Conselleria de Economía. Esa noche, miles de manifestantes asedidian la sede oficial y varios coches de la Guardia Civil son saboteados en un episodio por el que la Audiencia Nacional acusa de sedición a los líderes de ANC y Ómnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, que serían después encarcelados. Estos acontecimientos suponen un punto de inflexión. Ciudadanos ve ya como única salida la aplicación del 155, aunque con la esperanza de que Puigdemont recule. Rivera traslada esta idea a Rajoy. Las conversaciones entre ambos dirigentes son diarias, y las visitas al Palacio de la Moncloa se suceden.
  • Dudas del Gobierno. Durante este mes las conversaciones entre Rajoy y Rivera son diarias. El líder de la formación naranja trata de convencer a Rajoy de que aplique el 155 pero sólo para convocar urnas. El Gobierno no lo ve claro, y no parece dispuesto a saltar a la piscina sin comprobar que hay agua. No dará el paso hasta que el PSOE muestre su apoyo expreso. La idea de los de Rivera es iniciar los trámites una vez se celebre el 1-O y se dispongan a subir al balcón a declarar la independencia.
  • 1 de octubre. A pesar de que el Gobierno ha reiterado que no habría referéndum, el 1 de octubre hay urnas y papeletas y la gente acude a votar en una jornada inédita que termina con cargas policiales. El recuento de los votos que no han sido confiscados por la policía dan el sí a la independencia con 2.262.424 votos a favor, según los datos de la Generalitat. Puigdemont muestra su disposición a declarar la independencia. Esa misma noche, el presidente del Gobierno, en una comparecencia en el Palacio de la Moncloa, no da validez a ese referéndum y convoca a PSOE y Ciudadanos para valorar las actuaciones tras esa jornada.
  • 6 de octubre. Tras múltiples conversaciones del Gobierno con ambos partidos, el 6 de octubre Rajoy y Rivera mantienen una reunión en la Moncloa en la que el líder de la formación naranja vuelve a insistir en el 155 y la convocatoria de elecciones. En ese encuentro, el jefe del Ejecutivo le comunica que no ve “motivación jurídica para aplicar” este artículo. Durante los días posteriores las conversaciones entre ambos líderes se intensifican y Rivera, ante la inminente declaración de independencia, intenta convencer al presidente del Gobierno de que intervenga la autonomía antes para evitar un posible acoso de los independentistas. Las elecciones, además, deben ser cuanto antes.
  • 10 de octubre. El president de la Generalitat comparece para dar cuenta de los resultados del 1 de octubre. Asume el mandato de las urnas, declara la independencia de Cataluña e inmediatamente “suspende” sus efectos. Este sí pero no pone sobre alarma al Ejecutivo central, que ante la gravedad de los hechos se ve obligado a poner la maquinaria en marcha, aunque hay notables diferencias con socialistas y naranjas sobre los pasos a seguir.
  • 11 de octubre. El Gobierno inicia los trámites del 155, pero con pasos de plomo. Rajoy envía el primer requerimiento a Puigdemont para que aclare si declaró o no la independencia en el Parlament. Tiene de plazo hasta el lunes 16 para pronunciarse y hasta el 19 para volver a la legalidad que había antes de que se tramitaran las leyes de ruptura. El Ejecutivo abre la puerta a evitar una medida excepcional y arriesgada, incluso amplía el plazo para que el Govern diga que no declaró la independencia. La idea que contempla Moncloa es convocar los comicios en un plazo de seis meses a un año, una vez intervenida la autonomía. No hay acuerdo entre los principales partidos sobre los plazos a aplicar, y mientras el PSOE apuesta por una intervención “breve”, Rivera apuesta decididamente por la urgencia de las elecciones. Mientras el Gobierno quería disponer de hasta un año para “poner orden” en la administración catalana, Albert Rivera advertía a Rajoy que había que actuar rápido. Había que contar con el ‘factor sorpresa’ y tantos meses de margen darían tiempo al sector independentista a organizarse de nuevo y a emprender una “campaña de victimismo”. Una convocatoria rápida ayudaría a movilizar a la sociedad silenciosa dado lo reciente de los hechos y el hartazgo en la sociedad catalana no separatista.
  • 16 de octubre. Es lunes y se reúne, como cada semana, la Ejecutiva permanente de Ciudadanos. Con los miembros presentes, se produce la esperada llamada de Rajoy. Convocará elecciones el 28 de enero. Ha cedido a la petición de Cs de convocar las urnas de urgencia. “Por fin lo ha entendido”, comunica Rivera a los suyos. En ese momento, algunos miembros de la dirección rompen en aplausos en la sede de la madrileña Calle Alcalá. El presidente de Gobierno también llama al líder socialista, Pedro Sánchez, para comunicarle su decisión.
  • 20 de octubre. Es viernes. Después de varios días con la fecha ya marcada en el calendario, la socialista Carmen Calvo protagoniza un desliz que compromete a todo el Partido Socialista, y en Los Desayunos de la 1 adelanta que habrá elecciones en enero. El PP sale en tromba a desmentirla y lo atribuye a un “desliz” de la dirigente. En ese momento, ante la amenaza de que los populares den un paso atrás en su decisión, Ciudadanos presiona al Gobierno para que haga pública la fecha de la convocatoria y el propio portavoz parlamentario del partido, Juan Carlos Girauta, confirma en una entrevista con El Independiente la noticia adelantada por Calvo. No sólo la respalda, sino que la concreta: Rajoy prometió urnas el 28 de enero.
  • 21 octubre. Es sábado. El líder del Ejecutivo, tras las ambiguas respuestas de Puigdemont a los requerimientos del Ejecutivo, aprueba en reunión extraordinaria del Consejo de Ministros los detalles de la aplicación del 155, por el que cesa al Govern y convoca elecciones. La sorpresa llega cuando Rajoy anuncia las urnas….para el 21 de diciembre. Todo ello sin comunicárselo previamente al resto de líderes políticos. Este volantazo del Ejecutivo responde a que, una vez reventada la propuesta inicial del Gobierno, Rajoy tiene que retomar las riendas de la acción y recuperar posiciones y liderazgo. Es por ello que mantiene la estrategia de los naranjas de convocar elecciones en un corto plazo de tiempo, llevando esta estrategia al extremo. Desde su anuncio hasta las elecciones del 21D hay exactamente 60 días, el máximo plazo legal que establece la Ley Electoral para convocar unas elecciones. El plazo mínimo son 40 días. De haber optado por esta opción, las elecciones hubieran sido este jueves 30 de noviembre. Esta aplicación, una vez anunciada, se consumó el 27 de septiembre con su aprobación efectiva en el Senado, pocos minutos después de que el Govern consumara el desafío y declarara, esta vez sí, la independencia de Cataluña.