La declaración de Carles Puigdemont ante el juez en Alemania ha finalizado. Después del aplazamiento solicitado por su propia defensa, la cita con el juez comenzó a las 15.30 horas y terminó cerca de las 19.00 horas.

Puigdemont se encuentra desde este domingo en la prisión alemana de Neumünster tras ser interceptado en un área de servicio junto a la autopista A7 tras ingresar desde Dinamarca a Alemania por la frontera norte en respuesta a una orden de captura europea activada por el Tribunal Supremo español dos días atrás. La Justicia alemana deberá ahora decidir si mantiene en prisión preventiva al político catalán.

El abogado Jaume Alonso-Cuevillas ha explicado que este mismo lunes viajará a Hamburgo (Alemania) para encontrarse con los abogados alemanes que atenderán a Puigdemont, con los que dice tener “plena confianza”. En una entrevista en TV3 reconocía que no descartaba que el juez dictase prisión provisional para su cliente, una posibilidad de la que, según él, Puigdemont ha sido consciente desde que huyó de España.

La Fiscalía del estado federado de Schleswig-Holstein, a cargo del caso, determinará el lunes si mantiene a Puigdemont en custodia policial hasta que se resuelva su entrega a España, un paso que podría demorarse entre diez y 60 días.

La fiscalía española trabaja de forma “intensa” con la alemana para activar y ejecutar la orden europea de detención y entrega. Cabe destacar que el Código Penal alemán, a diferencia del belga, sí contempla delitos muy similares al de rebelión, por el que ha sido procesado por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena.

En concreto, los artículos 81, 82 y 83 de la legislación penal alemana contemplan incluso la cadena perpetua para quien cometa delitos de “alta traición” que por medio de violencia o la amenaza de ella, traten de subvertir o alterar el orden constitucional. También contempla penas de hasta 10 años para quienes planifiquen acciones de este tipo. La existencia de un delito equivalente en la legislación alemana es clave para la posible extradición, que en el ámbito europeo exige la doble tipificación de los delitos.