Los funcionarios de la Generalitat tendrán que esperar para ver aprobada la recuperación de la paga extra de 2012. La mayoría independentista se ha impuesto en la Junta de Portavoces para impedir la validación en el pleno dos decretos del Gobierno que recuperaban la paga extra y aprobaban la prórroga de los presupuestos catalanes. Una maniobra que ha sido censurada por toda la oposición, incluidos los Comunes, cuya portavoz, Elisenda Alamany, ha advertido «creo que soy de las más comprensivas con los gestos simbólicos, pero jugar con la paga extra de los funcionarios raya lo absurdo».

El pleno debía validar hoy los dos decretos aprobados por el Consejo de Ministros, que de hecho garantizan el funcionamiento ordinario de la administración autonómica, autorizando operaciones de crédito, y la citada paga extra. Pero minutos antes de su celebración, JxCat, ERC y la CUP se han amparado a la negativa del Gobierno a comparecer ante el pleno para defenderlos para pedir un informe a los letrados y posponer su aprobación. La cámara tiene hasta el 25 de abril para aprobarlos, sino el Gobierno debería iniciar de nuevo el proceso.

El portavoz del PP, Alejandro Fernández, ha destacado el sinsentido de la maniobra recordando que el pasado noviembre ya se dio un precedente de aprobación de un decreto del Gobierno, en aplicación del 155, sin que nadie lo defendiera ante la Diputación Permanente, y ha recordado que «el Gobierno comparece ante las Cortes pero no en un parlamento autonómico».

«Sorprende el fervor legalista cuando pisotean el reglamento admitiendo la delegacion de voto» ha añadido Fernández, un argumento que también ha destacado el portavoz de C’s, Carlos Carrizosa, quien ha lamentado que «hoy los funcionarios no tendrán su paga por culpa de aquellos que llevan años entreteniendo la política catalana».

La diputada socialista Alicia Romero se ha sumado a estos argumentos y ha recordado además que los dos decretos firmados por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, han sido preparados por los responsables de Economía, Pere Aragonés, y Función Pública, Dolors Massó, y ha pedido a los partidos independentistas que «antepongan los intereses de país a los de partido».

Unos argumentos que no han convencido a los independentistas. Los portavoces de JxCat, ERC y la CUP han insistido en que hay tiempo hasta el 25 de abril para validar los decretos y han argumentado que «unos decretos firmados por el Gobierno del 155 se tienen que examinar».