La primera tarea del Pleno del Parlament la próxima vez que Roger Torrent decida convocarlo será convalidar dos decretos firmados por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría a propuesta del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Se trata del decreto aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 9 de marzo para pagar el 20% de la paga doble de 2012 que la Generalitat seguía adeudando a sus funcionarios, y la prórroga de los Presupuestos de la Generalitat.

En aplicación del artículo 155, y mientras los partidos independentistas siguen sumidos en el bloqueo que impide investir a un presidente de la Generalitat diferente de Carles Puigdemont o Jordi Sánchez, el Gobierno ha ido adoptando las decisiones más perentorias de funcionamiento ordinario de la Generalitat. Entre ellas, las relativas a las cuentas catalanas.

136 millones de euros pendientes de pago

El pasado 9 de marzo el Consejo de Ministros aprobó el Decreto Ley que autoriza la recuperación del 20% de la paga extra de los funcionarios de la Generalitat correspondiente a 2012. La Generalitat deberá destinar a esta medida, que afecta a más de 200.000 funcionarios y empleados públicos, más de 136 millones de euros según los cálculos de Hacienda.

Su convalidación depende de la mayoría independentista en el Parlament, pero parece poco probable que JxCat, ERC y la CUP puedan oponerse a la recuperación de esta parte del sueldo que ya han cobrado los funcionarios del resto de España, y que la Generalitat tenía pendiente de pago desde hace cinco años.

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, señaló en su día que «esta era una medida inaplazable, con la voluntad explícita de avanzar en la eficacia y eficiencia de los servicios públicos y, sobre todo, para compensar el esfuerzo sostenido de los trabajadores públicos que han tenido que sufrir una reducción en sus retribuciones».

El Consejo de Ministros aprobó, también a propuesta del Ministerio de Hacienda, un Decreto Ley de necesidades financieras del sector público en prórroga presupuestaria, con el objetivo de atender a las necesidades financieras inaplazables de determinadas entidades del sector público, así como prever la autorización de los avales que están previstos en el proyecto de ley de presupuestos para el 2017.

En este sentido, se autoriza al Gobierno a hacer uso de operaciones de endeudamiento en cualquier modalidad, con la limitación de que el saldo vivo no supere el que autoriza la Ley de presupuestos de la Generalitat para 2017, incrementado por los importes que se deriven de los programas de endeudamiento que se aprueben en aplicación de la normativa de Estabilidad presupuestaria.

El próximo pleno, para el que el presidente del Parlament, Roger Torrent, todavía no ha fijado fecha, debatirá además el bloqueo institucional derivado de la suspensión de dos plenos de investidura, los de Carles Puigdemont y Roger Torrent, a propuesta de C’s. Y los partidos de la oposición temen además que el bloque independentista intente aprobar además, por vía de lectura única, la reforma de la Ley de Presidencia para habilitar la investidura telemática.