Efectivos de la Guardia Civil registras desde la mañana de este jueves la sede de Diplocat, el organismo de la Generalitat encargado de la diplomacia catalana en el extranjero, dentro de la investigación del Juzgado número 13 de Barcelona relacionada con los preparativos del referéndum ilegal del 1-O. Poco después de las 9 de la mañana se han personado en la sede de la entidad ocho agentes de la Guardia Civil para realizar el registro.

Los agentes se han centrado en el registro de dos despachos de la sede de la entidad, situada en la Avenida Diagonal de la Ciudad Condal, y su investigación se relaciona con el pago de los observadores internacionales de la consulta. Trabajadores del Diplocat han asegurado, sin embargo, que la documentación ya fue entregada a Hacienda días atrás, atendiendo al último requerimiento del ministerio que dirige Cristóbal Montoro para aclarar los pagos relacionados con la organización del 1-O.

La actuación ordenada por el Juzgado 13 de Barcelona llega el día después de que ayer declararan ante este tribunal responsables del Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat (CTTI) por su implicación en la elaboración y los desarrollos informáticos para la celebración del referéndum de independencia. Este juzgado ha intensificado sus actuaciones a la búsqueda de indicios de la malversación atribuida los responsables del anterior gobierno catalán en los preparativos del 1-O, delito en el que el Tribunal Supremo espera sustentar la petición de extradición de Carles Puigdemont.

Diplocat, entidad liquidada por el gobierno en virtud de la aplicación del artículo 155, era una entidad público-privada al servicio de Generalitat para el impulso del proceso independentista en la esfera internacional. El Gobierno ya había ordenado el cierre de las “embajadas” catalanas en países como Alemania, Reino Unido, Italia o Francia, excepto la oficina abierta ante la UE.

La Guardia Civil ha acreditado en el Tribunal Supremo un gasto de 1,6 millones de euros en el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre, cuyo pago se repartió entre cinco consejerías: Economía, Trabajo, Presidencia, Salud y Cultura.

Esta cifra es el resultado de sumar al gasto de publicidad y del Diplocat, además de los 979.661 euros cargados por la empresa Unipost por el coste vinculado al suministro de papeletas, el censo electoral y las citaciones como componente de mesa electoral. Esta empresa libró facturas a la Generalitat que la Generalitat repartió entre las Consejerías dirigidas por Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa, Antoni Comín y Lluis Puig.

Según han informado a Efe fuentes cercanas a la investigación, agentes del instituto armado buscan documentación relacionada con la contratación de los observadores internacionales, que un informe de la Guardia Civil estima costó 119.700 euros.

El organismo encargado de la diplomacia de la Generalitat se cierra precisamente este viernes, tal y como acordó el Gobierno en aplicación del artículo 155 de la Constitución, en una decisión que el Tribunal Supremo (TS) mantuvo después, pese a que había sido recurrida por la Asociación Catalana de Municipios (ACM) y el Ayuntamiento de Barcelona. El ex jefe de prensa del Diplocat, Martí Estruch, ha tachado de «operación propagandística» el registro de la Guardia Civil, un día antes del cierre del organismo.

Los agentes buscan documentación relacionada con la contratación de los observadores internacionales, que un informe de la Guardia Civil estima costó 119.700 euros

El Diplocat, organismo encargado de proyectar la imagen internacional de Cataluña, depende del Departamento de Asuntos y Relaciones Internacionales, Exteriores y Transparencia, que dirigía el exconseller Raül Romeva, quien se encuentra en prisión preventiva y procesado por los delitos de rebelión y malversación por el Tribunal Supremo.

La operación policial se enmarca en la línea de investigación que el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona abrió para averiguar si la Generalitat incurrió en un delito de malversación de caudales, al destinar fondos públicos a la organización del referéndum del 1-O pese a que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional.

El informe del instituto armado señala que el Govern presidido por Carles Puigdemont firmó un contrato con The Hague Center for Strategic Studies para la prestación de servicios de asesoramiento del referéndum, mediante el envío de observadores internacionales que acreditaran que la votación reunía garantías.

Los investigadores constataron que el Diplocat realizó dos transferencias desde sus cuentas en Bruselas a The Hague Center for Strategic Studies, los días 21 de septiembre y 9 de octubre pasados, en concepto de «contrato de servicios».

En un auto del pasado 3 de noviembre, el juez del 1-O requirió a la Generalitat que le desglosara el coste del referéndum, incluidos los gastos del traslado y la estancia de los observadores internacionales invitados para supervisarlo.

En la campaña electoral del pasado 21 de diciembre, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se congratuló de haber cerrado las embajadas en el extranjero del Govern y apuntó que el organismo del que éstas dependían se llamaba ahora «Diplocat en liquidación».

El titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona abrió su investigación sobre los preparativos del 1-O a raíz de una denuncia por las conferencias del ex senador de ERC Santi Vidal, que aseguró que el Govern contaba con una partida económica «camuflada» en los presupuestos de la Generalitat para organizar el referéndum y las estructuras de Estado.