El Gobierno quiere fulminar la diplomacia catalana en el extranjero. Unos días después del cierre de varias embajadas de la Generalitat, El Consejo de Ministros ha acordado este viernes la liquidación del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat, y cuya actividad ya había suprimido el pasado 27 de octubre con la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Así lo ha avanzado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, que ha explicado que en un primer momento se acordó la supresión de Diplocat y hoy se ha aprobado ya su liquidación definitiva como entidad.

Con el cierre de las embajadas catalanas en el exterior, el Ejecutivo de Mariano Rajoy aseguró que era una forma de «contrarrestar el relato secesionista»; y alegó que la función de estas entidades públicas no era otra que promover la causa independentista en el extranjero y buscar aliados internacionales. Según explicó el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, en el Congreso de los Diputados, estas embajadas habían costado más de seis millones de euros.

Diplocat era una entidad público-privada al servicio de Generalitat para el impulso del proceso independentista en la esfera internacional. Con la aplicación del artículo 155, el Gobierno ya había ordenado el cierre de las «embajadas» catalanas en países como Alemania, Reino Unido, Italia o Francia, excepto la oficina abierta ante la UE.

Además de la liquidación de Diplocat, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy dejar sin efecto determinados preceptos aprobados por la Generalitat para la recaudación de tributos y cotizaciones sociales en Cataluña y que estaban dirigidos a ser el germen de la llamada hacienda catalana. Méndez de Vigo ha remarcado que esas disposiciones no existen en ninguna otra comunidad autónoma y que estaban destinadas a conformar una hipotética estructura de Estado en la comunidad.

El Tribunal Constitucional ya anuló la Consejería de «Asuntos Exteriores» del Govern liderado por Raül Romeva. El número tres de la Generalitat ignoró en junio esta sentencia asegurando que la sentencia del Tribunal Constitucional para su consejería es un debate “nominal y estético” pero que no afectaba a las competencias de la Generalitat, por lo que decidió continuar con la acción exterior.