PolíticaDECLARACIÓN EN EL JUICIO DEL 'CASO ERE'

Chaves niega instrucciones a Empleo para que otorgara ayudas con el ‘fondo de reptiles’

El ex presidente andaluz sostiene ante el tribunal que eran sus subordinados los que se encargaban de tramitar las cartas que le enviaban a él trabajadores que luego terminaron prejubilados con el fondo de la Junta para los ERE

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Chaves niega instrucciones a Empleo para que otorgara ayudas con el ‘fondo de reptiles’
Manuel Chaves gesticula en un momento de su declaración en el jucio de la pieza política del 'caso ERE'.

Manuel Chaves gesticula en un momento de su declaración en el jucio de la pieza política del 'caso ERE'. EFE

Resumen:

Manuel Chaves ha negado este lunes que durante su etapa como presidente de la Junta de Andalucía hubiera dado órdenes a la Consejería de Empleo para que solucionara de manera ágil conflictos laborales que le expusieron trabajadores afectados por crisis de empresas durante sus visitas a municipios de la comunidad. “Nunca” dio instrucciones, ha afirmado.

En el tramo final de su interrogatorio, la Fiscalía Anticorrupción ha tratado de conocer la eventual participación directa del ex jefe del Ejecutivo andaluz en la concesión de diversas ayudas con cargo a la partida presupuestaria 31.L o fondo de reptiles, al constar en las actuaciones testimonios y diversos escritos dirigidos a la Presidencia del Gobierno autonómico solicitando su ayuda o mediación al entrar empresas en crisis y ver los trabajadores amenazados su futuro. Chaves ha tratado de abrir un cortafuegos descargando en sus subordinados la responsabilidad en la tramitación de las cartas que recibía.

Sin mencionar el caso concreto, el fiscal Juan Enrique Egocheaga se refería al episodio registrado en la localidad sevillana de Osuna el 11 de febrero de 2004, cuando un grupo de trabajadores que la compañía Bilore tenía en Lucena (Córdoba) logró entregarle una carta a una persona de su gabinete -el director del Gabinete de Análisis y Relaciones Institucional de la Consejería de Presidencia, Juan Gallo- en la que pedían la intervención de Chaves al verse sin trabajo y sin indemnización después de que el Ministerio de Trabajo hubiera aceptado la extinción de sus trabajos.

A las 13.08 horas del día siguiente, el director de Área de Planificación y Seguimiento de la Consejería de Presidencia (Antonio Jesús Mena Calvente) enviaba por fax al jefe de gabinete de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico la carta que le habían intentado entregar en mano la jornada anterior a Chaves. El alto cargo escribía a su destinatario: “En fecha próxima se visitará la ciudad de Lucena, por lo que sería conveniente haber encauzado la problemática planteada para evitar encontrarnos ante la situación de ayer”. Años después, la Junta concedió una ayuda para el pago de prejubilaciones con un coste de 1,6 millones de euros.

“No he despachado nunca con el señor Mena y no le he dado instrucciones de nada”, ha respondido el ex presidente a las preguntas del Ministerio Público. A la vista de cómo ha reaccionado, Chaves sabía con total seguridad que el fiscal le preguntaría durante su declaración por su papel en la ayuda a los antiguos empleados de Bilore, dos de los cuales comparecerán como testigos en el juicio tras aceptar el tribunal la propuesta que hizo la acusación popular que ejerce el PP.

El encausado ha dicho que recibía “decenas de cartas de todo tipo” cada semana pero que no era él sino su secretaria o los miembros de su gabinete quien se encargaba de responder. “Ése era el procedimiento habitual”, ha despachado Manuel Chaves, que dejó el Gobierno andaluz en la primavera de 2009 para incorporarse al gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero como vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial.

El ex presidente andaluz dice que eran sus subordinados los que tramitaban las cartas que le enviaron a él trabajadores que luego terminaron prejubilados

Según su relato, si la misiva afectaba a un organismo determinado de la Junta de Andalucía se la derivaban al departamento correspondiente desde su equipo para que actuara como considerara “oportuno”. Él tan sólo respondía si el remitente era un ministro, un presidente del Gobierno o alguien que requiriera que fuera él quien le contestara “personalmente”, según ha precisado. “Yo no leía el conjunto de las cartas”, ha enfatizado.

A la vista de lo declarado este lunes, tampoco leyó el fax que a finales de 2003 le envió un minero de La Zarza (Huelva) envió en nombre de grupo de compañeros para denunciar la discriminación que siete ex trabajadores decían estar sufriendo al no haber sido incluidos como prejubilados en el ERE que habían cofinanciado las administraciones central y autonómica. El remitente se quejaba por el hecho de que otros mineros sí estaban disfrutando del cobro de una renta pese a que “no habían visto la mina ni por dentro ni por fuera”.

“Creo que no lo leí”, ha contestado Chaves, quien ha evitado precisar si compartía el relato sobre la supuesta discriminación que le trasladaba en la carta el remitente con el argumento de que “no conocía el asunto”. “El fax siguió el trámite habitual, es decir, mi secretaria lo envió al consejero de Empleo para que actuara de la manera que considere necesaria. Es el consejero de Empleo el que tiene logísticamente si hay o no discriminación”, ha añadido.

Chaves describe como una mera “fórmula protocolaria” que la jefa de su oficina reenviara a Empleo una carta con el texto: ‘Por indicación del excelentísimo señor presidente’

En concreto, fue la jefa de su oficina, Priscila de Domingo, quien remitió a la entonces Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico la carta con la siguiente introducción: “Por indicación del excelentísimo señor presidente le adjunto escrito (…) denunciando discriminación a la que han sido sometidos siete mineros. A los efectos oportunos». A preguntas de su abogado, Chaves ha descrito la expresión ‘Por indicación del excelentísimo señor’ a una mera “fórmula protocolaria”.

El procesado ha querido precisar que los mineros enviaron enviaron la carta después de que el consejero de Empleo, José Antonio Viera, y el delegado del Gobierno en Andalucía, Juan Ignacio Zoido, hubieran firmado el acuerdo por el que ambas administraciones se comprometían a sufragar prejubilaciones a los mineros de la Faja Pirítica de Huelva. Y el listado de beneficiarios, ha indicado, lo reconoció la Seguridad Social por la necesidad de aplicar factores correctores por la penosidad del trabajo.

“No contestábamos este tipo de cartas. Se pedía normalmente que se hicieran las gestiones que se consideraran oportunas. Lo normal es que se pudieran en contacto con el delegado provincial. El resultado de la gestión del consejero de Empleo no lo conozco”, ha agregado Chaves, que ha admitido que su gabinete no chequeaba el seguimiento a las peticiones que llegaban y que se derivaban a la consejería correspondiente.