La Comunidad de Madrid ha denunciado este jueves ante la Fiscalía las «múltiples irregularidades» en la gestión de la Ciudad de la Justicia, según informa El Mundo. La denuncia está relacionada con el incumplimientos de las formas de contratación pública y contabilidad a la hora de concentrar en Valdebebas los organismos judiciales.

El gobierno de Cristina Cifuentes ha llegado a esta conclusión a raíz de un informe elaborado por la Cámara de Cuentas. Entre las anomalías que la Comunidad de Madrid ha llevado a la Fiscalía figuran «la preponderancia de criterios discrecionales» en la adjudicación de contratos y «la aplicación de fundamentos desiguales en la valoración de las ofertas».

No existen, además, «documentos que justifiquen la relación entre trabajo y cobro». El Gobierno regional ha decidido poner este asunto en manos de la Fiscalía dadas las numerosas irregularidades en las formas de contratación pública y de contabilidad.

Hace unas semanas, el consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, anunciaba que el Gobierno regional había elevado el 3 de abril a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid el informe de la Cámara de Cuentas sobre el Campus de la Justicia para que valorara si es necesario tomar medidas. Entonces señaló que en el informe había «cifras y datos» que a todos generan «dudas en la forma de gestión».

Ha sido el propio Garrido, quien ha explicado este jueves, en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos de la Asamblea de Madrid, que después de la evaluación de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, que recogía que podían existir «ilícitos penales», han dado el paso de trasladarlo a la Fiscalía.

Ahora, debe ser ésta la que decida si hay indicios de criminalidad y, en su caso, si lo remite al juzgado. Garrido ha asegurado que en ese momento desde el Gobierno regional se valorará personarse como acusación particular, como han hecho en el ‘caso Púnica’. «La posibilidad de que la Comunidad pudiera estar ahí para recuperar el presunto dinero dañado a las arcas publicas siempre estaría presente, una vez que la Fiscalía determine qué es lo que corresponde hacer», ha subrayado.

Al ser preguntado porque no se sumó el Gobierno autonómico a la oposición, que ha llevado ya hasta en dos ocasiones la cuestión a la Fiscalía, Garrido ha manifestado que las denuncias que ellos plantean deben estar avaladas por la Abogacía.

En este sentido, ha defendido, sobre el hecho de que esta remisión coincida con la polémica del máster de la presidenta, que desde el Ejecutivo no actúan «con intereses partidistas» sino que elevan las cosas cuando tienen que hacerlo. «Podría haber sido ayer, hoy, hubiéramos hecho exactamente igual», ha dicho. Para el portavoz regional, «la legalidad no entiende ni de colores, ni de departamentos, sino de dejar actuar a los tribunales».

Cifuentes sigue así la línea marcada hace solo un mes por la oposición en la Asamblea de Madrid, que ya llevó a la Fiscalía otras irregularidades cometidas en el mismo proyecto de la Ciudad de la Justicia. Ellos cifran en 130 millones el coste a las arcas públicas y pedían que se depuraran responsabilidades.