El ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha reiterado que de la información contable que maneja el ministerio de Hacienda “no hay ningún dinero que se haya dedicado” al referéndum ilegal del 1 de octubre, aunque, a continuación, ha agregado que es al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, -que instruye la causa por rebelión, sedición y malversación-, al que le corresponde la “calificación judicial” de los hechos en función de las distintas informaciones de las que disponga, entre ellas, el informe de la Guardia Civil que afirma que se han dedicado casi dos millones de euros públicos a financiar esa consulta.

Méndez de Vigo ha sido interrogado al respecto en varias ocasiones durante la rueda de prensa que sigue a la reunión del Consejo de Ministros tras la polémica suscitada por la reiterada negativa de Cristóbal Montoro respecto a que se hayan desviado fondos públicos fiscalizados por su Ministerio a financiar al procés. Todo ello  justo en el momento en que los tribunales alemanes han reclamado información respecto al delito de malversación, dentro del proceso de captura y entrega de Carles Puigdemont,  y las defensas de todos los imputados en el procés se aferran a esas palabras para desestimar dicha acusación.

El ministro ha negado discrepancias sobre la financiación del 1-0

No obstante, el portavoz del Gobierno ha negado cualquier tipo de discrepancia al respecto para reivindicar a continuación la actuación del Ejecutivo desde que se detectó en los últimos presupuestos de la Generalitat una partida de cinco millones para el referéndum “que fue recurrida al Tribunal Constitucional y que se anuló”. Después se intervinieron las cuentas del gobierno autonómico y se aplicó el 155, ha narrado, para insistir que de la información contable que se va a hacer llegar al juez Llarena no hay ningún dinero desviado para los fines de los independentistas. Otra cosa será la idea “que se haga el juez de lo que ha habido y lo calificará judicialmente”. En todo caso, por parte del Gobierno “va a tener toda la colaboración”.

Por otro lado, respecto al comunicado de ETA anunciando su disolución y pidiendo un selectivo perdón a algunas de las víctimas que ha causado en cuarenta años de terror, ha considerado que “certifica la derrota total política, económica, social e internacional” de la banda terrorista y negado con vehemencia que vaya a haber ninguna contrapartida, ni siquiera, el acercamiento de los presos, lo que tampoco está, ha asegurado, en la agenda de la negociación con el PNV a cambio de su apoyo en los Presupuestos Generales del Estado.

“Ha sido derrotada por todos los españoles y gracias al esfuerzo de las Fuerzas de Seguridad del Estado, de los jueces, de la ley y de la colaboración internacional”, para insistir en que se trata de una “derrota sin paliativos” en la que el Gobierno “no consentirá que se cambie el relato”.

Asimismo, ha anunciado la disposición del Ejecutivo a reunir el próximo mes de mayo al Consejo de Política Fiscal y Financiera para ir avanzando en la negociación de la financiación autonómica.