El rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, anuncia que el centro abrirá un expediente contra el responsable de trasladar a la prensa las irregularidades detectadas en el máster de la presidenta Cristina Cifuentes al considerar que se pudo incumplir la ley de protección de datos.

Así lo revela en una entrevista mantenida hoy con la Agencia Efe, en la que, sin embargo, no desvela el nombre de este empleado que, a su juicio, ha provocado un «perjuicio» a la URJC al hacer público el caso en lugar de trasladarlo al gobierno universitario. En la prensa, incluidas declaraciones a este periódico, el profesor de Sociología Santiago Perelló ha presumido de ser él quien recibió la información sobre las irregularidades en el máster de Cristina Cifuentes y quien posteriormente se la proporcionó a los medios de comunicación.

Para Ramos, hay dos tipos de irregularidades, la de «aquellos profesores que -presuntamente, subraya- han hecho las cosas manifiestamente mal», entre los que cita al director del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde, y al profesor Pablo Chico, y un segundo grupo de «funcionarios o administrativos que han generado perjuicio haciendo público el caso».

‘Falta de ética’

El rector defiende que ha habido «compañeros, empleados, que han incumplido la ley de protección de datos, no por descubrir irregularidades, sino por no trasladar esas presuntas irregularidades a los órganos de gobierno que pueden resolverlos, si son penales a los tribunales de Justicia, y si son administrativos a los órganos de gobierno de la universidad». Según Ramos, ese comportamiento «no es correcto» y supone una «falta de ética».

Soy incapaz de entender que cuando una persona encuentra una irregularidad no lo ponga en conocimiento de los que pueden resolverla’, dice el rector

«Cada vez que conozco una irregularidad, tomo medidas, también cuando conozco violaciones de la ley de protección de datos», subraya sobre la apertura de expediente. Respecto a la identidad de la persona o personas contra las que se abrirá este proceso, Ramos subraya que hasta que haya una resolución firme debe respetar «la presunción de inocencia de todas las personas», pues de lo contrario sería él, quien también está sujeto a le ley de protección de datos, quien cometería una irregularidad.

Preguntado sobre por qué estos empleados no acudieron a la institución académica, Ramos señala que lo que está «en la cabeza de esas personas, hay que preguntárselo a esas personas». «Soy incapaz de entender que cuando una persona encuentra una irregularidad no lo ponga en conocimiento de los que pueden resolver esa irregularidad», añade.

Después de que la URJC trasladase el pasado 5 de abril el caso del máster a la Fiscalía, la investigación universitaria en este ámbito ha quedado suspendida «temporalmente» y el centro investiga las otras «irregularidades» que rodean este título, como la difusión de los datos o las actividades del Instituto de Derecho Público.

Expedientados

Hasta el momento, la URJC ha abierto expediente al hilo de su investigación interna al director del Instituto Público de Derecho, Enrique Álvarez Conde, y a la funcionaria Amalia Calonge, que modificó las notas del máster de Cristina Cifuentes saltándose los procedimientos en el año 2014, dos cursos después de que presuntamente lo terminara.

También ha sido expedientada María Teresa Sánchez Magdaleno, como informó El Independiente. Sánchez Magdaleno es la exgerente de la institución y se le atribuye responsabilidad sobre la obtención de los datos posteriormente filtrados. Fue destituida 41 días antes de que eldiario.es destapara el escándalo.