La agresión ocurrida en Alsasua no fue ni organizada ni premeditada sino «algo fortuito, casual», según ha asegurado hoy una parte de las defensas de los ocho acusados por la agresión sufrida por dos guardias civiles y sus parejas la madrugada del 15 de octubre de 2016. En la última sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional esta mañana es el turno del informe final de las defensas que solicitarán la absolución de los ocho acusados al considerar que no se produjo ningún delito de carácter terrorista como sostiene la Fiscalía y la acusación ejercida por Covite.

Amaya Izko, abogada de dos de los acusados, Jokin Unamuno y Ainara Urkijo, ha defendido que los hechos presentados durante el juicio no permiten acreditar que nos encontremos ante un delito de terrorismo. Ha recordado que la última modificación del Código Penal de 2015 establecía que para ello era necesario, entre otros aspectos, demostrar un delito grave, circunstancia que ha afirmado no se puede acreditar en este proceso. Para Izko las heridas sufridas por los agentes y sus parejas se deben considerar como «leves».

Ha situado la agresión en el contesto de «altas horas de la noche, en un entorno festivo en vísperas de las fiestas de un pueblo, un episodio fortuito, casual». Para sus dos defendidos la Fiscalía reclama una condena abultada. Solicita 50 años para Unamuno, quien sí reconoció que entabló conversación con el teniente agredido en el interior del bar pero que lo hizo para recriminarle haberle puesto varias multas. Para la otra de sus defendidas, Urkijo, el Ministerio fiscal pide la menor pena, 12,5 años por un delito de amenazas terroristas.

¿De verdad se plantean que los hechos tenían como objetivo subvertir el Estado de Derecho y sus instituciones?»

Izko ha subrayado que tampoco los primeros pasos de la instrucción dada, antes de que el caso pasara a la Audiencia Nacional, vieron «sesgo terrorista» en la agresión. Considera que pretender acusar a Unamuno y otros de los acusados de «lesiones terroristas» supone forzar los limites del concepto. Recuerda que el terrorismo lleva implícito como elementos definitorios la pretensión de querer subvertir el orden constitucional, alterar la paz pública o pretender crear un clima de terror, circunstancias que en su opinión no se dan en este caso: «¿De verdad se plantean que con los elementos de esta causa, los hechos, tenían como objetivo subvertir el Estado de Derecho y sus instituciones?», se ha preguntado.

Sin relación con ETA

En su informe también ha dado por demostrado que los acusados no pertenecen al organigrama de ETA y que tan sólo uno de ellos ha sido relacionado con el movimiento ‘Ospa’ que en ningún momento ha sido calificada por la Justicia como «organización terrorista». Ha apuntado que el objetivo de este movimiento se limita a denunciar la excesiva presencia policial en el municipio pero lo hace sin violencia y sin relación alguna con ETA, según la abogada.

Un relato de hechos que difiere totalmente con el hecho el pasado jueves por la Fiscalía, que elevó a definitiva su petición de cárcel por delitos de terrorismo contra los ocho acusados por la agresión. El Ministerio Fiscal mantiene la petición de condena que oscila entre los 62,5 y los 12,5 años de prisión por cuatro delitos de lesiones terroristas. Justifica su petición por considerar que los hechos acreditados durante el juicio han probado que la actuación para agredir a los dos agentes fue preparada “única y exclusivamente para agredir a los dos guardias civiles y sus parejas y ello con una finalidad terrorista”.

La Fiscalía mantuvo su petición de penas de hasta 62,5 años de cárcel para los acusados por delitos de carácter terrorista

Afirmó que el objetivo que se pretendería con esta agresión era “expulsar a los guardias civiles de Alsasua y de Navarra” y que la acción pretendía además un segundo objetivo que sería “inferir terror a aquella parte de la población que no piensa como ellos, como los acusados”. El fiscal situó los hechos como una muestra del terrorismo de ‘baja intensidad’ heredero de la actividad de ETA. “Aún persiste una herencia de terror en el País Vasco y Navarra que no es sino una prolongación del terrorismo que se ha vivido en España durante 50 años. ETA no era una mera organización de pistoleros”, explicó el fiscal José Perals.

La petición de penas más elevada se mantiene para Ohian Arnanz, en prisión desde hace año y medio, par el que el fiscal solicita que sea condenados a 62,5 años de cárcel. Para otros seis acusados, Adur Ramírez de Alda, Iñaki Abad, Jokin Unamuno, Julen Goikoetxea, Arratz Urrizola y Jon Ander Cob, reclama 50 años de cárcel. Para la última de las acusadas, Ainara Urkijo, a la que se acusa de un delito de amenazas terroristas, solicita la menor pena, 12,5 años.