Aquella noche oscura de octubre todo cambió. O casi todo. La anormalidad continúa ahí, inamovible. Las miradas algo incómodas, también. Los mismos que entonces hacían vida normal, tomando vinos después del trabajo, paseando con los suyos y disfrutando de plena libertad no han cambiado sus hábitos. Los de ladera arriba, entre el polígono Ibarria, la estación de tren y a escasos metros del río Altzania, a dos kilómetros de la plaza del pueblo, tampoco. Siguen allí, alejados, casi ocultos. Los seis pisos de la casa cuartel, como entonces, están blindados por muros, arbolado frondoso y cámaras de seguridad. Hoy el silencio es quizá más aplastante, dentro y fuera. En Alsasua la Guardia Civil no habla. Saben que el ambiente es inflamable para asomar ahora su voz. Demasiados vecinos no quieren que paseen, ni que hagan vida normal y preferirían que se fueran para siempre. La mayoría no llega a tanto.

Desde aquella noche oscura de hace 18 meses los de la ladera siguen viviendo como familias fantasma, discretas y silenciosas. Comprar y marchar. Las copas, mejor en otro lugar. Unos y otros viven días incómodos, incluso más que los casi 550 que han transcurrido desde que Alsasua dejó de ser desconocida para el resto del país. El juicio se acerca y de su resultado pueden depender muchas cosas, entre ellas la convivencia en la localidad navarra. Una condena por terrorismo encendería el vecindario y probablemente la animadversión hacia la Benemérita.

El teniente herido ha regresado de visita a Alsasua. El martes tendrá que recordar ante el juez los detalles de la agresión

Este año y medio ha sido diferente para todos. Abajo, el malestar se ha extendido como la pólvora y de modo creciente a medida que los detalles del procesamiento de ocho jóvenes de la localidad por agredir a dos agentes y sus parejas se iban conociendo. La petición que desde este lunes intentará justificar en el juicio que arranca en la Audiencia Nacional la fiscalía va desde los 12,5 años hasta los 62,5 años de prisión por cuatro delitos de lesiones terroristas, (12,5 años por cada uno), y para uno de los encausados otro de amenazas terroristas. También pesa la imagen que de su municipio se ha dado en los medios de comunicación.

Panel que refleja los días en la cárcel de los acusados de Alsasua. M.S

Víctimas y agresores, dos realidades

Para los agentes, también este tiempo ha sido distinto. Si habían aprendido a vivir con el desprecio de algunos de los vecinos, ahora han tenido que sumarle la indiferencia de la mayoría. Mientras los encausados han recibido el calor y apoyo de vecinos, instituciones, colectivos y organismos de todo tipo, las víctimas de aquella agresión nocturna han sentido el frío del olvido absoluto. Álvaro y Óscar, sargento y teniente, no han existido. Tampoco Pilar y María José, sus parejas. El alcalde de Alsasua, Javier Ollo, reconoce que no se ha puesto en contacto con ellas, que ni siquiera se ha acercado al bar de los padres de una de la agredidas, vecina de la localidad, para interesarse por ella. No es el único.

En las calles las referencias al caso son moderadas. Algunos carteles llamando a participar en la manifestación del sábado en Pamplona, pequeñas pancartas en algunos balcones pidiendo la libertad de los encarcelados y ni rastro de las pintadas contra la Guardia Civil. El elemento más relevante son los paneles distribuidos por el pueblo en los que se contabilizan los días que llevan tres de los acusados, Oihana, Adur y Jokin en prisión preventiva. El panel marcará hoy 516 días. Elementos que sus familias y las plataformas constituidas a su alrededor mantienen activos y vivos.

Varios paneles recuerdan los días en prisión de tres de los acusados. Hoy deberá marcar 516

Son las mismas que desde octubre de 2016 han logrado la implicación de todo el entorno nacionalista navarro y vasco y la participación activa de las instituciones para desautorizar el proceso judicial. El mensaje se basa fundamentalmente en criticar la desproporción de las peticiones de pena, en cuestionar que a “una pelea de bar” se le aplique la ley antiterrorista, reformada en 2015, y a poner en cuestión el papel de la acusación particular, ejercida por Covite, contra la que se afirma que actúa con un espíritu de “venganza” por los años de sufrimiento padecido por las víctimas de ETA. El entorno de los acusados insiste en que no reclaman impunidad sino justicia. Creen que lo ocurrido podría equipararse a lo sumo a delitos como atentado a la autoridad, lesiones y quizá a un delito de odio pero en ningún caso a terrorismo.

El bar 'Koxka' de Alsasua donde se inició la agresión a los agentes el 15 de octubre de 2016.

El bar ‘Koxka’ de Alsasua donde se inició la agresión a los agentes el 15 de octubre de 2016. Mikel Segovia

Lo que es innegable es que la tensión está en el ambiente. La llegada de periodistas estos días al municipio, ante la inminente celebración del juicio, la ha vuelto a avivar. “No somos Belfast”, asegura un vecino del municipio, “y se nos ha pintado así”. Como él, otros vecinos insisten en que lo que piden “no es impunidad” para los agresores sino una petición de condena “proporcionada”.

El ‘repliegue’ de la Guardia Civil

Óscar, el teniente, el que salió peor parado de la agresión, ya no está en Alsasua. Estaba dispuesto a regresar pero le recomendaron un cambio de destino, al igual que a su compañero, Álvaro, el sargento. Su tobillo -roto durante la agresión-, su mente y una dura rehabilitación le obligaron a parar seis meses. En mayo se reincorporó a su puesto pero lejos de Alsasua. Estos días ha tenido que sumergirse en sus recuerdos para preparar la declaración que ante el juez volverá a hacer el martes sobre lo sucedido. Tras la agresión ha vuelto a su antiguo cuartel de visita y ha comprobado que las cosas no han mejorado. Su madre, Inmaculada, afirma que en este tiempo lo que ha sucedido es que los agentes destinados en Alsasua y sus familias se han tenido que volver a “replegar” para vivir como en los tiempos más complicados de ETA.

A quienes creen un exceso la petición de penas les replica diciendo que el verdadero exceso fue lo que sucedió en el bar ‘Koxka’, cuando su hijo, un compañero y sus parejas fueron agredidas, golpeadas e insultadas por una veintena de jóvenes. Inmaculada lamenta que en estos 18 meses desde Alsasua o Navarra ninguna institución se haya puesto en contacto con ellos para trasladarles su solidaridad o interesarse por su estado. Aún recuerda emocionada la concentración que días después de la agresión se celebró en Pamplona en apoyo a la Guardia Civil. Subraya que el rechazo hacia el Cuerpo no es de todo el pueblo, que “la gente normal” de Alsasua “quiere que todo esto se normalice, que se puedan ir a tomar un café sin que ocurra nada, estoy convencida”.

He vivido 15 años con escolta, lo que pasó en el bar fue una agresión, que no está bien, pero no fue terrorismo”

Es el mismo deseo de Juan Miguel Pérez Hurtado, concejal del Partido Socialista de Navarra en Alsasua. Su caso es singular. Accede a hablar con El Independiente siempre que sus declaraciones consten “a título personal”. Su posición en este caso discrepa con la que defiende su partido, respetuoso con el procedimiento judicial y la posición de la Fiscalía. Juan Miguel está muy molesto con la petición de penas que se hacen a los ocho encausados. “Es una desproporción”, señala. Pero más aún con la imagen que del pueblo se ha dado “fundamentalmente por los medios conservadores”.

Nació a 636 kilómetros de Alsasua, en Alcántara (Cáceres). La boda de un primo, de la que poco después le salió trabajo y novia tienen la culpa de que desde 1972 Juan Miguel sea un vecino más de la localidad navarra. “Somos de Alsasua y sabemos lo que son los actos de terrorismo y lo que pasó en el bar fue una agresión, que no está bien, pero no fue terrorismo”, asegura. Ser concejal del Partido Socialista le situó durante 15 años en un escenario similar al de los agentes de la Guardia Civil. “Yo llevaba escolta, me han pintado el coche, pintadas amenazantes en la sede, etc. Sé que vivir aquí no ha sido fácil, el mundo nacionalista radical ha sido muy excluyente. Algunos lo hemos pasado jodido, pero a raíz de que ETA dejó las armas la convivencia ha sido normal y corriente”, señala.

“No bajaría a tomar vinos”

Preguntado por si esa normalidad también ha llegado ya a cuarteles como el de Alsasua, afirma que no se “atrevería a afirmarlo”, para despejar dudas poco después:  “Si yo fuera guardia civil no bajaría a tomar vinos al pueblo”. Una carretera divide en dos la localidad, a un lado, el lado más amable y al otro el más radical. Así lo describe al menos Juan Miguel, “siempre es la que ha dividido la parte más radical de la que no lo era”.

No oculta que en estos meses el PSN de Alsasua no se ha dirigido a la Guardia Civil para interesarse por cómo estaban viviendo todos los acontecimientos en torno a los hechos de octubre de 2016. “No, no hemos hablado con ellos pero sí le diré que les hemos defendido en muchos plenos”. “Creemos que tienen que estar ahí, que tienen derecho a estar donde les apetezca. Nosotros siempre le hemos sacado la cara a la Guardia Civil”, apunta.

Imagen del cuartel de la Guardia Civil de Alsasua, ubicado en una ladera a dos kilómetros del municipio.

Imagen del cuartel de la Guardia Civil de Alsasua, ubicado en una ladera a dos kilómetros del municipio.

Lo que más le duele es la imagen que se ha trasladado. “En su día critiqué que aparecieran decenas de patrullas de la Guardia Civil como si hubiera decretado un estado de sitio”, imagen con la que se distorsiona, dice, la realidad de Alsasua: “No se puede culpar por la acción de una veintena de jóvenes a un pueblo con 7.700 habitantes, este no es un pueblo de salvajes”. Es de los que no cree que lo sucedido en el ‘Koxka’ fuera una pelea de bar, “tampoco terrorismo, lo tengo claro, pero no sé cómo catalogarlo”: “Las familias lo están pasando mal, si uno se pone en su piel…”. Cuestionado por si en estos meses ha hablado con la familia de los agentes y sus parejas agredidas el concejal reconoce que no, “pero toda mi solidaridad con ellos y con la Guardia Civil”.

Ruben Múgica: “Lo sucedido en Alsasua es la síntesis de la historia de Euskadi y Navarra de los últimos 40 años”

En el juicio que se inicia este lunes la acusación popular la ejerce el Colectivo de Víctimas del Terrorismo, COVITE. Rubén Múgica, hijo de Fernando Múgica, asesinado por ETA en 1996, será quien represente a la asociación. Como la Fiscalía, también él está convencido de que los hechos suponen un delito de terrorismo. Las penas que solicita Covite son ligeramente superiores a las que reclama el Ministerio Fiscal. En su opinión, la consideración de terrorismo se produce en el momento en el que la agresión buscaba “alterar gravemente la paz pública y subvertir el orden constitucional”. A quienes consideran desproporcionadas las peticiones de penas Múgica les invita a que cometan una agresión similar en Francia, “que crucen la frontera y hagan lo mismo en San Juan de Luz con dos gendarmes”.

Al referirse a los hechos asegura que en realidad se pueden describir como una síntesis de lo que se ha vivido en el País Vasco y Navarra durante décadas. “Varios embrutecidos la emprenden contra agentes de la autoridad por el mero hecho de serlo y contra sus parejas, como si tuvieran el derecho natural a hacerlo. A continuación reclaman el derecho a que no se les pidan explicaciones y poco después las instituciones salen en apoyo de los agresores y se olvidan por completo de las víctimas. Alsasua es la síntesis de la historia de Euskadi y Navarra de los últimos 40 años”.