El ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.
Un exceso de euforia y la necesidad de apuntarse un triunfo, tanto por parte del Gobierno como por parte del CNI, han complicado extraordinariamente la estrategia judicial encaminada a la entrega de Carles Puigdemont.
Para entender lo ocurrido hay que remontarse a la mañana del pasado 26 de marzo, fecha en la que el ex presidente de la Generalitat fue detenido en una gasolinera entre las localidades de Shuby y Jagel, en el estado de Schewig-Holstein (Alemania), a sólo 30 kilómetros de la frontera con Dinamarca.
Inmediatamente la noticia se difundió por todos los medios de comunicación con gran relieve. Tan sólo tres días antes (el 23 de marzo), el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, instructor del procés, había reactivado la euroorden (Orden Europea de Detención y Entrega), contra los miembros de la cúpula independentista huidos de España. Tras meses de refugio dorado en Bélgica, Puigdemont era arrestado en un país como Alemania, aliado incuestionable de España.
Tanto desde la Comisaría General de Información como desde el CNI se comenzaron a filtrar esa misma mañana datos del operativo: en él habían participado unos 20 agentes, doce de ellos miembros de los servicios secretos; el coche en el que viajaba Puigdemont con otras cuatro personas en el momento de la detención, un Renault Space con matrícula belga, había sido previamente balizado; un geolocalizador de un móvil de uno de los acompañantes del ex president sirvió para monitorizar en todo momento el trayecto del vehículo por cuatro países; incluso se dijo que agentes del CNI estuvieron presentes en la detención por parte de la policía alemana.
Las prisas del CNI
Sin duda, se trababa de un éxito de las Fuerzas de Seguridad del Estado; sobre todo, de los servicios de inteligencia, del CNI, cuyo prestigio salió dañado tras no haber podido localizar las urnas del referéndum ilegal del 1-O.
Por otro lado, desde el Gobierno de Mariano Rajoy se dio por hecho que Alemania cumpliría la euroorden sin rechistar. "Era el peor país donde podía haber sido detenido Puigdemont", afirmó una fuente del Ejecutivo en conversación con El Indepediente. De hecho, se explicó que la decisión de llevar a cabo la detención en Alemania y no en Dinamarca, por ejemplo, pese a que ambos países comparten el espacio Schengen, se debió a la seguridad de que Merkel no le fallaría a Rajoy.
Pero la precipitación, la ansiedad por apuntarse un logro contra el independentismo, provocó varios problemas.
En primer lugar, de competencias a la hora de llevar a cabo operaciones policiales en países extranjeros. Los servicios secretos no pueden informar de sus actividades encubiertas y aquella lo fue. Un alto responsable policial lo explica: "En España, balizar un coche exige de una orden judicial. El procedimiento es igual de exigente en los países europeos. No hubo tiempo material para hacerlo. Por tanto, el CNI no debería haber aparecido por ningún lado".
En efecto, la noticia provocó no sólo el enfado de los cuerpos de policía de los países por los que había circulado el Renault Espace, sino de los jueces. El 5 de abril la justicia de Bélgica abrió diligencias contra España por la presencia de la baliza en el coche de Puigdemont.
El propio día de la detención un alto cargo del Ministerio del Interior advirtió al ministro de la imprudente filtración de la intervención del CNI en la detención que ya llenaba los espacios de todos los informativos.
Juan Ignacio Zoido compareció por la tarde para dar explicaciones de la operación y afirmó rotundo: "La decisión ha sido de la Policía alemana para dar cumplimiento a una orden ya cursada de detención y entrega. No se trata de que la decisión se haya tomado aquí". El ministro dejó al margen a la Policía Nacional y al CNI. Pero ya era demasiado tarde. Los datos publicados eran demasiado precisos, y las fuentes, de toda solvencia.
Malestar en Alemania
Pero, además de las consecuencias ya apuntadas, el relato de los hechos produjo una reacción indeseada y no prevista por parte del tribunal de Schlewig-Holstein. Como en España, en Alemania los jueces son muy sensibles a todo aquello que atenta contra su independencia e imparcialidad. Y dar por sentado que el tribunal alemán cumpliría la euroorden sin rechistar fue un error de bulto.
Fuentes de la investigación consultadas explican que los magistrados de la audiencia alemana se sintieron "utilizados" por España ya que el CNI propició el arresto de Puigdemont en el estado germano a sabiendas de que la euroorden estaba cursada a una veintena de países y que, previamente, a Alemania el ex presidente catalán había pasado por Finlandia, Suecia y Dinamarca.
El 6 de abril, el tribunal de Schlewig-Holstein consideró "inadmisible" el delito de rebelión y puso en libertad bajo fianza de 75.000 euros al ex presidente de la Generalitat. La decisión supuso un mazazo para el Gobierno español y el Tribunal Supremo. Parecía como si los jueces alemanes hubiesen querido, con su auto sobre las medidas cautelares, poner de manifiesto que su criterio estaba por encima de cualquier consideración política.
Casi podría decirse que actuaron de una forma un tanto irreflexiva. Una fuente de toda solvencia apunta lo siguiente: "La decisión del tribunal alemán se tomó menos de 48 horas después de que Interior le hubiera hecho llegar la documentación que avalaba la petición de la euroorden por el delito de rebelión. Era una documentación muy voluminosa y, además, estaba escrita en español. Materialmente, los jueces no tuvieron tiempo de leerla". Sin embargo, la misma fuente añade: "Al final, la Justicia alemana cumplimentará la entrega, sea por rebelión o sedición. Lo contrario sería la puntilla en la euroorden. Europa no se puede permitir ese fracaso".
No obstante, al Supremo y a la Fiscalía General del Estado no se les escapa que los mismos tres jueces de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein -Martin Probst, Matthias Hohmann y Matthias Schiemann- que el pasado mes de marzo no apreciaron la rebelión y pusieron en duda la malversación de Carles Puigdemont son los que tienen que volver a decidir en las próximas dos semanas sobre dicha cuestión. Un dato que consideran que juega claramente en contra de los intereses de la justicia española.