No es Alsasua, es Pamplona, pero la secuencia de hechos guarda similitudes con lo ocurrido en el caso de la pequeña localidad navarra. La Audiencia Nacional juzga desde esta mañana a cuatro jóvenes de Rentería (Guipúzcoa) a los que la Fiscalía acusa de un delito de desórdenes públicos con carácter terrorista por los graves incidentes ocurridos en la capital navarra el 11 de marzo de 2017 durante una convocatoria realizada por la izquierda abertzale bajo el lema “Errepresioaria autodefentsa” (A la represión, autodefensa) y que había sido prohibida..

Reclama para cada uno de ellos 7 años de prisión. Tres de los jóvenes pasaron ocho meses en prisión por estos hechos. Durante los incidentes que desde hoy se juzgan un grupo de personas, camufladas y protegidas con guantes y capuchas, lanzaron piedras a los agentes antidisturbios de la Policía Nacional, quemaron contenedores en el casco viejo de Pamplona y provocaron numerosos daños en el mobiliario urbano.

Al igual que en el caso de la agresión a dos guardias civiles y sus parejas ocurrida en Alsasua el 15 de octubre de 2016, en este caso las discrepancias sobre la consideración o no de los hechos como de carácter terrorista dividió a las distintas instancias judiciales. Así, mientras la primera, la Audiencia de Pamplona se inhibió al considerar que se trataban de unos hechos de carácter terrorista y por tanto debían ser juzgados por la Audiencia Nacional, la Audiencia Provincial de Navarra revocó la inhibición que finalmente tuvo que resolver el Tribunal Supremo. Lo hizo en favor de la Audiencia Nacional al considerar que sí se daban indicios suficientes para juzgar los hechos como terroristas. Las similitudes también han llevado a que tanto el caso Alsasua como el que desde esta mañana se juzga en la Audiencia Nacional hayan sido instruidos por la jueza Carmen Lamela y que la fiscalía la ejerza José Perals.

A preguntas del Ministerio Fiscal tres de los cuatro acusados han negado su participación en los incidentes de ‘kale borroka’ ocurridos la noche del 11 de marzo de hace un año. Tan sólo uno de ellos ha reconocido, tras mostrársele imágenes en las que se le veía encapuchado y con una piedra en la mano, que era él quien aparecía en el vídeo. El acusado, Julen Prado, ha asegurado que efectivamente portaba una piedra y que la cogió del suelo pero que lo hizo “por inercia” al huir del lugar y que la arrojó a una calle sin haber podido explicar por qué.

Los otros tres acusados han negado su participación en los hechos. Uno de ellos, Endika Etura, sí ha reconocido que ese día viajaron desde Guipúzcoa hasta Navarra para participar en la manifestación convocada por la izquierda abertzale, pero ha negado que participara en los incidentes. Ha asegurado además que viajaron en un autobús alquilado y que tras superar el peaje ubicado a pocos kilómetros de Pamplona fueron interceptados por la Guardia Civil. Ha detallado que pese a ver la pancarta que portaban en el maletero no les comunicaron que estuviera prohibida, “supusimos que no habría ningún problema”.

También ha negado que durante los altercados se profirieran gritos de apoyo a ETA y que salieran corriendo del lugar. Uno de los acusados ha afirmado que a uno de sus acompañantes, Asier P., recibió un puñetazo por parte de uno de los agentes. Ha señalado que fueron abordados por dos policías de paisano, quienes tras preguntarles la hora les detuvieron. Tres de ellos pasaron, tras su detención, ocho meses en prisión.

Uno de los agentes que participó ha relatado ante el juez que el día de los disturbios sufrieron “una lluvia de piedras tremenda” durante los altercados. Ha recordado que los incidentes se produjeron mientras en las calles del casco viejo de Pamplona se encontraban abarrotadas, con familias y niños paseando en un día de sol. Otro de los agentes que ha declarado ha afirmado que vio a los acusados participando de modo activo en los incidentes.

El escrito de acusación del fiscal considera que los acusados actuaron de modo perfectamente organizado dentro de un grupo en el que cada uno tenía “tareas perfectamente distribuidas”. Relata que se ocultaban con capuchas y guantes y que actuaron en todo momento con el propósito de alterar “de forma grave la paz y la tranquilidad” ciudadana. Para el fiscal se trató de un ataque “perfectamente organizado y planificado contra las fuerzas de seguridad”. Detalla cómo los acusados viajaron desde Guipúzcoa para participar en la convocatoria y posterior altercado durante el cual, según señala, se profirieron gritos como “Borroka da bide bakarra” (La lucha es el único camino) y “Gora ETA” (Viva ETA).