El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona ha decidido dejar en libertad con cargos al ex presidente de la Diputación de Barcelona Salvador Esteve, junto a una quincena de los detenidos en el marco de la Operación Estela, que investiga un presunto desvío de fondos destinados a la cooperación al desarrollo a empresas y entidades próximas a Convergencia Democrática, especialmente la Fundación CATmón. En la operación policial, que sigue en marcha, se han producido una treintena de detenciones y veinte registros, entre ellos en la Diputación y la patronal Pimec.

A su salida de la Comisaría de La Verneda, Esteve ha asegurado sentirse «muy tranquilo» por su gestión al frente de la entidad municipalista, gestión que también ha defendido su sucesora Mercé Conesa. «Cada día firmaba un montón de subvenciones, porque básicamente lo que hace la Diputación es subvencionar» ha afirmado Esteve, » Y todas pasan por todos los controles, por lo tanto estoy muy tranquilo».

La causa que investiga el juez Joaquín Aguirre desde hace dos años arranca de las denuncias de los propios trabajadores del área de Relaciones Internacionales de la Diputación, a las que en 2016 se sumó la denuncia de la CUP ante la Oficina Anticorrupción (OAC) por las adjudicaciones de subvenciones y ayudas a dedo a entidades, patronales y empresas próximas a Convergencia, a partir de la llegada a la presidencia de la Diputación de Esteve, en 2012, tras tres décadas de gobiernos socialistas.

El juez sospecha que el exdirector de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona Jordi Castells presionó a funcionarios de la corporación para que emitieran informes favorables a la concesión de las subvenciones irregulares, pese a su dictamen inicial en contra.

Entramado convergente

En ese entramado integrado por cargos convergentes habrían tenido un papel destacado el actual diputado de Hacienda de la Diputación y alcalde de Tordera, Joan Carles García Cañizares, además del expresidente de CATmón y ex responsable de relaciones internacionales de Convergencia, Víctor Terradellas, y el último presidente de la entidad y actual diputado de JxCat Francesc de Dalmases.

La investigación se centra en 28 subvenciones para cooperación internacional que la Diputación de Barcelona concedió supuestamente a dedo a distintas empresas y entidades -algunas de ellas vinculadas a alcaldes del PDeCAT, según el juez- para fines que nada tenían que ver con el desarrollo y que aún se están investigando.

El juez enumera en su auto múltiples irregularidades relacionadas con la concesión de subvenciones, entre ellas el hecho de que se otorgaran pese a que en «numerosas ocasiones» los funcionarios habían emitido informes en contra, alertando de que no se cumplían los requisitos para otorgar las ayudas.

En ese sentido, el magistrado considera que hay indicios de que los técnicos de la Diputación «pudieran haber sido presionados por Castells» para emitir dictámenes favorables en relación a esas ayudas, como lo demuestra, en su opinión, un informe de la Agencia Catalana de Salud sobre esos trabajadores de la corporación que figura en la causa.

El magistrado atribuye a Castells -actual subdirector General de Cooperación Local del Departamento de Gobernación- un papel clave en la concesión de esas subvenciones, dado que, a su parecer, «interviene en todos los contratos otorgados» desde la Dirección de Relaciones Internacionales de la Diputación, de la que estuvo al frente entre los años 2011 y 2015.

Los subvencionados sabían que sus peticiones «carecían de fundamento, su concesión solo podía deberse a la intervención de Castells» afirma el auto del juez

En opinión del juez, las personas que recibían las subvenciones supuestamente irregulares las solicitaban a sabiendas de que sus peticiones «carecían de fundamento y que su concesión solo podía deberse a la intervención última de Jordi Castells, quien dentro de la Diputación de Barcelona imponía su criterio frente a los inconvenientes procedimentales que presentaban los técnicos de la administración».

La implicación de PIMEC

El juez sospecha también en su auto de la existencia de un «entramado personal entre la Diputación de Barcelona y Joaquim Ferrer», miembro de la directiva de PIMEC -entidad registrada también en la operación de hoy- y de las empresas Sestrategic y Konsector, que recibieron las supuestas subvenciones irregulares.

«Todo ello relaciona a funcionarios de la Diputación de Barcelona con ciertos alcaldes y determinadas fundaciones y empresas a las que se subvenciona de manera absolutamente irregular», señala el juez, que apunta que es «muy probable» que en la actualidad Jordi Castells siga teniendo «relaciones personales y profesionales» con los alcaldes implicados el debido a su cargo en la Generalitat.

Entre otras irregularidades, el juez ha hallado indicios de que las memorias presentadas por los perceptores de las subvenciones no son más que «meras copias de documentos que pueden hallarse libremente en internet» y de que algunas entidades que cobraron ayudas fueron creadas poco antes de que se les otorgaran. Además, según el juez, algunas personas físicas cobraron subvenciones «utilizando diferentes entidades (por ejemplo, como persona física y como entidad sin ánimo de lucro)», para poder percibir así más del límite de 18.000 euros establecido.

Dalmases se desvincula de la trama

Por su parte, el diputado de JxCat Francesc de Dalmases, integrante del círculo más próximo a Carles Puigdemont, se ha desvinculado de la operación ordenada por el juez y ha negado haber sido detenido, como se había afirmado en un principio. «Que nadie sufra por mi. Estoy bien, trabajando con normalidad. Estamos y no nos harán callar» ha afirmado en su perfil de twitter.

En su auto, sin embargo, el juez Aguirre señala a Dalmases como uno de los principales integrantes de la trama por su papel destacado en las fundaciones CATmón y Igman y apunta a facturas pagadas antes de su emisión o no justificadas, como el pago de un viaje a Sarajevo de una de sus colaboradoras, sin que se consignara el motivo del viaje.

Desde JxCat tanto el ex presidente Carles Puigdemont, como el actual, Quim Torra, y el portavoz Eduard Pujol se han apresurado a relacionar la operación anticorrupción con una «cortina de humo» para ocultar la publicación de la sentencia del caso Gürtel, que condena al PP por financiación irregular.