La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha aceptado “congelar” la moratoria de licencias para obra nueva que pretendía imponer a partir de ahora a cambio del apoyo de PSC y ERC a su propuesta de reservar el 30% de toda la obra nueva a “vivienda asequible”. Una propuesta que sólo contaba de entrada con el apoyo de la CUP y que tras el acuerdo alcanzado hoy in extremis con socialistas y republicanos no entrará en vigor hasta después del verano.

“Con la decisión de hoy empezamos a revertir el proceso de especulación inmobiliaria” ha asegurado la propia Colau esta tarde, al anunciar el acuerdo con los auténticos promotores de la iniciativa: la PAH, la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAVB) y el Observatorio DESC. Una iniciativa de la que se ha mantenido cuidadosamente al margen a la patronal de constructores y promotores de Cataluña. La alcaldesa ha asegurado que esta medida permitirá aumentar el parque público “en 300 o 400 pisos al año”.

Ada Colau ha decidido poner la directa en su cruzada en favor de la vivienda de protección oficial. Y lo ha hecho siguiendo el dictado de la PAH (plataforma de afectados por la hipoteca) y de espaldas al sector, con una propuesta que inicialmente pretendía establecer una moratoria de hasta dos años para la construcción de vivienda nueva en la capital catalana y la obligación, cuando ésta concluya, de reservar el 30% de VPO para toda la construcción nueva y las grandes rehabilitaciones superiores a 600 metros cuadrados.

C’s y PDeCat -que en su momento apoyaron junto BComú, ERC, PSC y la CPU la moción de la PAH en defensa del acceso a la vivienda que ha dado pie a esta reforma- ya han anunciado su voto en contra de la medida tanto por la moratoria como por el 30%. El PP siempre se ha declarado en contra iniciativas en las que sólo ve un “intento desesperado” de Colau por dar cumplimiento a la promesa electoral de construir 8.000 nuevas viviendas de protección oficial, de las que con suerte, a final de mandato podrá presentar 1.000.

La reforma de Colau está planteada a través de dos modificaciones del Plan General Metropolitano (PGM). Una de ellas exigirá a los promotores que contribuyan a la ampliación del parque público de vivienda de la ciudad y la otra convertirá todo el término municipal de Barcelona en un área de derecho de tanteo y retracto.

Derecho de tanteo para el Ayuntamiento

De este modo, el Consistorio tendrá prioridad en la compra de solares, fincas o pisos. Ambas propuestas, que se han redactado a través de un grupo de trabajo en el que han intervenido técnicos municipales, Barcelona Regional (BR) y colaborado entidades como la PAH, el Sindicat de Llogueters, la FAVB, Observatori Desc y la Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible, ha causado malestar en la patronal de los promotores y agentes del sector inmobiliario, a quienes se ha mantenido al margen.

El gobierno de Colau se escuda en una moción de defensa del acceso a la vivienda aprobada el pasado febrero por el Pleno municipal a propuesta de la PAH, pero los grupos de la oposición advierten ahora de que la propuesta de los comunes va mucho más allá de lo asumible para la mayoría de ellos. De aprobarse, se trataría de la novena moratoria aprobada por el gobierno local de Colau en sus tres años de mandato.

Los constructores estudian ya recurrir legalmente la medida y advierten que la medida “tensionará al alza” los precios de la vivienda

La medida ha puesto ya en pie de guerra a la patronal del sector, que estudia recurrirla legalmente en cuanto se apruebe en el Ayuntamiento. El presidente de la Asociación de Promotores Constructores de Edificios de Cataluña (Apce), Lluís Marsà, ha abogado por “ver cómo se aprueba la moratoria, pero es posible que tengamos que defender los derechos de nuestros asociados” en declaraciones a la televisión local.

Marsà ha advertido que el parón de obras de más de 600 metros cuadrados, vinculado a la posterior obligación de reservar el 30% de las nuevas unidades a vivienda social, “no es legal, va contra las leyes catalanas de urbanismo y del suelo” y “tensionará al alza” los precios de la vivienda en una ciudad que, según la patronal, ya muestra síntomas de falta de oferta de vivienda nueva.