El ex fiscal general del Estado Jesús Cardenal ha fallecido este lunes en Madrid a los 88 años. Cardenal dirigió el Ministerio Fiscal desde mayo de 1997 hasta abril de 2004, durante los gobiernos presididos por el ex líder del Partido Popular, José María Aznar.

En un comunicado hecho público hoy, la Fiscalía General ha transmitido su sentido pésame a la familia por esta pérdida en nombre de todo el Ministerio Público, al que dedicó toda su carrera profesional durante más de cuarenta años.

Cardenal nació en Pesquera de Duero (Valladolid), el 20 de febrero de 1930. Obtuvo la Licenciatura en Derecho por la Universidad de Valladolid en el año 1955, con Premio Extraordinario. En 1977 obtuvo el Grado de Doctor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra con la calificación “cum laude”. La tesis doctoral “El tiempo en el cumplimiento de las obligaciones”, fue publicada después como monografía jurídica en 1979 en la Editorial Montecorbo de Madrid.

En 1958 ingresó en la Escuela Judicial optando por la Carrera Fiscal y al término del Curso en el referido Centro, el 29 abril 1960 es destinado como Abogado Fiscal a la Fiscalía de la entonces Audiencia Provincial de Bilbao, donde permaneció 37 años hasta que fue nombrado Fiscal General del Estado el 19 mayo 1997 cuando ostentaba la Jefatura de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Ilegalización de Batasuna

En 1984 accedió a la condición de Profesor Titular de Derecho Civil de la Facultad de Económicas del País Vasco, al superar las pruebas de idoneidad que se establecieron al respecto. Permaneció como profesor de la citada Facultad hasta el Curso Académico 1988-1989, pasando posteriormente a la situación de excedencia por razón de incompatibilidad de los cargos de Fiscal y Profesor Titular de Universidad. Durante los años 1977 a 1987, de conformidad con la legislación entonces vigente, simultaneó el cargo de Fiscal de la Audiencia Territorial de Bilbao con la de Juez Unipersonal de Menores de Bilbao, actividad en la que cesó por incompatibilidad establecida en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 para desempeñar las funciones de Fiscal y de Juez de Menores.

Como fiscal general del Estado defendió en 1998 oponerse a la petición de extradición de Auguto Pinochet formulada por el juez Baltasar Garzón y en 2002 interpuso ante el Tribunal Supremo la demanda de ilegalización de Batasuna.

Tras su jubilación se dedicó al ejercicio de la Abogacía. Estaba en posesión de la Cruz distinguida de Primera Clase y de la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort.