Joan Ridao será escogido mañana letrado mayor del Parlament en sustitución de Antoni Bayona, a propuesta del presidente de la cámara, Roger Torrent. Licenciado en Derecho y doctor en Ciencias Políticas, Ridao fue secretario general de ERC y portavoz republicano en el Congreso de los Diputados, además del principal responsable de la reforma del Estatut en las filas de Esquerra -Pasqual Maragall aseguraba que era el auténtico autor del Estatut aprobado en 2006-. Un pasado estrechamente ligado a ERC que ha señalado el líder del PP, Xavier García Albiol, pese a reconocer su valía como jurista.

Tampoco juega a su favor el hecho de ser uno de los miembros más recientes del cuerpo de juristas de la cámara autonómica, en el que ingresó en 2016. Tras la crisis vivida en Esquerra con el fin del gobierno tripartito y la salida de la dirección, Ridao fue propuesto por su partido como miembro del Consejo de Garantías Estatutarias, en el que permaneció un mandato. Fue entonces cuando opositó al cuerpo de letrados del Parlament, en el que ha vivido los meses más duros del proceso independentista.

Ridao sustituirá como jefe de letrados a Antoni Bayona, que hizo oficial su renuncia el pasado 5 de junio, tras dos años de tensiones constantes con la anterior presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, y la amenaza de seguir por esa senda bajo el mandato de Torrent. Una amenaza con la que ahora tendrá que bregar Ridao, quien pese a su origen político también se ha opuesto a algunos de los ejemplos de “ingeniería jurídica” con la que el vicepresidente segundo de la Cámara, Josep Costa, ha presionado para que la Mesa del Parlament mantuviera la dinámica de confrontación con la justicia.

Ridao afrontará su primera prueba con la suspensión de los diputados procesados por el 1-O, que los independentistas cuestionan

El nuevo letrado mayor afrontará su primera prueba en la misma sesión en la que previsiblemente será designado. La Mesa debe debatir mañana si acepta la suspensión como diputados de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Jordi Sánchez, o la somete a votación del Pleno, tal como exigen tanto JxCat como la CUP. El presidente Torrent ha criticado también la decisión del juez Pablo Llarena, pero no ha definido su posición.

Los grupos independentistas sostienen que el artículo 25 del reglamento del Parlament, que establece las vías de suspensión de los diputados, debe prevalecer sobre la aplicación de la LeCrim a los políticos procesados por el 1-O. Pero desde C’s, PSC y PP han dejado claro que en su opinión debe prevalecer la decisión del Tribunal Supremo, aunque el popular García Albiol ha anunciado que pedirán un informe de los letrados sobre la “suspensión temporal” propuesta por Llarena, que no se encuentra recogida en ninguna ley ni en el reglamento del Parlament.

El divorcio entre la presidencia y los letrados

La crisis de la pasada legislatura provocó el divorcio entre la presidencia de la Cámara, que entonces ostentaba Carme Forcadell, y el cuerpo de letrados del Parlament liderado por Bayona y el secretario general, Xavier Muro. Un divorcio que se ha mantenido, aunque de forma soterrada, con Torrent, lo que explica la renuncia de Bayona.

El enfrentamiento más sonado con Forcadell se produjo en el pleno del 6 y 7 de septiembre de 2017, con la aprobación de las leyes de ruptura. Muro y Bayona advirtieron de la ilegalidad de los textos que estaban a punto de aprobar, que habían sido rechazados por el Consejo de Garantías, así como de las vías para aprobarlos, por urgencia y lectura única, y el enfrentamiento culminó cuando Muro se negó a firmar alguna de las tramitaciones, consciente de la irregularidad que suponían, hasta que finalmente fue firmada por Forcadell.

Durante los meses anteriores, cada votación derivada de la Resolución del 9N, anulada por el Tribunal Constitucional, llevó pareja la advertencia de los letrados, hasta el punto de que Forcadell llegó a ordenar a Bayona que se callara en una reunión de la Mesa del Parlament para evitar que hiciera la enésima advertencia recordando los avisos del Constitucional.

Las tensiones se han repetido con Roger Torrent, primero con la propuesta de investidura telemática de Carles Puigdemont, propuesta a la que seguirían los debates sobre la delegación de voto de los huidos y, finalmente, la querella del Parlament contra el juez Pablo Llarena, instructor de la causa sobre el 1-O.

Bayona se opuso a la presentación de esta querella, aduciendo que podría incurrirse en malversación, por estar defendiendo la posición de determinados grupos, y que los servicios jurídicos del Parlament no son expertos en Derecho Penal, lo que llevó a Torrent a impedirle intervenir en la siguiente reunión de la Mesa para evitar sus críticas al respecto.