El fallo de la Audiencia territorial de Schleswig-Holstein ha caído como un jarro de agua fría en el Tribunal Supremo. Aunque esperado no por eso menos preocupante. Las distintas fuentes consultadas del Alto Tribunal por El Independiente consideran que los jueces alemanes se han “extralimitado” al entrar en el fondo del asunto sobre si el ex president Carles Puigdemont cometió o no un delito de rebelión cuando proclamó la declaración unilateral de independencia de Cataluña el pasado mes de octubre.
De la misma forma, en el Supremo son conscientes de los “riesgos” que acarrearía aceptar la entrega de Puigdemont por el mero delito de malversación, es decir, reduciendo su responsabilidad en una cuestión patrimonial o económica. En primer lugar, porque se generaría una “gran desigualdad” entre el “líder de la rebelión” –que no podría ser juzgado por ese delito- y el resto de miembros del ex Govern que sí van a ser enjuiciados por este tipo delictivo por la Sala Segunda del Alto Tribunal.
En segundo lugar, porque también se daría la circunstancia paradójica de que, mientras que el resto de diputados presos procesados por rebelión van a ser suspendidos de sus funciones públicas, Puigdemont mantendría su condición de parlamentario y volvería a la escena política; solicitaría su inmediata excarcelación –sólo con la malversación sería más difícil de justificar la prisión preventiva-; y trataría de volver presidir la Generalitat.
Ante este escenario, el juez del procés Pablo Llarena descarta aceptar la entrega ofertada por Alemania a sabiendas de que este fallo supone un escollo “prácticamente insalvable” para esta causa. Ahora, el instructor tiene distintas opciones encima de la mesa.
La primera, sería rechazar la entrega al considerar la resolución de Alemania como nula de pleno derecho pero a su vez mantener activa la euroorden de forma que si Puigdemont decide salir del país germano sea detenido al abandonar la frontera. Otra posibilidad es que juez del Supremo decida retirar la euroorden: en este supuesto el ex molt honorable podría moverse por Europa con libertad de movimientos pero no podría volver a España ya que al entrar en nuestro país sería detenido y enviado a prisión puesto que la orden nacional de detención seguirá vigente.
Lo cierto es que, según informan fuentes jurídicas, el instructor del Supremo está en estos momentos a la espera de analizar la letra pequeña de la resolución de los jueces alemanes para dar una respuesta a la misma por escrito. El plazo legal para la entrega del ex presidente de la Generalitat es de diez días, por lo que el togado remitirá su resolución al citado país antes de que se cumpla este plazo.
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