«Lamentamos y no comprendemos la paradoja de ERC de querer suspender obsesivamente al diputado Puigdemont, teniendo en cuenta que la mayoría absoluta del Parlament, con los votos de ERC incluidos, votaron investirlo cuando fuera posible». El último comunicado de JxCat sobre la crisis desatada ayer en el Parlament no deja dudas sobre el origen del conflicto: Carles Puigdemont quiere volver a ser president, y teme que la suspensión temporal como diputado sea leída como un signo de debilidad en ese proyecto.

La decisión del tribunal de Schleswig-Holstein ha dado alas a las pretensiones de Puigdemont y sus más firmes defensores. Eliminado de la ecuación el delito de rebelión, su regreso a España ya no implicaría prisión ni riesgo de suspensión de cargo público, pese a que se mantenga sobre él la acusación de malversación. Por eso JxCat exige un trato diferenciado para él en el debate sobre cómo aplicar la suspensión dictada por el juez Pablo Llarena.

ERC no quiere diputados de segunda

Pero las exigencias de JxCat podrían derivar en consecuencias jurídicas para la Mesa de Parlament, encabezada por el republicano Roger Torrent, y ERC no está dispuesta a asumir ese coste. Ni a tragarse el sapo de aceptar un trato diferenciado para Puigdemont y Oriol Junqueras, que en la propuesta de JxCat sí sería temporalmente sustituido, como Raül Romeva y los neoconvergentes Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sánchez.

Por eso este miércoles ERC dejó claro que si para JxCat la sustitución de Puigdemont es una línea roja insalvable, para ellos la línea roja está en tener «diputados de primera y de segunda». Esto es, permitir que los encarcelados tengan que acatar el auto de Llarena y desobedecer solo por las aspiraciones de Puigdemont.

Días de desencuentro

El desencuentro entre ambos partidos se plasmó el martes, cuando la Mesa se reunió por primera vez con la propuesta de los letrados cerrada y hecha pública el día antes. El nuevo letrado mayor, Joan Ridao, había dado traslado en ella a lo pactado anteriormente por Esquerra con el PSC y los comunes: una propuesta que permitía mantener las mayorías actuales, acatar el auto de Llarena y dejar la puerta abierta a la recuperación del acta de diputados por parte de los seis implicados, atendiendo a los recursos de las defensas para rechazar el auto de Llarena.

Pero el vicepresidente segundo y hombre de confianza de Puigdemont en el Parlament, Josep Costa, no aceptó la fórmula, que suponía en la práctica sustituir al ex president y acatar la decisión del Tribunal Supremo. En plena operación de lanzamiento de la Crida Nacional, con el congreso del PDeCat a las puertas y la campaña de opinión sobre las nuevas esperanzas abiertas para el regreso de Puigdemont al Palau de la Generalitat, éste no podía ser sustituido como diputado.

La Mesa aplazó la decisión, consciente de que el Pleno que empezaba esa tarde no tenía ninguna votación programada, y el debate se trasladó a las «más altas instancias» de ambos partidos: Elsa Artadi y Pere Aragonés, junto a Torrent y Costa, y los portavoces parlamentarios Sergi Sabrià (ERC) y Albert Batet (JxCat) siguieron la discusión durante la tarde del martes.

Versiones opuestas en JxCat y ERC

A partir de aquí las versiones de JxCat y Esquerra toman caminos opuestos. Desde el partido de Puigdemont aseguran que esa tarde se cerró un pacto para aplicar la propuesta de los letrados a los cinco presos, pero no a Puigdemont. Acogiéndose a la nueva situación creada por la justicia alemana, argumentan desde el partido, Puigdemont no puede ser suspendido porque ya no pesa sobre él esa acusación de rebelión que sustenta esa suspensión.

Esquerra lo niega tajantemente. «Los que estabais aquí esta mañana, cuando nos hemos reunido, sabéis que no había acuerdo ni antes de entrar ni después», señalaba ayer Sabrià a la prensa en los pasillos del Parlament. Quienes asistieron a la reunión de la Mesa, y presenciaron el debate entre los dos representantes de JxCat, avalan esa tesis.

Frente a la rechazo frontal de Costa al acuerdo tejido por Torrent, el secretario segundo, Eusebi Campdepadrós, defendió el acuerdo. Especialmente después de que el secretario general de la Cámara, Xavier Muro, dejara claro que cualquier acuerdo del Pleno votado por Puigdemont tras el auto de Llarena podría ser recurrido judicialmente y anulado.

Costa se acogió entonces al informe de los letrados, en el que se reseñan las especiales circunstancias judiciales del ex president, para argumentar un trato diferenciado que los letrados niegan que se desprenda de su análisis jurídico. La reunión de la Mesa se disolvió sin acuerdo, y Torrent convocó a la Junta de Portavoces para proponer la suspensión del Pleno, finalmente acordada pese a la oposición de C’s y JxCat.

Reunión Torra-Aragonés

Paralelamente, Quim Torra se reunía con Pere Aragonés en los despachos del Parlament para evitar que el cisma se trasladara al Govern. Pero sin llegar tampoco a ningún acuerdo. Y es que el president Torra integra junto a Costa y el propio Puigdemont el núcleo duro del grupo defensor del discurso de la «restitución».

Así las cosas, Esquerra confía ahora en que tras el congreso del PDeCat de esta semana la presión de los neoconvergentes integrados en el Govern permita rebajar la tensión con JxCat. Torrent probablemente intentará aplazar el pleno suspendido hasta el próximo periodo de sesiones, fijado para el 24 de septiembre, con la esperanza de que la situación judicial de Puigdemont se haya clarificado para entonces..

Pero mientras, las relaciones en el seno de la mayoría independentista están más tensas que nunca. «La confianza se ha roto», como reconoció ayer Sabrià. La clave es ver si los pragmáticos del independentismo son capaces de recoserla, o Cataluña se verá abocada a nuevas elecciones en noviembre.