Las negociaciones entre el Gobierno de España y el Ejecutivo de Iñigo Urkullu en torno a la llamada ‘ley de abusos policiales’ están ya muy avanzadas. El acuerdo para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez accediera a la retirada del recurso contra la ley vasca que pretende reconocer víctimas de torturas cometidas por distintos cuerpos policiales entre 1978 y 1999 pasa por la retirada de la actual norma y la aprobación de una nueva ley con ajustes que permitirían sortear las dudas de constitucionalidad. El borrador de la nueva ley de abusos se estaría trabajando actualmente para poder ser aprobada tras el verano, con el inicio del periodo legislativo en la Cámara de Vitoria.

Los ajustes que el Ejecutivo está reclamando al Gobierno vasco, según ha sabido El independiente, y que se están negociando ahora hacen referencia a que la nueva ley blinde los derechos a la presunción de inocencia, el derecho al honor, así como la protección de los datos de las personas afectadas en todos los procesos. En el borrador que se ultima se pretende además que la Comisión de Valoración que sería la encargada de analizar y establecer los casos de posibles abusos policiales no pueda actuar como un órgano juridisccional.

La redacción que ahora se trabaja pretende evitar que la norma alimente la llamada «teoría del conflicto» por la que en Euskadi se produjo una situación de violencia que enfrentó a dos partes casi por igual. Por ello, en la exposición de motivos quedará reflejado de modo nítido que los casos que se puedan analizar de posibles abusos policiales no se podrán equiparar de ningún modo con las víctimas de ETA.

El Gobierno exige que la nueva ley vasca blinde la presunción de inocencia, el derecho al honor y la protección de datos de los implicados

También se apela a la necesidad de que quede reflejado de modo evidente a lo largo de su articulado que pese a que el daño injusto causado pueda equiparar lo sufrido por las víctimas del terrorismo y las que pudieron padecer torturas, sus victimarios tuvieron fines muy distintos. De ETA deberá quedar claro que pretendió imponer un proyecto político totalitario y excluyente. En el caso de quienes pudieron practicar los abusos en el seno de la policía y los cuerpos de seguridad lo hicieron para «acelerar el final del terrorismo por medio ilícitos».

Grupo de trabajo

Todo apunta a que el Gobierno anunciará la no presentación del recurso ante el TC que inició el Ejecutivo de Mariano Rajoy tras el Consejo de Ministros de la próxima semana. Ya el delegado de Sánchez en Euskadi, Jesús Loza, avanzó que el acuerdo se encontraba avanzado y que confiaba en que se pudiera cerrar este mismo mes.

La decisión de retirar el recurso ante el Constitucional ha provocado un malestar profundo en los principales sindicatos y asociaciones de la Policía y la Guardia Civil, junto al Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco, (COVITE). Todas ellas han anunciado hoy que han constituido un grupo de trabajo que velará para «evitar que los desmanes y la debilidad de nuestros responsables políticos agravien con total impunidad la dignidad de las víctimas de la banda terrorista ETA de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad».

Sindicatos policiales y asociaciones de víctimas crean un grupo de trabajo para velar por la «dignidad» de quienes padecieron a ETA

Recuerdan que la pretensión del Ejecutivo es acordar con el Gobierno vasco una ley similar a la que contempla el reconocimiento por parte de un organismo administrativo «supuestos casos de torturas» que podrían basarse en «cualquier medio de prueba admisible en derecho, sin que sea preciso que haya existido un proceso judicial previo». Este grupo de trabajo anuncia que se empeñará en defender «la dignidad de quienes padecieron durante décadas la violencia de ETA» y para evitar que con este tipo de procesos se pretenda imponer «una narrativa de la actividad terrorista intoxicada y parcial».

Los sindicatos de policía SUP, CEP, UFP y SPP, la asociación unificada de la Guardia Civil AUGC y las asociaciones de víctimas Covite y ACFSE aseguraron en su primer comunicado conjunto que no se oponían a la denuncia de los casos de tortura. Mas aún, los que calificaron como «un crimen deleznable» que los gobiernos deben «impedir». Sin embargo, criticaron que con la ley vasca que se contempla en Euskadi, con una comisión administrativa como máximo órgano para dar por acreditados casos de abusos policiales, «se quiere perpetuar una falsa teoría de un conflicto entre dos partes en torno a lo que ha sucedido en el país Vasco en los últimos 50 años». Por ello exige al ministro del Interior que evite lo que consideran es un “ataque severo al Estado de derecho” y que podría perpetrar su propio Gobierno.

Artículos en suspenso

El citado recurso presentado contra la ley dejaba en suspenso una docena de artículos, fundamentalmente los relativos a la constitución de una comisión de valoración que sería la encargada de valorar las distintas denuncias de posibles abusos o torturas cometidos por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. En su caso, se procedería al reconocimiento de los mismos y a la reparación económica de quien los padeció. Un proceso que se llevaría a cabo al margen de los procedimientos judiciales y que impulsó, en gran medida, la presentación del recurso ante el Alto Tribunal por parte del anterior Gobierno.

El Gobierno vasco prevé que una comisión administrativa, al margen de la Justicia, reconozca y repare posibles casos de tortura

La ley fue aprobada por la Cámara vasca en julio de 2016. En ella se prevé el reconocimiento y reparación de las víctimas de excesos cometidos por distintos cuerpos policiales en Euskadi durante el periodo que va de 1978 a 1999. Una norma que incluso establece un baremo de reparaciones económicas a las víctimas. El recurso que ahora se retirará estaba pendiente de culminar ante el TC. Ahora, tras el cambio de Gobierno el Ejecutivo del PSOE ha decidido reconsiderar. El pasado día 4, tras reunirse con el lehendakari Iñigo Urkullu, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza, aseguró que en esta cuestión “el tiempo nos apremia un poco” y aseguró que este mismo mes debería quedar resuelta la cuestión. La fórmula en la que se trabaja pasaría por introducir pequeñas modificaciones en la ley 12/2016 de 28 de julio.

Por el momento, y antes de que se haya procedido a retirar el recurso, el Ejecutivo de Iñigo Urkullu ya ha designado a la decena de integrantes -y sus respectivos suplentes- de esa comisión de evaluación. El Secretario de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, Jonan Fernández, ha firmado el nombramiento de los expertos. Son los que deberán evaluar todas las denuncias de abusos policiales y posibles torturas que se presenten para decidir si merecen ser reconocidas como tales y por tanto tienen derecho a algún tipo de reparación. Entre los seleccionados figuran juristas, peritos forenses, psicólogos o historiadores. Destaca Francisco Etxebarria, el forense en el que el Gobierno Vasco se ha apoyado para impulsar esta ley de abusos policiales.