Carles Puigdemont ha llegado este sábado a Bruselas con la convicción de que ha derrotado a la Justicia española y la firme intención de reactivar el frente internacional del conflicto catalán. La Casa de Waterloo acogerá de nuevo al ex president, ahora con nuevos apoyos económicos y administrativos, gracias a la reclamada Oficina de President, que el Govern lleva semanas preparando.

El propio Puigdemont dejó claro el miércoles, en su última comparecencia desde Alemania, que su objetivo ahora será poner en marcha el Consejo de la República -al que el líder socialista Miquel Iceta ha criticado abiertamente: «El Consell es absolutamente irrelevante, no existe«- , un organismo que debe teledirigir el proceso independentista desde Bruselas y mantener el debate en la agenda europea. Y aseguró que la pérdida del sueldo de diputado no será un impedimento para ello, recordando la «solidaridad» de los independentistas como fuente principal de ingresos para los huidos.

«Tengo la ayuda de mucha gente en Cataluña que desde antes del 1-O están solidarizándose con los nosotros, si hemos llegado hasta aquí no ha sido por nuestros sueldos sino por la solidaridad» argumentó Puigdemont cuando se le requirió de qué vivirá a partir de ahora. Unas donaciones que nunca se han aclarado demasiado, puesto que las aportaciones a las «cajas de solidaridad» gestionadas por ANC y Omnium se han vehiculado para el pago de finanzas, defensas legales y apoyo a las familias de los políticos presos.

El futuro de la Oficina del President

Con el regreso de Puigdemont a la casa de Waterloo, en Bélgica, se plantea ahora el futuro de la Oficina del President que el Govern empezó a activar el pasado 2 de junio, con el nombramiento de Josep Lluís Alay. Una oficina que desde el Govern aseguran que seguirá teniendo su sede en el Palau Centelles de Barcelona, pero que podría moverse en los próximos meses.

El PP propuso en el Parlament reformar la Ley de ex presidentes para que sólo puedan beneficiarse de tal condición si residen en Cataluña y no están inmersos en procesos judiciales, pero la mayoría independentista frenó la reforma.

Oficina, jefe de gabinete, dos administrativos y coche oficial con chófer, la dotación para los ex presidentes de la Generalitat

El Decreto de régimen estatutario de los expresidentes aprobado en 2003 por el último gobierno de Jordi Pujol establece la asignación de tres puestos de trabajo con asignación de nivel máximo en la administración catalana para uno de ellos -el puesto que ocupará Alay-, adscritos al Departamento de Presidencia.  Además de una dotación presupuestaria para la oficina que se fija anualmente en los Presupuestos de la Generalitat. Los ex presidentes tienen derecho también a coche oficial con chófer y “los servicios de seguridad necesarios”.

La ley de Presidencia fija además para los ex presidentes una asignación del 80% del sueldo de president durante los cuatro años posteriores a haber ocupado el cargo, y una pensión vitalicia del 60% después. Pero Puigdemont no puede acceder a esa asignación porque sigue ostentando la condición de diputado, aunque haya sido suspendido por el Tribunal Supremo.

De hecho el ex presidente catalán había renunciado de momento a ese asignación, porque cobra un sueldo público como diputado del Parlament -su grupo ha reclamado además que cobre las dietas, pese a no haber pisado el hemiciclo esta legislatura, como es notorio-.