La inquietud inicial pronto se transformó en apoyo. Bastó una reunión en el Ministerio de Justicia francés para calmar a las víctimas de ETA. Sucedió en enero, cuando el Gobierno francés anunció que se disponía a acercar presos de ETA a cárceles galas próximas a Euskadi. Antes, accedió a informar a los colectivos de víctimas y a garantizar transparencia en la medida con la que terminaría con la política de alejamiento.

Pero la sintonía ha tardado poco en romperse. Seis meses después del primer traslado de un preso de la banda, muchas víctimas se sienten “traicionadas” por el Ejecutivo Macron. Le acusan de haber rebasado las “líneas rojas” que el propio Gobierno francés se había fijado y que se comprometió a garantizar en un intento por enfriar los temores y relajar resistencias de las víctimas en nuestro país.

Covite recuerda a Davo que se comprometió a trasladar sólo presos sin delitos de sangre y sin causas pendientes”

Ahora, la presidenta del Colectivo de Víctimas del País Vasco, Consuelo Ordóñez, ha sido la primera en pedir explicaciones a la responsable que ha guiado la política de acercamiento de etarras promovida por el Ministerio de Justicia de Macrón. El jueves remitió una carta a la magistrada Heléne Davo, directora adjunta del Gabinete de la Ministra de Justicia, Nicole Belloubet en la que le trasladaba su malestar.

‘Líneas rojas’ incumplidas

En ella Ordóñez le recuerda que entre los cerca de una veintena de acercamientos de etarras a las cárceles de Mont de Marsan y Lannemezan -las más próximas a Euskadi- llevados a cabo hasta ahora existen presos con condenas por delitos de sangre, así como reclusos con causas pendientes con la Audiencia Nacional. Francia les había asegurado que no lo haría, que no acercaría a etarras en esas circustancias.

En la misiva la presidenta de Covite le reprocha a Davo que de algún modo, conocer que se ha acercado a etarras que incumplían las “líneas rojas” que se les habían garantizado a las víctimas hace que se sientan “en cierto modo traicionados”. Lamenta haber tenido que descubrir a través de los medios de comunicación que el Gobierno francés “ha cambiado de criterio”.

Ordóñez asegura que Francia calificó de ‘error’ el primer caso con el que incumplió sus ‘líneas rojas'”

En la carta le recuerda que ya se pusieron en contacto con ella tras tener conocimiento del traslado del primer preso que incumplía “las líneas rojas que supuestamente el Gobierno de Emannuelle Macron se había impuesto en la política de acercamientos”. Señala que entonces la magistrada “nos explicó que se había tratado de un error”. Tras constatar que se ha seguido acercando a etarras que no reunían las condiciones que se les prometieron a las víctimas -carecer de delitos de sangre, tener gran parte de la pena cumplida y haberse desmarcado de la violencia- solicitan una reunión a Davo. Le reclaman que les aclare “cuál es la posición real del Gobierno”.

Reproches a Davo

Ordóñez llega a afear a Davo la posición en la que el cambio de criterio del Ejecutivo. Asegura que en España organizaciones como Covite avalaron la medida penitenciaria ya que “usted nos dijo que no acercarían presos con delitos de sangre y causas pendientes”. Un apoyo que se produjo en pleno debate sobre el final del alejamiento al colectivo de presos de ETA en España y al que ahora Sánchez ha anunciado que quiere poner fin.

El acercamiento de etarras en Francia supuso desbloquear una cuestión que tanto desde el entorno etarra como de las formaciones nacionalistas vascas se venía exigiendo al anterior Gobierno, el de Mariano Rajoy. Incluso se llegó a apuntar, y aún hoy se hace en referencia al procedimiento que pueda aplicar el Ejecutivo Sánchez, que la modalidad de traslados aplicada por Francia puede inspirar el final de la dispersión en España.

El Ejecutivo mantiene su deseo de comenzar a acercar a prisiones próximas al País Vasco a reclusos de la banda. El plan inicial pasa por llevar a cabo los primeros traslados este mismo mes de agosto. En la lista está previsto incluir en una primera fase a reclusos gravemente enfermos, como Kepa Arronategi Azurmendi, que cumple condena de 72 años en la cárcel de Almería y padece un grave trastorno psíquico. Junto a él, el Gobierno ya tiene identificados los posibles presos sin delitos de sangre -que representan el 45% del total del colectivo de presos de ETA en las prisiones españolas-.