Asociaciones de jueces y fiscales han alzado este viernes la voz contra el Gobierno y contra la ministra de Justicia, Dolores Delgado, por la falta de amparo del Ejecutivo al juez Llarena después de la demanda civil interpuesta en Bélgica por el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y sus exconsejeros prófugos de la Justicia española. En un comunicado, muestran su «sorpresa ante lo que solo puede calificarse –en este caso- como una clara dejación de funciones por parte del Gobierno de España», que anunció el jueves que sólo defenderá al magistrado si Bélgica cuestiona su instrucción y no por sus manifestaciones de ámbito privado.

Las asociaciones judiciales -Asociación Profesional de la Magistratura,  Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente- y las asociaciones de fiscales -Asociación de Fiscales y Asociación Profesional Independiente de Fiscales- defienden «la integridad de los Jueces españoles, la independencia de nuestro Poder Judicial y la inmunidad de la jurisdicción española, que no puede ser fiscalizada –directa o indirectamente- por los tribunales de un país extranjero valiéndose además de cauces que incurren en claro fraude de ley».

Recuerdan los fiscales que Llarena tiene el amparo del Consejo General del Poder Judicial y sostienen que «defender a la Justicia española no es otra cosa que defender la propia soberanía del Estado, como pilar esencial de nuestra propia configuración política». Luego pasan a censurar directamente a la ministra Dolores Delgado: «Escudarse en matices como los anunciados por la Ministra de Justicia para rechazar la defensa de un Magistrado que viene siendo objeto de ataques intolerables precisamente por su actuación ajustada a cuanto nos impone la Constitución, implica una incomprensible dejación de la propia defensa del Estado.

Solicitan los fiscales, finalmente, una rectificación a la ministra Delgado: «Instamos del Ministerio de Justicia, una clara y abierta defensa de la jurisdicción española, sin reparos como los que ha expuesto, y que dé cumplimiento a las medidas que se la han solicitado desde el Consejo General del Poder Judicial al estimar la petición de amparo promovida por el Magistrado instructor, mediante la inmediata personación en el procedimiento, exigiendo que se asuma, en la forma que resulte oportuna, la defensa del Magistrado afectado, que no es otra cosa que defender a la Justicia española en su conjunto», concluye.