La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha negado este lunes que se haya producido un cambio de posición en el Gobierno sobre la defensa del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena frente a la demanda civil que los políticos independentistas fugados de España han presentado contra él en Bélgica y ha asegurado que el Ejecutivo defenderá en Bélgica hasta las últimas consecuencias la integridad jurisdiccional y los intereses de España, que pasa también por «defender la actuación jurisdiccional» del magistrado.

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Para Delgado «no ha habido un cambio de posición del Ejecutivo o del Ministerio de Justicia» sino «un estudio de cada una de las acciones que se debían realizar para realizarlas bien» y, por tanto, «no existe una fisura entre la Abogacía General del Estado, el Gobierno y la ministra de Justicia». «Lo puedo garantizar», ha zanjado en una entrevista en Radio Nacional.

Respecto al informe inicial que hizo la Abogacía del Estado sobre el caso «no existe ni un sólo informe oficial» que cierre la posición del Ejecutivo, según ha explicado en relación a la publicación de «determinadas informaciones» que no sabe «si interesadas o intoxicadas», en las que se «manejaba documentación que no eran informes definitivos». En esta línea, ha argumentado que el Gobierno ha hecho «un ejercicio de transparencia»: «Cada paso que ha dado el Ministerio de Justicia, la Abogacía General del Estado, las personas y el equipo que estamos involucrados en el estudio de este asunto ha sido comunicado y por eso hemos ido en esta evolución».

En espera de saber si el día 4 de septiembre tendrá que comparecer Llarena en Bélgica y si finalmente se admite la demanda, Delgado ha salido al paso de las críticas que se han vertido los últimos días al Gobierno, la titular de Justicia ha defendido la «línea constante» que ha mantenido el Ejecutivo y la «gran responsabilidad» con la que ha actuado. También ha reiterado que la posición de España ha sido siempre la de defender su soberanía jurisdiccional, desde que en torno al pasado 10 de julio el Consejo General Poder Judicial informara de la demanda civil contra Llarena.

Ella misma y el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrel, tomaron nota de la misiva del órgano de gobierno de los jueces y se pusieron en contacto con sus homólogos belgas, ha explicado Delgado, quien ha relatado que Llarena pidió amparo al CGPJ y el día 16 de agosto la Comisión Permanente del Consejo acordó comunicar la situación a los dos ministerios. Además, el CGPJ les pidió que realizaran todo lo que estuviera en manos del Gobierno para mantener la integridad e impunidad jurisdiccional de España. «Inmediatamente» se pusieron a trabajar sobre esa demanda civil contra el honor de Llarena, pero «con un trasfondo que puede afectar a nuestra jurisdicción», ha añadido.

España «no puede intervenir directamente»

Partiendo de la base de que se trata de un tribunal extranjero ordinario donde la Abogacía del Estado «no puede intervenir directamente», como sí podría si la demanda se instruyera en los tribunales internacionales de La Haya o Estrasburgo. De manera que España sólo puede intervenir en este caso a través de una representación letrada de Bélgica, ha precisado Delgado, quien ha aludido a un acuerdo suscrito en 2010 entre el CGPJ y el Ministerio según el cual los servicios del Estado darán protección jurídica a los jueces si, por ejemplo, se les ataca por hechos relativos a su función.

Delgado se ha referido a la necesidad de contratar los servicios de un bufete belga, que está a la espera de la aprobación por parte de la Intervención General del Estado, a la vez que se trabaja para definir la mejor estrategia de defensa. No se trata de una decisión política, sino técnica, con respeto a la jurisdicción belga, ha resaltado la ministra, quien ha precisado que Justicia trabaja con todos los escenarios posibles y con una «mirada de futuro». Ha reconocido que en la demanda civil hay una parte referida a las declaraciones de Llarena, pero la mayor parte del procedimiento ser refiere al «procés». «No vamos a transigir lo más mínimo», ha asegurado Delgado, quien ha negado que haya algún tipo de «fisura» entre la Abogacía del Estado y el Gobierno o ella misma.