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El PP pide estudiar una querella contra el juzgado belga que lleva la demanda a Llarena

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El PP pide estudiar una querella contra el juzgado belga que lleva la demanda a Llarena
Pablo Casado, durante una rueda de prensa en Moncloa.

Pablo Casado, durante una rueda de prensa en Moncloa. EFE

Resumen:

El presidente del PP, Pablo Casado, ha instado este lunes a la Fiscalía General del Estado que estudie si puede querellarse contra el juzgado belga que lleva la demanda contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena por "inmiscuirse en la inmunidad y la integridad de la jurisdicción española". En declaraciones antes del inicio de la Diputación Permanente, Casado ha considerado que esta demanda, interpuesta ante los tribunales belgas por el ex president Carles Puigdemont y cuatro de su ex consellers contra Llarena, que instruye la causa del procés, es una "afrenta" a todo el Poder Judicial Español y el Gobierno debe defenderlo.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha instado este lunes a la Fiscalía General del Estado que estudie si puede querellarse contra el juzgado belga que lleva la demanda contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena por «inmiscuirse en la inmunidad y la integridad de la jurisdicción española».

En declaraciones antes del inicio de la Diputación Permanente, Casado ha considerado que esta demanda, interpuesta ante los tribunales belgas por el ex president Carles Puigdemont y cuatro de su ex consellers contra Llarena, que instruye la causa del procés, es una «afrenta» a todo el Poder Judicial Español y el Gobierno debe defenderlo.

Casado ha criticado lo que considera «bandazos» del Ejecutivo en esta materia de la defensa de Llarena e incluso ha considerado que «es falso» que el Gobierno lleva días trabajando en esta línea, ya que le sorprende que lo diga ahora, después de las «presiones» del PP y de su amparo a asociaciones de jueces y fiscales.

También ha reclamado al Gobierno que «ponga orden» en el uso de los lazos amarillos, un ámbito en el que ha pedido que la Fiscalía actúe de oficio en el caso de que un ciudadano sea agredido por independentistas por retirar estos símbolos que «insultan a la democracia y al Estado de derecho».

A su juicio, el Ejecutivo tiene que «poner coto» al uso de los lazos amarillos, después de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, haya entrado con uno en la solapa en La Moncloa, y ha abogado por el control de su uso tanto colgadas en instituciones oficiales como en el Congreso y el Senado, donde los llevan algunos parlamentarios.