Política

El PP planea una ofensiva contra Valerio por la demora de la jubilación anticipada de la Policía Local

Prevé dedicarle varias preguntas parlamentarias y elaborar una proposición no de Ley como antesala a las movilizaciones de los sindicatos

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El PP planea una ofensiva contra Valerio por la demora de la jubilación anticipada de la Policía Local

Policías municipales EUROPA PRESS

Resumen:

El Real Decreto que debe regular la jubilación anticipada de los policías locales antes de los 60 años se ha convertido en un instrumento político.

Después de que el PP introdujera, un día antes de una gran movilización de sindicatos y policías sindicales, una enmienda en los Presupuesto de 2018 estableciendo el germen de esta regulación, mediante la fijación de los coeficientes de sobrecotización que deben operar en este caso para que la Seguridad Social no sufra el impacto de las jubilaciones tempranas en sus finanzas, el Real Decreto que debería fijar la letra pequeña aún no se ha aprobado.

Con el cambio de Gobierno, el Ministerio de Trabajo se comprometió antes del verano a zanjar a la mayor brevedad este asunto heredado del anterior Ejecutivo, pero a día de hoy no lo ha hecho.

El Real Decreto que debe regular la jubilación anticipada de los policías locales antes de los 60 años se ha convertido en un instrumento político.

Después de que el PP introdujera, un día antes de una gran movilización de sindicatos y policías sindicales, una enmienda en los Presupuesto de 2018 estableciendo el germen de esta regulación, mediante la fijación de los coeficientes de sobrecotización que deben operar en este caso para que la Seguridad Social no sufra el impacto de las jubilaciones tempranas en sus finanzas, el Real Decreto que debería fijar la letra pequeña aún no se ha aprobado.

Con el cambio de Gobierno, el Ministerio de Trabajo se comprometió antes del verano a zanjar a la mayor brevedad este asunto heredado del anterior Ejecutivo, pero a día de hoy no lo ha hecho.

Cosas de la política, es el Gobierno socialista el que recibe ahora las presiones de los sindicatos y las plataformas de policías por la demora del decreto, y el PP, que en su anterior etapa en el Gobierno llegó un año tarde respecto a lo que se había comprometido con sus enmiendas, adopte ahora el papel de azuzador. A los sindicatos les da igual el color del Gobierno y prevén volver a movilizarse ahora como lo hicieron durante la última Legislatura.

En ese nuevo rol, el Grupo Popular en el Congreso prepara ya una ofensiva parlamentaria para presionar a Valerio a propósito del asunto, tal y como han adelantado representantes de la formación a miembros de la Plataforma Nacional por el Anticipo de la Jubilación Anticipada –CSIF, COP, CSL, CCOO y UGT–. Precisamente fuentes de CSI-F, han avanzado, como luego han confirmado fuentes de los popularesque a Valerio le esperan en las próximas semanas varias preguntas orales en el Congreso y una proposición no de Ley que el PP se dispone a redactar para meter presión.

¿Qué es lo que está ocurriendo?

A simple vista no parece comprensible lo que está ocurriendo. El anterior Gobierno contaba con todos los informes preceptivos para elevar el borrador de Real Decreto al Consejo de Estado antes de su aprobación definitiva. De lo contrario no habría podido incluir esta cuestión vía enmienda en los Presupuestos, según aseguran desde el PP. “Llegaron en el último momento, pero obviamente no habríamos podido hacerlo sin el consentimiento de Hacienda”, asegura la diputada del PP Ana Vázquez.

Sin embargo, la versión que trasladan los sindicatos es que, si aparentemente el Gobierno anterior había dejado sin resolver el último informe de Hacienda, “finalmente apareció” con fecha del 17 de mayo, pocos días antes de la presentación de las enmiendas a los Presupuestos, según precisan desde UGT. Sin embargo, este informe no habría tenido validez al no haberse incluido en el expediente del Real Decreto.

Ante esta situación, el Gobierno socialista habría pedido nuevos informes. Algunos de ellos planteando la posibilidad de aplicar un régimen transitorio para que la norma no supusiera una jubilación en tromba que dejara a los ayuntamientos sin efectivos en tanto que la formación de un nuevo policía local puede superar el año.

Uno de estos informes se solicitó a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que en su respuesta el pasado 10 de septiembre, a la que ha tenido acceso El Independiente, se informaba al secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, de la oposición tanto de la federación como de los colectivos de policías a que la puesta en marcha de la medida se escalonara entre 2019 y 2020, más aún cuando el Gobierno del PP incumplió su compromiso de haberla puesta en marcha en 2018.

En una carta, un día después, el propio Granado respondía a los sindicatos que había solicitado el pasado 7 de agosto los informes necesarios y que hasta la fecha contaba con respuesta favorable de la FEMP y Política Territorial, pero no de Hacienda. No obstante, informaba de que había mantenido contactos con la secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, desde la que se había pedido una reunión para aclarar cuestiones técnicas y que se celebraría en “los próximos días”. Dicho esto, Granado reiteraba el “interés” del Gobierno por sacar adelante la jubilación anticipada de los policías locales.

Con estos flecos e intercambios de documentos sobre la mesa, una parte de los sindicatos temen que los técnicos de Hacienda, que no han variado desde el anterior etapa de Cristóbal Montoro, estén entorpeciendo el procedimiento. Sin embargo, Vázquez asegura que el problema se encuentra en el Ministerio de Trabajo y a él piensa dirigir su ofensiva el PP.

Por su parte, los sindicatos ya piensan en reproducir contra el Gobierno socialista la misma estrategia, empezando por al presión política y siguiendo por las movilizaciones en las calles. Habrá que ver si el desenlace, una vez más parece inminente y acaba por no serlo o si Valerio es capaz finalmente de cerrar con satisfacción para todas las partes el asunto.