Política

Educación se negó a inscribir los títulos de los abogados italianos y la URJC recurrió

Fachada de una de las sedes de la Universidad Rey Juan Carlos. EFE

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se negó a inscribir en el Registro Nacional de Titulados Universitarios los diplomas de licenciado en Derecho de estudiantes italianos expedidos por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), que interpuso un recurso-contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al entender que la convalidación parcial de estudios extranjeros es una vía de acceso correcta.

La existencia de dicha resolución ministerial la ha dado a conocer este jueves el Colegio de Abogados de Madrid, que suspendió los expedientes de revisión de oficio de colegiaciones de licenciados italianos que había iniciado a la espera de que la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM dicte sentencia. El Colegio que dirige José María Alonso ha indicado que dio de alta a dichos estudiantes «en la seguridad o confianza» de que los títulos expedidos por la URJC «eran válidos», dado que la normativa lo permitía.

Como viene informando este diario, la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras (UCRIF) investiga bajo la dirección del Juzgado de Instrucción 40 de Madrid la colegiación masiva de estudiantes italianos en España al margen presuntamente del procedimiento legal. El procedimiento utilizado sería la convalidación de los estudios realizados en Italia por una parte de la carrera de Derecho y la realización de un examen o prueba de conjunto realizado en la URJC, los que les permitía obtener la licenciatura y eludir así el máster de acceso a la abogacía -obligatorio desde finales de 2011 para los graduados- para poder ejercer la profesión.

La ley sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, aprobada en octubre de 2006 pero en vigor desde finales de 2011, incluía una disposición adicional -la octava- que eximía de tener que realizar el máster a quienes tuvieran un título de licenciado en Derecho después de la entrada en vigor de la ley (31 octubre de octubre de 2011) si se colegiaban en el plazo de dos años desde el momento en que estaban en condiciones de solicitar la expedición del título oficial.

Es el camino que siguieron supuestamente los 500 alumnos que el 28 de mayo de 2016 acudieron al campus de la URJC para realizar un «examen o prueba de conjunto» para obtener la licenciatura y, acogiéndose al citado precepto normativo, poder iniciar la actividad profesional «mediante la simple colegiación en España, es decir, sin someterse a la vigente prueba de acceso a la profesión de abogado».

«Fraude»

Para los denunciantes, la convalidación parcial de estudios extranjeros para la obtención del título de licenciado supondría «no sólo una contravención del ordenamiento educativo», sino un «fraude» de lo que lo que prevé la Ley sobre el Acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales. Esta norma introducía nuevas exigencias para poder ejercer como abogado una vez superada la carrera de Derecho: un máster, un periodo de prácticas y el examen de acceso a la profesión.

Así lo denunció el Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción a principios de julio de 2016 ante la Fiscalía de Madrid, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, lo que motivó las pesquisas que ahora se han conocido. La Policía Nacional ha requerido documentación a la Universidad Rey Juan Carlos y ha tomado como declaración al profesor Pablo Acosta, la persona a la que el rector puso al frente del Instituto de Derecho Público -el organismo que impartió los másteres de Cristina Cifuentes, Pablo Casado y Carmen Montón, entre otros- tras apartar provisionalmente a Enrique Álvarez Conde después de que estallara el escándalo.

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