El independentismo ha sumado un nuevo argumento a la descalificación de la Justicia española con los mails filtrados de jueces en contra del proceso independentista. Unos correos que han servido hoy al presidente de la Generalitat, Quim Torra, para pedir la dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, mientras el PDeCat ha pedido la comparecencia de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, para que explique «los insultos y descalificaciones a los dirigentes independentistas catalanes a través del correo oficial del CGPJ».

En un mensaje institucional, Torra ha anunciado además que este mismo miércoles pedirá al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una actuación «inmediata y contundente», y exige la «puesta en libertad inmediata de las personas injustamente encarceladas y el retorno de los exiliados, así como la anulación de todas las instrucciones de tribunales contra el proceso independentista».

Quim Torra respondía así a la publicación en Eldiario.es y El Món de varios mails de jueces que en el foro corporativo del CGPJ descalifican a los dirigentes independentistas acusándolos de «golpistas», les acusan de «inocular el odio» y vinculan al independentismo con el nazismo.

El presidente catalán ha reclamado que se abra una investigación para identificar a los autores de los mensajes y en qué procesos judiciales han participado, además de exigir que la Fiscalía General del Estado «depure las responsabilidades penales que puedan tener los autores de los mensajes». Torra ha anunciado también su intención de recurrir a las autoridades europeas para que «actúen con España y los fallos de su sistema judicial, como harían con cualquier estado que entrara en una deriva autoritaria».

Torra exige «depurar responsabilidades penales que puedan tener los autores de los mensajes»

Tras conocerse los mensajes el presidente catalán ha emitido un mensaje institucional en el que defiende que los ciudadanos catalanes «están indefensos ante el sistema judicial» y que «no existe seguridad jurídica» para los independentistas, por lo que encargará a la Generalitat un informe jurídico sobre posibles acciones a emprender, al considerar que los mails demuestran que la Justicia española no ha sido imparcial.

Las conversaciones «atentan contra los principios básicos» de la justicia, afirma Torra, que lamenta los «insultos, llamamientos ha defender planteamientos políticos, burlas contra los ciudadanos y amenazas son comportamientos inaceptables» para la judicatura de un país democrático. «La gravedad» de los mensajes conocidos, añade, «cuestionan las bases de cualquier estado democrático de derecho» porque los mails demuestran que los jueces «tiene un interés directo en las causas que están juzgando».

Por su parte la consellera de Justicia de la Generalitat, la republicana Ester Capella, ha mostrado su preocupación por los mensajes de jueces publicados a través de un ‘chat’ oficial de la judicatura contra dirigentes independentistas catalanes y ha considerado que pueden inhabilitarles para juzgar la causa del proceso independentista.

JpD limita el alcance de los comentarios

La portavoz de Jueces por la Democracia y magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Montserrat Comas, ha asegurado por su parte que ninguno de los jueces que suscribe esos comentarios ha participado en la instrucción de los procesos derivados del 1-O. Comas ha reconocido haber comprobado quienes son los autores de los polémicos correos y ha asegurado, sin identificarlos, que no participan en las causas contra el independentismo.

«Se trata de una treintena de jueces» ha apuntado Comas en declaraciones a Catalunya Ràdio, «son lamentables, pero se trata de una minoría» dentro del conjunto de la magistratura española, ha concluido la portavoz de JpD.

Comas se refería así a la publicación de una serie de mensajes privados escritos por diversos jueces en el foro del CGPJ. Mensajes en los que se tilda a los manifestantes independentistas de «criminales», «violentos» o «extremistas», o se afirma que la sociedad catalana «inocula el veneno del odio» a lo español.