Quim Torra telefoneó la semana pasada a Pedro Sánchez para expresarle sus quejas por el chat de jueces en el que se descalificaba al independentismo y reclamarle la dimisión del presidente del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Carlos Lesmes. Así lo ha explicado el propio presidente de la Generalitat en la comparecencia de presentación de su Plan de gobierno.

Torra ha reconocido que la única respuesta de Sánchez fue la defensa de la independencia judicial, para negarse a tomar ninguna iniciativa. El presidente catalán ha negado, además, que trataran el compromiso del Gobierno para que la Fiscalía rebaje las calificaciones penales contra los líderes del proceso independentista anunciado por el conseller Ernest Maragall y negado por la ministra Meritxell Batet.

No ha negado la existencia del compromiso explicado por Maragall, pero ha apuntado que "nunca hablo con Sánchez sobre la Fiscalía" porque "nunca negociaré sobre presos políticos, ellos me piden no ser moneda de cambio de nada".

El presidente ha descalificado además las declaraciones de la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera, sobre un eventual indulto a los líderes del 1-O, recordando que los propios presos "nunca han pedido el indulto porque no son culpables de ningún delito" y ha respondido a la vicepresidenta, Carmen Calvo, que "lo justo seria que los presos pudieran estar en casa".

Plan de gobierno

"Tenemos un mandato republicano que cumplir pero también tenemos un mandato para servir con decisión a una ciudadanía de 7,5 millones de catalanes en términos de justicia social y creación de riqueza". Quim Torra se ha "auto citado" hoy para definir el Plan de Gobierno aprobado por el ejecutivo catalán centrado en la reivindicación de la "república del 27 de octubre", con la promesa pareja de 1.000 medidas en 22 ámbitos de actuación para atender las necesidades del conjunto de los catalanes.

Un "plan de gobierno para cuatro años" ha asegurado Torra, que ha defendido insistentemente que es compatible la negociación con el Gobierno para convertir al ICF en banca pública, el traspaso de Cercanías o la convocatoria de nuevas promociones anuales de Mossos d'Esquadra con la creación de ese Foro constituyente al frente del cual colocará a la consellera de Presidencia, Elsa Artadi. Precisamente una de las máximas responsables de la negociación con el Gobierno.

El plan presentado hoy por Torra tiene cuatro ejes: "un país cohesionado, una economía próspera, responsable y sostenible, una sociedad fortalecida democráticamente, libre y justa, y una Cataluña abierta al mundo". Pero antes de explicarlos, Torra ha dejado claro en qué fase se encuentra su gobierno respecto a la promesa de la independencia: el Govern da por concluida "la fase de la restitución en el ámbito de las instituciones catalanas, aunque no lo estará nunca hasta que Puigdemont vuelva a ser presidente de Cataluña".

"En octubre entramos en segunda fase" ha anunciado Torra, en la que pondrán las bases de la "marcha imparable hacia la república" con la que el presidente de la Generalitat se ha vuelto a comprometer hoy.

El primer paso será la presentación de las conclusiones del Comisionado del 155, creado para hacer un balance de los costes de la aplicación del 155, que Torra ha dejado claro que centrará buena parte del Debate de Política General con el que la próxima semana se reabrirá el funcionamiento ordinario del Parlament.

Además, en la próxima reunión del Govern -que se celebrará excepcionalmente en lunes para coincidir con el 1-O, en Sant Julia de Ramis, donde debía votar Puigdemont y se produjeron cargas policiales- el Govern nombrará al responsable de Oficina de Derechos Civiles y Políticas, destinada a dar apoyo jurídico a todos los implicados en procesos judiciales derivados de la participación en el referéndum y las huelgas y protestas de las semanas y meses posteriores.

La constitución catalana

La gran apuesta, sin embargo, con la que contentar al sector más impaciente del independentismo será la creación antes del 15 de octubre del Fórum cívico, social y constituyente. Un foro que debe "trazar las líneas en la marcha imparable hacia la republica catalana y las bases de la futura constitución de Cataluña" ha explicado Torra. Un Foro que ha prometido que será "diverso" aunque no ha querido avanzar quién lo integrará, ni cuál será el criterio para formar parte de él.

El president ha insistido además en el compromiso de recuperación de todas las leyes suspendidas, durante la anterior legislatura. "El Gobierno ha levantado una suspensión" ha reconocido en referencia a la Ley de salud universal, pero ha dejado claro que "seguiremos adelante con el resto" y ha advertido de que si la negociación con el ejecutivo del PSOE no permite llegar a acuerdos, el Govern avanzará por su cuenta recuperando esas leyes por la vía de volver a aprobarlas no levanta en uno de los objetivos básicos de la defensa de los valores.

Torra ha reivindicado además la "marcha por los derechos civiles" propuesta en la conferencia del pasado 4 de septiembre y ha reclamado, a las puertas del primer aniversario del referéndum independentista, convertir esa jornada en "una diada reivindicativa de un día de victoria".

En este sentido, el president ha dejado claro que "el punto de partida es el referéndum del 1-O y la república proclamada el 27 de octubre" y ha insistido en denunciar el "golpe a la democracia" que ha su juicio supuso la aplicación del 155. Cataluña "ha estado siete meses sin instituciones. Esto ha afectado a los más vulnerables" ha argumentado, denunciando los "más de 900 millones en subvenciones al tercer sector paralizadas"