El líder del PP, Pablo Casado, recibe a El Independiente en el cuartel general del PP unas horas antes de que Pablo Iglesias se reuniera con Oriol Junqueras en la cárcel de Lledoners. Su agenda no le deja un respiro. Está en una carrera contra reloj por demostrar que su partido puede volver a ser el más votado y que ha superado ya el trauma de la salida de Rajoy. Para ello, Casado ha diseñado una línea de oposición al gobierno de Sánchez clara y rotunda. No le va a dar ni un respiro. Y la primera batalla se presenta ahora con los presupuestos, cuya aprobación intentará evitar por todos los medios. En Cataluña se muestra inflexible. Quiere un 155 duro y que no haya negociación con los independentistas.

Sin duda, son apuestas arriesgadas, pero él espera que le sitúen como el líder de la gran derecha, robando votos tanto a Ciudadanos como a Vox. Con Casado se ha puesto fin a 18 años de tecnocracia en el PP. Su primer gran reto: Andalucía.

Pregunta. -¿Qué le dijo usted a Merkel cuando se reunió con ella sobre el borrador de presupuesto español presentado por Pedro Sánchez?

Respuesta.- No fue el primero de los temas que tratamos porque la jornada precisamente era preparatoria del Congreso de Helsinki, y estuvimos hablando en general de España, de Alemania… En política económica compartimos los mismos criterios de rigor presupuestario, porque, al final, es lo único que permite crecer, recaudar y crear empleo. Lo que le comenté es que el rigor que había tenido el gobierno español en los años de gobierno del Partido Popular es el que yo quería mantener, y que es bueno que el gobierno de España sepa que no se puede hacer demagogia con la política presupuestaria. Las reuniones previas de los partidos antes del Consejo Europeo están para eso. Alemania no tiene que supervisar la política de España y la CDU no tiene que supervisar la política del PP, pero sí que es bueno que entre aliados podamos poner en común cual es la posición del partido.

P. -Y ella ¿qué le dijo?

R. -Las conversaciones privadas no las cuento. Lo que puedo decir es que está de acuerdo en que el PP protagonizó unas cifras económicas muy positivas, precisamente porque fuimos responsables. El segundo milagro económico que ha vivido España después del que protagonizó Aznar en los 90 es el que ha protagonizado Rajoy en sus dos legislaturas. Entregamos un país después de la moción de censura creciendo al 3%, con recaudación histórica, habiendo creado 3,8 millones de empleos y con unos presupuestos muy expansivos tanto en salario mínimo como en pensiones y en el sueldo de los funcionarios. Por tanto, era innecesario subir 6.000 millones de euros de gasto cuando habíamos recaudado 22.000 millones de euros más que el año pasado. Mi percepción es que esto es para financiar una campaña electoral larga de dos años. El gobierno sabe que hasta marzo del 2020 no veremos el efecto de esas desviaciones del déficit. Cuando yo advertí en sede Parlamentaria de que la previsión de presupuesto era la primera vez en la historia que se presentaba en Bruselas sin haber aprobado el techo de gasto y que, además, iba contra la ley en vigor, hubo palabras gruesas. 24 horas después lo han acabado reconociendo porque el gobierno ya empieza a decir que a lo mejor tiene que entregar el presupuesto ceñido al 1,3 de la senda de déficit. El gasto extra es para dar cumplimiento a las peticiones de Podemos.

P. -El ministro Borrell ha dado por hecho que, al final, los independentistas apoyarán el presupuesto ¿Está de acuerdo?

R. -Bueno, han mandado al vicepresidente económico Pablo Iglesias a negociar en la cárcel de Lledoners con Junqueras, lo cual es algo absolutamente vergonzante para España. Que el gobierno del reino de España negocie el presupuesto, la ley más importante del año, en una cárcel es algo patético y muy grave. Más grave aún que si se confirma que la reunión de Zapatero con Otegi también fue para explorar cauces de colaboración con Batasuna, es decir con Bildu, sobre los presupuestos generales. El problema de este gobierno es que, además de ser un gobierno tocado y casi hundido con dos ministros dimitidos y con otros tres puestos en duda, tiene la espada de Damocles de sus socios de moción de censura. El gobierno de España es rehén de sus compromisos con ERC, PDeCAT, Bildu y Podemos. Es gravísimo no sólo para la estabilidad económica, sino para la dignidad política de España. A lo mejor, cuando decía Borrell que Cataluña es una nación lo hacía para que la señora Batet pidiera la liberación de los políticos golpistas, o para que la señora Cunillera dijera que estaba a favor de los indultos.

Que el gobierno del reino de España negocie el presupuesto en una cárcel es algo patético y muy grave»

P. -Pero el presidente se ha desvinculado de la decisión de Pablo Iglesias de acudir a la cárcel a negociar con Junqueras.

R. -Entonces ¿por qué va a hablar Pablo Iglesias del presupuesto con Junqueras? ¿Por qué tenemos que creer a un gobierno que durante cuatro meses está haciendo todo lo que le pide el independentismo, a un presidente del Gobierno que quita hierro a la expresión de que hay que atacar España, o que hay que apretar a los CDR y a las CUP? ¿Esto es casual? El mensaje del gobierno es: señores independentistas sigan apoyándonos para que sigamos en el Gobierno a pesar de estar humillando a España y vulnerando la legalidad.

P. -¿Tiene el PP algún estudio detallado del impacto en la economía que tendría la entrada en vigor de estos presupuestos?

R. -Lo que están diciendo muchos empresarios es que la subida de un 22% del salario mínimo interprofesional va a arrastrar a la subida del resto de los salarios a otro 20%.

La subida de un 22% del salario mínimo va a arrastrar a la subida del resto de los salarios a otro 20%»

P. -¿Esa es la medida que más le preocupa de las que se han acordado entre Pablo Iglesias y el presidente?

R. -A mí lo que me preocupa es que sea Pablo Iglesias el que marque la política presupuestaria en vez de hacerse dialogando con los agentes sociales. El Partido Popular logró con el consenso con la patronal y los sindicatos una subida del SMI de aquí al 2020 hasta los 850 euros; lo mismo hicimos con la subida de las pensiones, o con los funcionarios en su equiparación salarial y en la recuperación de poder adquisitivo. Cuando se hacen las cosas al dictado de un partido que lo único que puede acreditar es su asesoría económica a los países bolivarianos, lo que tenemos garantizado es la catástrofe.

P. -Parece que lo que más le preocupa es el pacto de los 900 euros…

R. -No es sólo los 900 euros, sino los 6.000 millones de euros de más gasto en una coyuntura económica en la que lo que habría que hacer es reducir déficit cuanto antes y amortizar deuda. El cálculo que nosotros hemos hecho es que si el bono español se sitúa al nivel de la media de los últimos años del bono de EEUU estaríamos subiendo hasta 36.000 millones de euros la carga financiera de la deuda. Desde junio a esta semana el coste de financiación ha subido hasta el 1,38%, lo que supone un mayor coste de 3.800 millones en la financiación de nuestra deuda. La política presupuestaria no es un tema más, es el tema nuclear. Lo que está en peligro es la recuperación económica que ha costado tanto y que ha permitido que estemos ya saliendo de la peor crisis que hemos sufrido y que fue negada por el PSOE en 2009, haciendo lo mismo que hace Sánchez ahora. Zapatero en 2009 empezó una huida hacia adelante para permanecer en la Moncloa cuando ya era evidente que había mentido y lo que hizo fue sepultar 12.000 millones en el Plan E.

Si el bono español se sitúa a niveles del bono de EE.UU, estaríamos subiendo hasta 36.000 millones de euros la carga financiera»

P. -¿El presupuesto es un nuevo Plan E?

R. -El Plan E fue un disparate, con la irresponsabilidad de gastar 12.000 millones de euros en obras a veces innecesarias en las que el cartel valía más que el bordillo que estaban arreglando. El problema es la responsabilidad de incumplir con el déficit y la imagen que con ello damos al exterior. En eso se parecen el Plan E y los presupuestos.

P. -Pero el Gobierno puede conseguir el visto de bueno de Bruselas.

R. -Yo no soy de los líderes políticos que se esconde tras el burladero de la madrastra Bruselas que nos exige acabar con el déficit o no subir los impuestos. Yo digo lo que pienso que es bueno, me lo pida o no Bruselas, porque es bueno tener equilibrio presupuestario, que es lo que nos permite recaudar más y, por tanto, bajar los impuestos. Bruselas ya ha mandado una advertencia al Gobierno sobre estos presupuestos. No sé si los aprobarán o no, lo que sí puedo decir es que las Cortes Generales no han aprobado el techo de gasto y que con nuestra mayoría en el Congreso y nuestra mayoría absoluta en el Senado vamos a hacer todo lo posible para que no se aprueben estas cuentas.

Con nuestra mayoría en el Congreso y nuestra mayoría absoluta en el Senado vamos a hacer todo lo posible para que no se aprueben estas cuentas. Es lo que estamos negociando»

P. -¿Hay un acuerdo entre usted y Albert Rivera para impedir la aprobación de los presupuestos?

R. -Lo que hay es el sentido común de cualquier político sensato que se da cuenta de que en una época como la actual no es momento para hacer estos presupuestos. Es lo que estamos negociando. Además del contenido, lo que no se puede aceptar es la forma. Lo intentaron hacer pasándose la ley de estabilidad presupuestaria por el alero y diciendo que no iban a ir al Senado. Pablo Echenique habló de la “mayoría espuria” del PP en el Senado. Claro, para los bolivarianos cualquier mayoría democrática es espuria. Ahora lo que han hecho directamente es presentarnos un presupuesto sin techo de gasto y luego intentan negociarlos en la cárcel o en un caserío saltándose la lógica parlamentaria.

P. -¿Van a utilizar el PP y Ciudadanos la mayoría que tienen en la Mesa del Congreso para bloquear la tramitación Presupuestaria?

R. -Vamos a hacer todo lo posible para que no salgan adelante porque son unos presupuestos malos para el futuro de los españoles.

P. -Y esa es una de las opciones.

R. -Vamos a cumplir la ley y el reglamento de las Cámaras para hacer todo lo posible para que esas cuentas no salgan adelante.

P. -¿Quién es su persona de confianza en los temas económicos?

R. -Tengo mucha gente de confianza. Dentro del grupo parlamentario, Alberto Nadal, que está haciendo una gran labor; y en asesoría externa, Daniel Lacalle. Son dos personas que se llevan muy bien y que están  haciendo una labor muy interesante. Pero además yo tengo un equipo económico con el que me veo habitualmente en el que están incluidos desde los ex ministros de Economía, a los ex secretarios de Estado del ramo y a personas de reconocida trayectoria económica como Manuel Pizarro, Lorenzo Bernaldo de Quirós o José Luis Feito. Son personas con las que yo he colaborado mucho tiempo y que tienen un criterio muy positivo para lo que necesita España.

 

P. – ¿Qué haría usted ahora en Cataluña si fuera presidente?

R. -Aplicar el Artículo 155 de inmediato con la extensión temporal que hiciera falta y con la amplitud competencial necesaria en Educación, en televisión y radio públicas, en los Mossos y en Instituciones Penitenciarias. Hay que hacerlo ya porque el cúmulo de ilegalidades que estamos viendo no hace falta que se discutan en el Parlamento. Las órdenes que se están dando a funcionarios, el pulso que se está echando al Estado y la situación de violencia, alentada por autoridades públicas en las calles, así como en la ocupación del espacio público para la propia propaganda es algo que ya hace irrespirable la convivencia.

Como personas de confianza, tengo a Alberto Nadal dentro del grupo parlamentario; Daniel Lacalle en asesoría externa; y personas de reconocida trayectoria económica como Manuel Pizarro, Lorenzo Bernaldo de Quirós o José Luis Feito»

P. -Es decir, que si usted fuera Presidente de Gobierno, esa sería una de sus prioridades.

R. -Pero vamos, en el primer Consejo de Ministros. Es que no sé a qué están esperando, qué más tiene que pasar en Cataluña para que el Gobierno de España ponga orden. El rumor es que el Gobierno ha abierto un cauce de comunicación con los independentistas. Imagino que por eso mandan al señor Iglesias a la cárcel. Lo que habría que abrir en Cataluña es un cauce de legalidad y retornar a una política institucional en la que se controle lo más básico, como que por la calle no peguen a los policías que se manifiestan, o que no le den una paliza una señora porque quite un lazo amarillo, o que no haya un régimen carcelario distinto dependiendo de quién sea el preso, o que en las escuelas no ridiculicen a los hijos de guardias civiles. En Cataluña, la verdad es que estamos peor que hace un año.

Hay que aplicar el artículo 155 de inmediato con la extensión temporal que hiciera falta y con la amplitud competencial necesaria. En Cataluña estamos peor que hace un año»

P. -¿Están peor a pesar de que su Gobierno aplicó el 155?

R. -En Cataluña nosotros aplicamos un 155, en mi opinión, demasiado corto por la exigencia de Ciudadanos para hacerlo instrumental y sólo para convocar elecciones; y demasiado escaso competencialmente por la exigencia del PSOE de que no afectara ni a la educación ni a la televisión pública. Ahora yo creo que tenemos que aprender de lo que pasó el año pasado. No fue suficiente y, por tanto, tenemos que aplicarlo de nuevo cuanto antes como han hecho muchos gobiernos democráticos sin que nadie les acusara de radicales, como hizo Tony Blair o como han hecho muchos landers alemanes que han pedido la devolución de las competencias al estado federal cuando se han visto ineficacias en el desarrollo competencial.

 

P. -¿No cree que se corre el riesgo de romper una de las claves importantes de la anterior aplicación del 155, como fue el consenso del PSOE?

R. -¿Ese consenso fue suficiente para revertir la situación en Cataluña? No. En política hay que liderar los debates y cuando alguien tiene razón, como se vio después del discurso del Rey y se vio en los balcones de todas las ciudades en apoyo de medidas de firmeza, el resto de partidos irán detrás. A veces hay que romper la placa de hielo para que el resto de barcos te siga. Creo que ahora mismo vivimos una situación insostenible, sinceramente. No lo digo con satisfacción porque yo quiera elevar el paso, lo digo con tristeza. Por desgracia no veo otra opción. Ya no hay nada que negociar con los golpistas, no hay ninguna competencia de más que darles, no hay ninguna desigualdad para consolidar en nuestro sistema legal con el resto de españoles y no hay ningún pacto fiscal al que llegar porque se rompería la caja y el precepto de solidaridad. Creo que no es mucho pedir, en una democracia consolidada como la nuestra, que se cumpla la ley, que no se rompa la convivencia en las calles y de los catalanes con los catalanes.

P. -¿Usted descarta, por principios, sentarse a negociar con los soberanistas?

R. -Absolutamente. No hay nada que negociar con aquellos que quieren romper España.

No hay nada que negociar con aquellos que quieren romper España. No solo no indultaríamos a los líderes del procés, sino que hemos propuesto una modificación de la ley del indulto que lo prohíbe expresamente a los condenados por sedición y rebelión»

P. -Si usted fuera presidente del Gobierno y hubiera habido ya una sentencia condenatoria contra los líderes del procés, y éstos le pidieran el indulto, ¿usted se lo daría?

R. -Por supuesto que no. Pero no sólo eso: hemos propuesto una modificación de la ley del indulto que lo prohíbe expresamente a los condenados por sedición y rebelión. Por cierto, me gustaría ver qué vota el PSOE y espero que Ciudadanos apoye esa proposición legislativa. No es la única modificación legislativa que hemos propuesto: queremos la modificación de la ley de símbolos para obligar a los funcionarios a que no lleven símbolos visibles; por ejemplo, médicos en consultas, los profesores al dar clase, o los concejales y las guardias urbanas. Si lo hacen, se expondrán a penas de inhabilitación que pueden llegar hasta los seis años. Hemos pedido también la modificación de la ley de acción exterior para que se puedan cerrar las mal llamadas embajadas de los gobiernos autonómicos que son desleales. Y, para terminar, hemos propuesto la modificación de la ley de financiación de partidos políticos para que ninguna asociación o partido reciba fondos públicos de todos los españoles para financiar la violencia en las calles.  Hemos pedido la aplicación de la ley de partidos de la reforma del 2002 que en su artículo 9 dice que ningún partido político puede alentar la violencia o que, si no la condena, puede ser ilegalizado.