Un salvavidas en mitad de la tormenta. El pacto alcanzado entre Podemos y Gobierno en materia de presupuestos ha supuesto un balón de oxígeno para el partido de Pablo Iglesias, que ve en este proyecto una oportunidad única para relanzarse y dejar atrás tanto su fuerte caída en las encuestas (el último CIS le daba un 16,1%, cinco puntos menos que en las últimas generales) como las turbulencias que experimenta a nivel interno, con una rebelión territorial que amenaza con fragmentar la formación. El líder de Podemos se ha erigido embajador del acuerdo sin haber sondeado siquiera a su partido y se ha lanzado a negociar con otras fuerzas políticas para conseguir el 'sí' de la mayoría del Congreso. Un extremo del que Iglesias sería uno de los mayores beneficiados.
El partido fía ahora su futuro a la aprobación de las cuentas. Es la primera vez que Podemos puede ejercer influencia directa en el Gobierno, y está tratando de capitalizar el acuerdo alcanzado con Sánchez, tanto en visibilidad como en utilidad. Sus caras visibles se esfuerzan por destacar que las nuevas cuentas podrán "cambiar la vida de la gente" y éste se ha convertido en el principal argumento de la formación, que apela a ello para intentar disuadir a los partidos nacionalistas que sí apoyaron la moción de censura para derrocar a Mariano Rajoy.
Pablo Iglesias pone toda la carne en el asador con el fin de alcanzar un pacto con el resto de fuerzas y proyectar una imagen moderada y posibilista. Hace sólo unos días oíamos al líder de Podemos pedir a todos los partidos dejar atrás la "chulería", la "arrogancia" y el "mal genio". Unas peticiones radicalmente opuestas a las que lanzaba hace sólo unos meses, durante el Gobierno de Rajoy. "Me la suda, me importa un huevo, me la bufa", eran algunas de las perlas de quien hoy se erige como el garante de la paz parlamentaria.
Podemos busca instalarse en un nuevo papel de facilitador de acuerdos, y llega hasta donde el Gobierno de Sánchez no puede llegar: a la prisión de Lledoners. Los socialistas manifiestan su división a la hora de afrontar posibles acuerdos con el independentismo. Como partido constitucionalista apoyaron el 155 y defendieron la Carta Magna durante el referéndum ilegal del 1-O. Ahora las voces socialistas se dividen entre quienes, como Miquel Iceta, cuestionan de la prisión cautelar para los dirigentes del procés, y quienes se niegan a ceder ni un ápice a los independentistas. El Gobierno se ha mantenido neutral, sin dar pávulo a las aspiraciones independentistas. Tampoco han dado pasos hacia ERC o PdeCat con el objetivo de evitar un posible desgaste. Sobre este punto dejan hacer a Pablo Iglesias, a quien su relación con el soberanismo ya le costó una de sus mayores crisis tanto internas como electorales.
Pero Podemos ya da por amortizada su postura ante el desafío catalán. No duda ya en alinearse con el independentismo para agotar todas las vías que conduzcan a la aprobación de los PGE. Iglesias acudió el viernes a prisión para reunirse con el líder de ERC, Oriol Junqueras, y tratar de arrancarle su apoyo al plan presupuestario. En el encuentro, sin embargo, no se habló de las cuentas. No llegaron a ese punto porque los republicanos no se sentarían en la mesa de negociación "hasta que el Gobierno realice algún movimiento".
Iglesias salió con las manos vacías, sin lograr convencer a sus socios de izquierda y aviniéndose a las exigencias independentistas: "Ahora toca moverse al Gobierno", aseguró el líder de Podemos a su salida de la prisión, en la misma línea que el independentismo. No es el único paso que ha dado Iglesias, que también se verá con dirigentes de PNV o PdeCat, en un intento por mantenerse en el centro de la negociación y atribuirse el mérito en caso de éxito parlamentario.
Y es que las cuentas para 2019 son fundamentales para la formación morada. Su aprobación justificaría su existencia después de dos años de oposición estéril en el Congreso, donde no consiguieron sacar adelante ninguna ley durante el Gobierno del PP. Además, Iglesias podría colgarse la medalla de haber urdido el acuerdo y atribuirse la medida estrella de los PGE de 2019: el salario mínimo interprofesional a 900 euros. Aunque el pasado julio el Gobierno anunció una subida del SMI a 1.000 euros en 2020 -que se traduciría en 870 en 2019-, Podemos defiende que esta subida es fruto de su intervención.
Pero, en caso de no salir adelante, el desengaño sería histórico. El rechazo a los Presupuestos de 2019 daría munición al Gobierno de Sánchez para convocar un adelanto electoral que sería letal para Podemos. En este caso, los de Iglesias se enfrentarían a las urnas tras intento frustrado de influir en el Gobierno, más cerca que nunca del soberanismo y tras una larga lista de renuncias en su acuerdo de PGE, en el que el partido ha renunciado a medidas clave como la renta básica universal o la derogación de la reforma del artículo 135 de la Constitución, y ha sellado su acuerdo con el compromiso futuro -y sin plazo fijado- del Gobierno de elaborar leyes en materia de alquiler o vivienda. En caso de que las cuentas no salgan, estas medidas podrían quedar en el aire y pasar de ser un compromiso con Podemos al programa electoral de Pedro Sánchez.
Podemos ha firmado un acuerdo con sello socialdemócrata, y algunos sectores de su propio partido manifiestan su desencanto.Esto va sumado al desgaste de su estrategia catalana y al su nuevo papel de "socio" de Gobierno junto al que hace poco calificaba de "partido del régimen del 78". Además, el presidente de Gobierno tiene en su mano asumir como propias las medidas del acuerdo con los morados y alzarse con el voto útil bajo una premisa: si Iglesias puede tener cierta influencia sobre las medidas de Gobierno, sólo Sánchez podría ponerlas en marcha.
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