El cambio de criterio de la Abogacía del Estado no ha contentado en absoluto a los líderes independentistas catalanes cuyos máximos representantes, el presidente de la Generalitat Quim Torra y el del parlament, Roger Torrent, ha dejado claro con una declaracion institucional su rotunda oposición a postura tanto de la Abogacía como de la Fiscalía. Minutos después el vicepresidente del Govern y líder de ERC, Pere Aragonés, ha despejado cualquier esperanza de aprobar los presupuestos: el Gobierno no se ha movido, nosotros tampoco.

«Hoy el Gobierno pierde una oportunidad de oro de llevar a la política un conflicto político» ha lamentado Torra, que ha dejado claro a Pedro Sánchez que éste no era el gesto que esperaban. La calificación provisional de la Abogacía del Estado «no es un gesto, es un desprecio absoluto a demócratas encarcelados», ha añadido el presidente catalán.

Aragonés, por su parte, ha afirmado «en nombre de Esquerra» que el Gobierno de Sánchez «no ha cambiado la línea represiva de Rajoy» y ha concluido que «no ha habido gesto ni movimiento» por lo que es «imposible un cambio» en la postura de los republicanos sobre los presupuestos generales. «Este juicio es una farsa para perseguir la disidencia política, se busca actuar penalmente ante una situación que se debería negociar políticamente» ha añadido Aragonés para concluir que «hoy la Justicia española se confirma como la vergüenza de la Europa democrática y nosotros no retrocederemos ante esta vergüenza».

Las instituciones catalanes han respondido así a las peticiones de penas de la Fiscalía, que solicita 25 años para el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras,  16 años para el ex conseller Joaquim Forn y penas de 17 años para Jordi Sánchez, Jordi Cuixart y Carmen Forcadell. Por su parte, la Abogacía del Estado rebaja la petición de pena máxima a los 12 años de cárcel para Junqueras, al que considera líder del procés, porque no sostiene el delito de rebelión e imputa sólo por sedición y malversación a los líderes del procés.

Penas de 200 años de cárcel

Torra ha asegurado que «la inmensa mayoría de la sociedad catalana sabe que no hubo delito porque la única violencia fue la de la Policía y la Guardia Civil pegando a gente pacifica que quería votar», ha acusado a la Fiscalía de «criminalizar a los más de dos millones de personas que defendieron la democracia con su cuerpo» y ha recriminado a Sánchez que «ante estas evidencia decide no actuar, que es lo mismo que ser cómplice».

Roger Torrent ha destacado por su parte que la acusación de la Fiscalía «pide penas que suman más de 200 años de prisión, 200 años contra demócratas con los que se puede estar de acuerdo o no, pero que no han cometido ningún delito» y ha tachado de inaceptable esa petición.

El presidente del Parlament ha lamentado además que «en este proceso no se persigue a personas, se persiguen ideas, pero no saben que no se pueden encarcelar ideas, que no claudicaremos» y ha acusado a la Fiscalía de construir «una criminalización perversa de los derechos de los catalanes» insistiendo en que organizar referéndum «no es delito».

Puigdemont: venganza ‘desde el Rey hasta la Fiscalía’

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont ha reaccionado por su parte afirmando que el «Estado en su conjunto, desde el rey hasta la Fiscalía, continúan ejerciendo una venganza contra el ‘Govern’ y el Parlamento catalán y buena parte de la población».

En una declaración grabada en vídeo frente a su residencia de la localidad belga de Waterloo, donde se encuentra huido de la Justicia española, Puigdemont ha reaccionado así a las penas de prisión solicitadas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado para los líderes del proceso independentista.