Caos hipotecario en el Alto Tribunal.
El Pleno de la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo continua esta tarde deliberando en torno a quién debe asumir el pago del impuesto de actos jurídicos documentados en las hipotecas. Según informan fuentes de la Sala a El Independiente, a lo largo de la mañana se ha vuelto a visualizar la división existente en el Alto Tribunal entre los togados que se muestran a favor de mantener la doctrina de la Sección Segunda y quienes apuestan por volver a la jurisprudencia anterior donde el cliente debe asumir el pago del citado impuesto.
Por ahora, la balanza se inclina –por lo mínimo- a favor de mantener las tres sentencias de la Sección Segunda, que preside el magistrado Nicolás Maurandi. No obstante, en el turno de esta tarde tienen que pronunciarse los cuatro magistrados más antiguos de la Sala y el presidente Luis María Díez Picazo, quien hasta ahora ha mantenido silencio. Sus posturas harán que la balanza se incline definitivamente hacia un lado o hacia el otro; a favor de los consumidores o del sector bancario. La tensión se respira en el ambiente, indican las distintas fuentes consultadas.
Quienes defienden volver a la doctrina jurisprudencial anterior entienden que aunque el fallo del Supremo ha anulado un decreto del Reglamento, la Ley da margen para volver al dictamen previo a las tres sentencias de la Sección Segunda donde se dio la razón al consumidor frente a la banca. El motivo es que el texto de la Ley del Impuesto de actos jurídicos documentados dice que el sujeto pasivo es el adquiriente por lo que defienden que eso es bastante para entender que el obligado al pago es el prestatario, es decir, el que recibe el dinero y adquiere su propiedad. También afirman que no hay razones objetivas para cambiar la jurisprudencia consolidada por el tribunal.
Tres recursos encima de la mesa
Por su parte, los jueces partidarios de confirmar las tres sentencias donde se benefician a los clientes argumentan que no hay contradicción jurídica sino que la jurisprudencia ha evolucionado y cambiado. En estos momentos, se estudian tres recursos similares donde las partes litigantes también son la empresa municipal de vivienda de Rivas-Vaciamadrid, el Estado y la Comunidad de Madrid.
Durante las ocho horas de deliberaciones de este lunes, intervinieron en el Pleno los dos ponentes junto con otros siete magistrados en la sesión de la tarde que expusieron de forma provisional sus criterios: cuatro de ellos a favor de volver a la doctrina anterior y tres de ellos partidarios de confirmar la nueva jurisprudencia de la Sección Segunda donde se establece que es el banco –en vez el cliente- el que debe asumir el pago del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en las escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria.
A favor de volver a la jurisprudencia anterior se han mostrado los magistrados Rafael Toledano, Ángel Arozamena, Dimitry Berberoff y José Luis Requero mientras que son partidarios de confirmar las últimas sentencias de la Sección Segunda se han posicionado los magistrados César Tolosa, Jesús Cudero y Fernando Román.
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