Entre el 26 y el 29 de noviembre hay convocada una huelga general en la atención primaria de la sanidad pública y concertada catalana. El 29 de noviembre se sumará a la convocatoria una huelga general del sector de la enseñanza. Y el 12 de diciembre UGT y CC.OO. han convocado una huelga general de funcionarios de la Generalitat. Definitivamente, el idilio entre sindicatos y partidos independentistas que ha permitido hasta ahora a los gobiernos catalanes acometer los mayores recortes económicos sin apenas respuesta sindical, mientras las grandes centrales se sumaban al proceso independentista, parece haber llegado a su fin.

UGT y CC.OO. anunciaron este martes la convocatoria de huelga de los funcionarios de la Generalitat para el 12 de diciembre, tras calificar de «insultante» la propuesta del conseller de Políticas Digitales y Administración Pública, Jordi Puigneró, de recuperar las pagas extras pendientes de 2013 y 2014 en cómodos plazos -para la administración- hasta 2026

La convocatoria afecta a 250.000 empleados de todo el sector público, desde administrativos hasta médicos y bomberos, y, de momento, es el colofón de un final de año con intensa actividad sindical entre los trabajadores públicos. Maestros y funcionarios de la Generalitat han sido durante el último año una de las palancas favoritas de movilización del independentismo en convocatorias como la del 3 de octubre, para denunciar las cargas policiales del 1-O, o el 8 de noviembre, para denunciar la entrada en prisión sin fianza de Oriol Junqueras, Carme Forcadell y los miembros del Govern que se presentaron ante el juez Pablo Llarena al inicio de la instrucción judicial del procés.

Maestros y funcionarios fueron las palancas favoritas del independentismo para movilizar en los «paros de país»

La Generalitat ha intentado trasladar la responsabilidad del impago al Gobierno por su negativa a elevar el techo de gasto de forma excepcional para la administración catalana, aduciendo que se trata de un pago puntual que no compromete el objetivo de déficit. Pero ese argumento ya no convence a los sindicatos. En julio de 2017 el anterior gobierno catalán se comprometió a retornar el 10% de la paga del 2013 antes de finalizar el 2018, un compromiso que el ejecutivo de Torra reconoce que no cumplirá.

Ese 10% equivale a 50 millones de euros, algo que los sindicatos consideran perfectamente asumible dentro del peso total de los presupuestos de la Generalitat, que se sitúan en torno a los 30.000 millones de euros. El monto total de las pagas que se adeudan a los funcionarios catalanes asciende a 1.100 millones de euros, siendo estos los únicos de todas las autonomías que no han recuperado estas pagas atrasadas.

Primera huelga en la atención primaria

La situación es especialmente tensa en el ámbito de la salud, un sector normalmente reacio a las huelgas. Sin embargo, más de 5.700 facultativos de 288 equipos de atención primaria (EAP) de Catalunya están llamados a secundar la huelga convocada por el sindicato Médicos de Catlauña (MC), bajo el lema «Atención Primaria, digna y respetada», para poner fin a la precariedad que vive el primer nivel asistencial.

Se trata de la primera huelga de facultativos (médicos de familia, pediatras, odontólogos y ginecólogos) convocada para el conjunto de Cataluña y afectará a toda la atención primaria del Institut Català de la Salut (ICS) los días 26, 27, 28, 29 y 30 de noviembre. El objetivo, revertir los duros recortes impuestos por el Gobierno de Artur Mas al principio de la crisis.

Para ello, los representantes sindicales reclaman una disminución de las cargas asistenciales –limitando a 28 las visitas diarias por consulta–, la reposición de los 920 profesionales perdidos con los recortes sanitarios y la recuperación del poder adquisitivo arrebatado desde 2010, que el sindicato cifra en cerca de un 30%. La mejor muestra de cómo incide esto en la calidad del servicio: la «fuga» de médicos de esta comunidad en el último año. En 2017 Lleida y Tarragona fueron las provincias españolas que más médicos perdieron, y Barcelona y Girona se encuentran entre las diez primeras, según la Organización Médica Colegial.

Además, la plataforma Rebelión Primaria ha registrado y ha extendido la protesta de médicos del 26 al 30 de noviembre a todo el personal de los centros de atención primaria (CAP) y ofrecerá participar en la movilización a los trabajadores de las clínicas concertadas, las agrupadas en la red Siscat.

Torra visita Sant Pau

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha ensayado un gesto hacia el sector sanitario con la inauguración de los nuevos equipamientos de investigación del Hospital San Pau, asegurando que «somos conscientes de las dificultades del sector, no las obviamos, conocemos vuestras reivindicaciones».

Pero lo cierto es que la promesa de hacer «todo lo posible para que todo el mundo pueda llevar a cabo sus proyectos profesionales con dignidad» cayó en saco roto entre los profesionales. Desde los sindicatos apuntan con frustración la aparente pasividad del Govern, que seis meses después de haber tomado posesión sigue «ensimismado».

Se escudan en el 155, argumentan estas fuentes, «pero lo cierto es que seis meses después seguimos sin percibir ningún cambio». La negociación con el gerente del ICS, Josep Maria Argimon, no avanza, mientras la consellera Alba Vergés continua de baja maternal y su número dos en el departamento, Laura Pelay, se ve desbordada por la amenaza de huelga.

La enseñanza se planta

La defensa del «modelo de éxito de la escuela catalana» ha sido otro de los leitmotiv del independentismo en un año en que tanto PP como C’s han criticado duramente el papel de la educación como transmisora del ideario soberanista. Pero incluso los maestros, convertidos en protagonistas del 1-O por Carles Puigdemont, han dicho basta al Govern.

Los sindicatos USTEC, Sindicat de Professors de Secundaria (ASPEPC-SPS) y CGT han convocado para el próximo 29 de noviembre una jornada de huelga en la enseñanza pública en protesta porque la Generalitat no ha revertido los recortes «extraordinarios» hechos durante la crisis.

Ramon Font, portavoz del sindicato USTEC -el que de forma más entusiasta se sumó a la huelga del 8N de 2017, tras la detención de Oriol Junqueras, un paro que no siguieron los sindicatos mayoritarios- justificó la huelga porque  los recortes «han generado un grave deterioro de las condiciones laborales, y por tanto, de la calidad de la enseñanza pública».

Los recortes que se justificaron como una medida «extraordinaria» no se han revertido «después de cinco años de crecimiento económico», lamentan desde el sector educativo, que ve igualmente paralizado al Govern.