La Dirección General de la Policía ha abierto un procedimiento interno para reforzar temporalmente la dotación de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Madrid con 40 agentes que están destinados actualmente en otras provincias del país debido al atasco que se registra en los expedientes de solicitud de asilo, con miles de peticiones pendientes de tramitación.

Según ha podido conocer El Independiente, la División de Personal del Cuerpo Nacional de Policía ha anunciado una convocatoria para que los funcionarios interesados soliciten -hasta el 20 de diciembre- plaza en comisión de servicio en la comisaría de Aluche (Madrid) durante tres meses con derecho a dieta, tras quedar desierto el procedimiento publicado el pasado 26 de noviembre “por causas técnicas”. Entonces se ofertaban los puestos sin derecho a dietas, por lo que no despertó interés alguno entre la plantilla.

Los agentes que podrán incorporarse temporalmente al nuevo destino pertenecen a 13 jefaturas superiores, entre las que no se incluyen las de Cataluña, Andalucía, Ceuta y Melilla. La catalana es una de las comunidades en las que la plantilla de la Policía Nacional está más mermada, con 1.087 efectivos menos de los que prevé el catálogo de puestos.

El Cuerpo Nacional de Policía pagará dietas a los agentes tras fracasar en su intento de cubrir las plazas sin compensación económica alguna

La carencia también es palpable en Andalucía (2.506 menos), con uno de los puntos calientes más problemáticos del país en materia de seguridad: el narcotráfico en el Campo de Gibraltar. Ceuta y Melilla, por su parte, soportan una gran presión migratoria y cuentan también con menos agentes de los que les corresponde.

Los 40 funcionarios de las escalas básica y subinspección que refuercen la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Madrid ejercerán sus funciones en la comisaría de Aluche, donde la Policía tiene centralizadas las peticiones de personas ya en España para entrar en el sistema. Las otras dependencias operativas en Madrid son las de Barajas, si bien éste es un puesto fronterizo.

Es en Aluche donde los agentes realizan la primera entrevista al migrante que desea solicitar protección internacional, paso previo a que los funcionarios puedan iniciar la tramitación del expediente. Ese cuello de botella es lo que se pretende aliviar al incrementarse el número de policías que se encargan de esta fase inicial.

La demanda de peticiones y el cambio del sistema a la hora de solicitar la cita previa -de llamada telefónica a presencia física en la comisaría, con un cupo de tan sólo 99 números al día- ha provocado en los últimos meses largas colas a las puertas de las dependencias policiales, lo que ha sido denunciado por ONG de ayuda a los inmigrantes.

Actuación del Defensor del Pueblo

Estas condiciones han llevado al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, a iniciar una actuación de oficio con la Comisaría General de Extranjería y Fronteras para conocer las medidas que tenía previsto adoptar para acabar con las largas esperas y condiciones que han de soportar los ciudadanos extranjeros que quieren iniciar los trámites para solicitar protección internacional en Madrid. Fernández Marugán ha advertido de que esa demora provoca “graves perjuicios” a los solicitantes de asilo, toda vez que “no pueden acceder a los dispositivos de acogida hasta que acrediten que han formalizado su solicitud y la mayoría carece de recursos, por lo que quedan en situación de calle durante meses”.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) alertaron semanas atrás del “caos humanitario” y la “fisura en materia de seguridad” que podría generarse con motivo de la masiva afluencia originada en los servicios de atención a las personas solicitantes de asilo en España. “El incremento del número de instancias, un 900 % desde 2014, el aumento de la complejidad de los procedimientos para su trámite, incluso la disminución de funcionarios y el inmovilismo de los sucesivos equipos que han conformado el Ministerio de Interior, hacen inviable una respuesta adecuada a la demanda y están causando el bloqueo de los sistemas de cita previa”, censuraron ambas organizaciones, que han cifrado en más de 65.000 los expedientes pendientes de resolución.

Interinos sin experiencia

Lejos de aliviarse la situación, CCOO advierte de que el problema se ha agravado con el cese la pasada semana de 94 funcionarios interinos especializados en la gestión de los citados expedientes que han venido trabajando en las dos sedes que la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) -dependiente del Ministerio del Interior- tiene en Madrid. Comisiones Obreras ha informado de que estos empleados públicos han sido sustituidos por otros que carecen de la experiencia y preparación necesarias para prestar el servicio, lo que les lleva a hablar de “cierre técnico”.

CCOO ha denunciado ante el comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa el “colapso” que sufren estas oficinas en España por la “preocupante falta de personal” y la “demanda masiva y abusiva a un derecho” que en muchos casos no le corresponde al solicitante. Ello, en su opinión, hace “imposible” dar respuesta al elevado número de solicitudes que se formalizan cada año.