Ignacio González.
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido embargar al expresidente madrileño Ignacio González la mayor parte de su sueldo en el Ayuntamiento de Madrid al conocer su reingreso en el cuerpo de funcionarios como consejero técnico en la Subdirección General de Apoyo Jurídico, Incompatibilidades y Régimen Disciplinario.
Fuentes jurídicas han confirmado a Efe esta petición de la Fiscalía al juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, que ha adelantado la Cadena Ser.
Según las fuentes consultadas, Anticorrupción, en concreto, ha reclamado que se le intervenga el salario, a excepción de la parte no embargable por ley; pretensión a la que se ha opuesto su defensa y que queda, por tanto, a expensas de lo que decida el juez.
La Fiscalía ha hecho esta solicitud con el objeto de cubrir las responsabilidades pecuniarias a las que González puede llegar a ser condenado por el caso Lezo -sobre presuntas irregularidades en el Canal de Isabel II-, ya que con los bienes que le han sido embargados hasta el momento no ha quedado cubierta en su totalidad esa cantidad.
El pasado 19 de octubre, el Ayuntamiento de Madrid dio el visto bueno a su reingreso como consejero técnico "dentro del margen que establece la ley", según informaron entonces fuentes municipales.
Al recibir la solicitud de reingreso, el 24 de julio, el Gobierno de Manuela Carmena remitió un oficio al Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid para descartar "algún tipo de inconveniente a su reingreso".
El pasado 17 de septiembre el juzgado indicó en una providencia que no se había adoptado "ninguna medida cautelar" que "inhabilite o suspenda" a Ignacio González "para el ejercicio de la función pública".
Tras recibir esa comunicación el trámite "siguió el curso establecido y habitual" hasta que el pasado viernes se firmó la resolución para su reingreso.
Ignacio González, que quedó en libertad bajo fianza de 400.000 euros, pasó 201 días en prisión preventiva (entre abril y noviembre de 2017) por su presunta vinculación en la trama Lezo, relacionada con la supuesta corrupción en la empresa pública Canal de Isabel II, de la que él fue presidente.
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