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Villarejo pide defenderse en el “juicio paralelo” más grave de la democracia

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Villarejo pide defenderse en el “juicio paralelo” más grave de la democracia
José Manuel Villarejo, en un momento de la entrevista concedida a Jordi Évole.

José Manuel Villarejo, en un momento de la entrevista concedida a Jordi Évole. LA SEXTA

Resumen:

El excomisario José Villarejo ha planteado al juez del caso Tándem, Diego de Egea, múltiples fórmulas para salir de prisión, tras 13 meses encarcelado, y poder enfrentarse así al “juicio paralelo más grave de la democracia”, al que dice se le está sometiendo con la filtración de sus grabaciones.

En el escrito en el que pide de nuevo su excarcelación, y al que ha tenido acceso Efe, Villarejo alega que su edad, 67 años, y los problemas de salud que arrastra le están pasando factura en prisión, por lo que propone que se le decreten medidas cautelares más leves.

En primer lugar, propone que se le imponga la prohibición de salir de España, previa entrega de su pasaporte, y comparecencias en el juzgado o en el puesto de la Guardia Civil de Boadilla del Monte (Madrid), localidad en la que tiene su domicilio, y que, indica, también podría visitar periódicamente uno de los guardias.

De forma subsidiaria, y de considerar el juez que estas no son oportunas, su defensa, que ejerce el abogado Antonio José García Cabrera, plantea la posibilidad de que se le instale “un mecanismo de control telemático” y que se le haga permanecer en su domicilio “diariamente de las 23 horas a las 7 horas del día siguiente” o las horas que estime oportuno el juez.

Respecto a la prestación de una fianza, destaca que no le sería posible abonarla en efectivo, ya que se le debería permitir “prestar caución” con los propios bienes que le han sido intervenidos y que, según el abogado, “exceden con creces las responsabilidades pecuniarias” que se le podrían reclamar de ser condenado en la pieza principal de esta causa por la que se decretó su ingreso en prisión.

Su defensa denuncia el carácter “prospectivo” que ha adquirido la causa y lamenta que ya “no se sabe qué se investiga pues su bien inicialmente pareció investigarse el llamado proyecto King” -sobre visados irregulares a ciudadanos guineanos-, la investigación “parece ahora haberse dirigido por otros derroteros que poco tienen que ver con el origen del caso”.

Pide por ello “la determinación y concreción del objeto de la investigación” para que no se convierta en una investigación prospectiva “que abarque prácticamente toda la vida del investigado en una desatada búsqueda de delitos que imputarle”.

Califica también de “grosera” la vulneración del secreto del sumario en esta causa que, considera, “se ha convertido en el paradigma de la filtración y del juicio paralelo” y apunta que “como demuestra la experiencia” estas vulneraciones del secreto disminuyen “cuando el investigado accede a la libertad provisional”.

Por todo ello reclama que se reconduzca la causa por las filtraciones que están “desembocando -haya o no una estrategia deliberada detrás- en una vasta campaña de desinformación y manipulación de la opinión pública que está irremediablemente erosionando la reputación” del excomisario y “perjudicando el interés general y derechos de terceros ajenos al proceso”.

Asegura que esto demuestra lo insatisfactoria que ha resultado ser la medida de prisión “para el devenir de la causa”, al haber propiciado “el juicio paralelo más grave de la democracia por la filtración del contenido de la causa”.

Esta circunstancia ha afectado gravemente al interés general y a su interés particular, “contribuyendo a un auténtico linchamiento” a su persona “con destructivas consecuencias para él y su entorno familiar”.

Tampoco cree que pueda justificarse el mantenimiento de la prisión preventiva, como dictaminó recientemente la Sala de lo Penal, en la existencia de nuevas líneas de investigación que pudieran estar iniciándose y más cuando lleva más de un año en prisión preventiva.

Respecto a la destrucción o manipulación de pruebas, la defensa sostiene que dado el paso del tiempo de la instrucción ese riesgo ha disminuido considerablemente y siempre cabe la posibilidad, de considerar el juez que al quedar en libertad el imputado ha tratado de interferir en la investigación, que se vuelva a decretar su ingreso en prisión.

En cuanto al riesgo de fuga, la defensa destaca su arraigo familiar -tiene una hija de “corta edad a la que la dimensión mediática del caso está afectando del caso está afectando especialmente”-, social, profesional y económico.

Recuerda que sus actividades mercantiles en la empresa Cenyt estaban autorizadas por sus superiores, “por su utilidad para las funciones de agente encubierto que realizaba” y que emitió informes para sus superiores relacionados con el terrorismo y el narcotráfico.

Por ello, del expurgo que ha ordenado el juez de la información ajena a la causa, el excomisario se ofrece a aclarar “uno a uno todos esos archivos para que si así se considera sean excluidos (…) por no guardar relación con el objeto de la investigación o ser de carácter reservado a los fines de la defensa y seguridad nacional, que siempre ha intentado preservar”.

Por ese motivo, el siempre ha defendido, según su abogado, que esos archivos deberían ser a su juicio desencriptados por el CNI, ya que, como ha asegurado en otras ocasiones, el mismo desconoce las claves de acceso.

Sobre su salud, su defensa explica que, además de tener una “edad avanzada”, sufre estrés carcelario, inestabilidad física y neurológica y su “extrema vulnerabilidad espinal” por sus dolencias en la espalda desaconsejan sus traslados en vehículos que no dispongan de las medidas adecuadas para la protección espinal.