Es la reclamación que durante los últimos meses, y en especial las últimas semanas, ha elevado el entorno de los presos de ETA; la puesta en libertad de los reclusos gravemente enfermos. Por el momento el Gobierno no ha excarcelado a ningún preso de la banda por razones de salud y no tiene previsto hacerlo a corto plazo. La única medida adoptada ha sido el acercamiento de algunos reclusos aquejados por algún tipo de enfermedad o patología grave. Sin embargo, Instituciones Penitenciarias no contempla ni está estudiando actualmente ningún caso susceptible de ser puesto en libertad de entre la veintena de pesos de ETA que el colectivo de apoyo a presos cuantifica como posibles beneficiarios de la instrucción recientemente aprobada.

Prisiones ya ha trasladado a algunas asociaciones de víctimas que en estos momentos no tiene sobre la mesa ni estudia la puesta en libertad de presos de ETA, tal y como viene reclamando el entorno de la izquierda abertzale. Una petición que reiteró el pasado sábado con una multitudinaria manifestación por las calles de Bilbao. La marcha, en la que los organizadores cifraron en cerca de 80.000 los asistentes, contó con el apoyo de dirigentes de ERC, PdCat, Podemos y EH Bildu. En ella el secretario general de la coalición, Arnaldo Otegi, llegó a asegurar que poner en libertad a los presos de ETA gravemente enfermos y de edad avanzada sería unja “aportación a la paz” por parte del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Otegi equiparó la situación de los presos de la banda gravemente enfermos con la que padece el ex ministro del PP, Eduardo Zaplana, quien sufre una leucemia y al que se ha negado la puesta en libertad hasta en cinco ocasiones. Otegi reiteró el sábado que debería estar en su casa “con su familia” al igual que el resto de los presos que sufran enfermedades graves e incurables, “nosotros no somos como ellos”, señaló.

Una veintena de etarras enfermos

El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Ortiz ha mantenido hoy un encuentro con representantes de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) a petición de esta tras el traslado del preso de ETA, Sergio Polo -condenado por delitos de sangre- de la prisión de Almería a la de Ciudad Real sin que se les informara previamente. Ortiz ha reconocido su error  se ha comprometido a evitarlo en futuros traslados o acercamientos concernientes a presos de la banda. También les ha trasladado que la instrucción dirigida a la excarcelación de presos enfermos en ningún caso se ha aprobado pensando en los presos de ETA ni tras las reivindicaciones de su entorno. Ortiz ha defendido la instrucción por razones de estricto cumplimiento de la legalidad recogido en el Código Penal y la Ley General Penitenciaria y pensando en el conjunto de la población reclusa.

Actualmente entre los presos de ETA que sufren enfermedades graves se encuentran alguno de sus miembros más significados. Se da la circunstancia de que el miembro de ETA se en primer lugar se benefició de los acercamientos que esta llevando a cabo el Ministerio del Interior fue Kepa Arronategi, que sufre una grave dolencia psiquiátrica y que está ingresado en la cárcel d Zuera (Zaragoza). El preso Aitzol Gogorza cumple condena en la prisión de Basauri aquejado de una dolencia psiquiátrica. Nombres como los de José Arizkun Ruiz, ‘Kantauri’, que cumple una condena por 30 años en España padece una grave enfermedad cardiovascular. Ibon Iparragirre cumple condena de 40 años en Alcalá Meco ha pasado a prisión atenuada por su estado de salud.

La instrucción aprobada por la Secretaria General penitenciaria establece las condiciones para conceder la suspensión de la condena y acceder a la libertad provisional en caso de sufrir una enfermedad grave o incurable. Las indicaciones que incluye la instrucción diferencia entre los penados enfermos muy graves con “padecimientos incurables” y los casos en los que 2existe peligro patente para la vida”.

En el primer caso se les exime únicamente del requisito de haber cumplido las tres cuartas partes de la pena, las dos terceras partes o la mitad, según los casos previstos en el Código Penal. En caso de que exista un riesgo patente para la vida son el juez de vigilancia penitenciaria o el tribunal sentenciado los que pueden en cualquier momento acordar la suspensión de la pena y concederle la libertad condicional “sin más trámite”. Simplemente se deberán basar en un dictamen del médico forense y de los servicios médicos del centro penitenciario.