Política 'operación tándem'

Villarejo ocultó fondos en una sociedad panameña seis meses antes de su detención

Los investigadores sostienen que Microspermum SA (antes Participaciones Marvila) es una de las compañías que utilizó el controvertido policía, en prisión preventiva desde hace 14 meses, para cobrar el servicio prestado a los clientes guineanos

El comisario Villarejo, en una entrevista con 'El Independiente' meses antes de su detención.

El comisario Villarejo, en una entrevista con 'El Independiente' meses antes de su detención. G. M. P.

El comisario José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde noviembre de 2017, reactivó una sociedad radicada en Panamá seis meses antes de que el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción ordenaran su detención en el marco de la Operación Tándem como posible autor de delitos de cohecho y blanqueo de capitales. El avance de la investigación ha ampliado los cargos contra el controvertido policía ya jubilado.

La compañía reavivada -Microspermum SA, registrada en Ciudad de Panamá el 29 de junio de 2006 bajo la denominación inicial de Participaciones Marvila SA- está bajo la lupa de los investigadores por ser una de las empresas que utilizó el antiguo agente encubierto para cobrar los servicios prestados a los clientes guineanos, origen de las pesquisas judiciales.

El 24 de abril de 2017, la junta general de accionistas de Microspermum acordó en una reunión extraordinaria reactivar la sociedad después de que se hubiera acordado su disolución a principios de diciembre de 2016. El motivo alegado para retomar la actividad fue la aparición de activos con posterioridad a que la compañía hubiera sido liquidada, según se detalla en el acta de la sesión protocolizado ante la notaria Juliett Osorio.

En un oficio que consta en las actuaciones, los investigadores de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional dicen poseer «indicios significativos» que le permiten vincular dicha sociedad al entramado controlado por Villarejo, que compaginó durante años su labor como agente encubierto -adscrito a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía- con su faceta empresarial.

Microspermum SA es una de las compañías que usó el controvertido policía para ocultar el cobro del servicio prestado a los clientes guineanos

Así, los agentes han constatado que Microspermum «es o ha sido» propietaria de la casa-quinta Idiarte Borda, un castillo de finales del siglo XIX ubicado en Uruguay que fue puesto a la venta por Cenyt Mercosur. Ésta es una marca registrada por Club Exclusivo de Negocios y Transacciones SL (Cenyt), la matriz del grupo controlado por el comisario hoy en la cárcel.

Con un capital social de 10.000 dólares estadounidenses, Microspermum es una típica compañía offshore con testaferros que actúan a modo de pantalla para ocultar la verdadera identidad de los reales propietarios. De acuerdo con la información que consta en el Registro Público de Panamá, el agente residente de dicha sociedad es Ballard y Ballard, un despacho de abogados local especializado en derecho corporativo y financiero.

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Fueron dos letrados de este bufete -Pilar Valentina Epifanio Orlado y Joaquín Óscar Benavides Arosemena- los que comparecieron el 26 de junio de 2006 ante el notario panameño Mario Velásquez Chizmar para elevar a pública la constitución de Participaciones Marvila SA, cuyos accionistas acordaron el 18 de febrero de 2011 cambiar la denominación por la actual de Microspermum. El presidente de la sociedad es Heriberto Ortega, que figura como testaferro en centenares de compañías.

Movimientos bancarios

La Policía cuenta con un extracto de movimientos de una cuenta abierta en el CBH Bank de Suiza a nombre de la sociedad Boway Holdings Limited -con sede en Hong Kong- que acredita la existencia de tres transferencias por importe total de 990.203,90 euros a sendas cuentas en las que reza como beneficiario Participaciones Marvila -una en un banco panameño y otra en una oficina del BBVA en Uruguay- entre el 27 de febrero y el 8 de mayo de 2012. Dicho estadillo fue aportado por Francisco Menéndez, el abogado en España de los guineanos y quien encargó el informe.

Los investigadores sostienen que dichos fondos corresponden a la «contraprestación» que recibió Villarejo por la elaboración del denominado ‘Informe King’, encargado por los guineanos Cándido Nsue Okomo y Crispín Edu Tomo Maye. La prestación de servicios privados de información e inteligencia para ciudadanos guineanos vinculados a la petrolera estatal Gepetrol, “con abuso” de su cargo policial, fue el hilo del que empezó a tirar la Fiscalía Anticorrupción para investigar a José Manuel Villarejo en el procedimiento bautizado como ‘Tándem’.

El Ministerio Público cifra en 5,3 millones de euros los ingresos que obtuvo la empresa del comisario de sus clientes guineanos y sostiene que el policía se valía de un «complejo entramado societario» que le permitía «oscurecer» el origen de los fondos «para integrarlo en el circuito económico legal tras la realización de diversas operaciones bancarias a través de Suiza, Reino Unido, Estados Unidos, Uruguay y Panamá».

Patrimonio oculto

Se da la circunstancia de que entre los efectos intervenidos por los agentes de la Unidad de Asuntos Internos en los registros practicados en las viviendas de Villarejo el 3 de noviembre de 2017, el día que fue detenido, se encuentra la ficha de dos sociedades mercantiles de Panamá: Selma Trading Inc. y Artemio Foundation.

El juez que instruía hasta ahora el caso Tándem, Diego de Egea, tramitó una comisión rogatoria a Panamá con la que espera obtener pistas que le permitan llegar a descubrir el patrimonio que Villarejo oculta presuntamente lejos del fisco español. Precisamente las nuevas vías de investigación que puedan ponerse en marcha con la información obtenida de las peticiones de auxilio a otros países es uno de los argumentos que esgrimía el instructor para justificar la denegación de la excarcelación solicitada por el antiguo agente encubierto, que lleva ya más de 14 meses internado en el centro penitenciario de Estremera (Madrid).

Tanto el juez como los fiscales Anticorrupción mantienen que el comisario retirado podría sustraerse a la acción de la Justicia por las elevadas penas a las que podría enfrentarse en el futuro, por su red de contactos y porque sigue teniendo «activos patrimoniales de gran valor económico en el extranjero».

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