El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el vicepresidente, Juan Marín, en su comparecencia tras la primera reunión del Consejo de Gobierno de la XI Legislatura el sábado pasado en Antequera (Málaga).
El Gobierno del cambio en Andalucía sigue intentando desenmarañar el entramado de más de 200 empresas, consorcios, agencias, institutos y fundaciones que componen la administración paralela de la Junta de Andalucía. Desde la vicepresidencia de Juan Marín y la Consejería de Economía de Rogelio Velasco se va a impulsar una auditoría sobre las funciones y costes de esos entes instrumentales con el objetivo de constituir una Sociedad de Participaciones Industriales similar a la SEPI que en Andalucía gestione esa parte del sector público.
Fuentes de Ciudadanos recuerdan que esa ordenación es uno de los puntos de acuerdo firmado con el PP para alcanzar un pacto de Gobierno y abogan por que sea la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) quien realice la auditoría de la administración paralela y establezca una serie de recomendaciones para su restructuración.
En concreto, el punto 10 establece la aprobación de un decreto-ley para centralizar la dirección, supervisión y evaluación de todas las entidades dispersas de la 'administración paralela' con el doble objetivo de "eliminar todos los entes que se consideren innecesarios o que se hayan visto expuestos a la corrupción, así como para garantizar la despolitización de las agencias, empresas y fundaciones públicas andaluzas, y mejorar la profesionalidad y eficiencia en su gestión. Pondremos las empresas públicas bajo una dirección profesionalizada y reduciremos a la mitad el entramado institucional paralelo de la Junta de Andalucía". "Queremos que la gestión de las mismas se haga siguiendo criterios profesionales y empresariales que busquen maximizar su rendimiento en beneficio de todos los andaluces", asegura el acuerdo entre PP y Cs.
La SEPI es un instrumento estratégico en la aplicación de la política diseñada por el Gobierno para el sector público empresarial y su misión es rentabilizar las participaciones empresariales y orientar todas sus actuaciones atendiendo al interés público, con el objetivo de aunar la rentabilidad económica y la social. La Junta de Andalucía cuenta con más de 200 entes instrumentales, la segunda con más administración paralela de España con unos 27.000 trabajadores y un gasto en nóminas de unos 5.000 millones de euros anuales.
Para ponerla en marcha, Ciudadanos quiere seguir el ejemplo del Gobierno de Cantabria, que ha encargado a la AIRef un informe sobre la viabilidad de sus empresas públicas después de que perdieran más de 73 millones de euros el ejercicio de 2016. La Autoridad Fiscal entregó en mayo su informe de conclusiones, que propone medidas a corto plazo, una centralización de servicios y reformas estructurales para mejorar la eficacia de la tercera comunidad que menos organismos tiene, con sólo 25, por detrás de por detrás de Castilla-La Mancha y La Rioja, las más austeras. A pesar de esa limpieza administrativa, la Autoridad Fiscal ha detectado duplicidades y solapamientos de funciones que recomienda solucionar.