Los hay de todo tipo, de toda condición y de todo origen. Nacidos bajo el amparo de gobiernos ‘pacifistas’, de fundaciones privadas o de instituciones formalmente filantrópicas, ofrecen sus servicios con el loable deseo un mundo mejor como lema. Cada vez son más. Recorren el planeta ofreciendo sus servicios, su experiencia y su habilidad para poner paz donde antes sólo había guerra, desenredan marañas y nudos imposibles o simplemente, ejercer un papel notarial que permita sellar con un aval ‘internacional’, un acuerdo entre partes enfrentadas. Siempre vienen de fuera, del exterior, para arreglar lo que en casa no pudieron solventar. Ocurrió en Sudáfrica, en Irak, en Sri Lanka, en el Congo, en Irlanda del Norte… y en Euskadi.

Los relatores internacionales se han convertido en una suerte de ‘ejército’ internacional integrado por ‘soldados de paz’ que ofrecen sus servicios con tarifas elevadas y que las partes que recurren a ellos abonan con gusto -la paz no tiene precio- en aras al acuerdo, aunque no siempre con la transparencia necesaria. El próximo destino ya figura en el tablón de emergencias a socorrer: Cataluña. Lo que ni el Gobierno de Rajoy logró resolver ni el Ejecutivo de Sánchez ha sabido encauzar se confía en que pueda hacerlo un relator o relatora venido de lejos. Sobre la mesa, 21 exigencias para alcanzar un pacto de Estado con el derecho de autodeterminación como aspiración máxima de los soberanistas.

El Gobierno y el Govern están de acuerdo en que un tercero dinamice y coordine el proceso de negociación anunciado entre los dos ejecutivos. Por el momento el nombre no ha trascendido, sólo la propuesta hecha por el entorno independentista de que sea alguien de “perfil internacional”, acorde con la insistencia de ‘internacionalizar’ el conflicto que el mundo independentismo catalán siempre ha defendido. El Ejecutivo de Sánchez ha intentado bajar el perfil, negarle condición alguna de “relator” a la persona que se sume como agente externo a las negociaciones Cataluña-Madrid. Un mero “toma notas” que pueda “coordinar” los encuentros, dijo ayer la vicepresidenta Carmen Calvo, un “relator”.

Ex ministros, abogados, jefes policiales jubilados o hasta una baronesa, formaron la larga lista de relatores internacionales en Euskadi

Tendrán donde elegir. El catálogo de agentes que viajan por el mundo ejerciendo de relatores, ‘toma notas’ o meros ‘facilitadores’ es amplio. Está compuesto por ex asesores de Gobiernos, ex ministros, pastores metodistas y obispos, ex responsables de cuerpos policiales, abogados, profesores universitarios o incluso baronesas convertidas en diputadas. En ocasiones llegan avalados por gobiernos, en otras por fundaciones. En nuestro país han recurrido a ellos con cierta frecuencia en el independentismo e incluso desde el Gobierno de España para encauzar los distintos procesos de diálogo llevados a cabo con ETA en las últimas décadas.
En Euskadi la izquierda abertzale se volcó con varios relatores internacionales para preparar el final del terrorismo. Lo hizo primero para que dieran fe del viraje de la estrategia del mundo radical desde el apoyo a la violencia a la apuesta sólo de las vías políticas. Poco después, para intentar una negociación ventajosa de ETA en su proceso de disolución.

‘Elefante en cacharrería’

En la última década por las calles vascas han transitado no pocas instituciones, relatores y organismos dedicados a este tipo de procesos. La mayoría de ellos con un pasado en la resolución de conflictos armados o de vulneraciones de derechos humanos, pero sin apenas conocimiento del caso vasco.

El proceso de final del terrorismo tuvo sin duda un marcado peso político en el que los relatores llegados de lejos también se implicaron. En ocasiones como elefante en cacharrería y evidenciando grandes lagunas que les hicieron defender posiciones, conceptos y lenguaje propio de la parte que les contrató. En 2007 ETA aún estaba lejos de plantearse terminar con su historia criminal. En la izquierda abertzale comenzaba a moverse el suelo hacia el desmarque de la violencia y que se plasmaría en la ponencia ‘Zutik Euskal Herria’ en noviembre de 2009. En ella se apostaba exclusivamente por las vías políticas para lograr la independencia. Poco antes, en un viaje por Sudáfrica, el entonces consejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga -hoy líder de Sare, la plataforma de apoyo a los presos de ETA- conoció al abogado Brian Currin. Dos años más tarde se convertiría en el primer ‘relator’ internacional llamado a reforzar la credibilidad del viraje estratégico de Batasuna.

Currin fue el primer representante de ‘perfil internacional’ en ejercer una labor de verificación. Lo hizo a instancia de la izquierda abertzale y sin la encomienda explícita de ningún Gobierno. Su experiencia en la participación en otros conflictos como Kósovo, Gaza o Irlanda del Norte le precedían. La izquierda abertzale contaba con la recomendación del Sinn Fein para recurrir a Currin. El Grupo Internacional de Contacto (GIC) que lideraba contaba con la aportación de Raymond Kendall, ex secretario general de Interpol o con Nuala O´Loan, miembro de la Cámara de los Lores o con el ex asesor del ministro de asuntos exteriores israelí Ben Ami, Alberto Specktorowsky.

En el proceso de final de ETA, ni el Gobierno español ni el Ejecutivo de Urkullu recurrieron a este tipo de mediación internacional

En setiembre de 2011 –un mes antes del alto el fuego definitivo de ETA- otra nueva plataforma aterrizó en el País Vasco para mediar, asesorar, en el final de ETA. Se denominó Comisión Internacional de Verificación (CIV) y se creó para certificar el final de la banda terrorista. Junto a él, pronto apareció Ram Manikkalingam, ex asesor del presidente de Sri Lanka y uno de los hombres que verificó la teatral entrega de un puñado de armas hecha por ETA y retiradas después por los terroristas. A Currin y Manikkalingam se sumó más asesores como Ronnie Kasrils, ex ministro de inteligencia de Sudáfrica o Satish Nambiar, ex vicejefe del Estado Mayor de la India.

Tarifas ‘VIP’

Fueron sólo un puñado de la plantilla de relatores que en uno u otro momento intervinieron en el proceso a lo largo de la última década. Una labor cuyo coste nunca se hizo pública y que informaciones periodísticas aparecidas en los últimos años han situado en tarifas de entre 600 y 750 euros diarios por cada jornada de asesoría. Entre las organizaciones que en estos años habrían destinado fondos y recursos para soportar todas estas labores de mediación figuran fundaciones como The Concilation Resources (Reino Unido), The Berghof Foundation (Alemania), The Dialogue Advisory Group (Holanda), The Peace Research Institute Oslo (Noruega), The Fundación Joseph Rowntry Charitable Trust (Reino Unido).

El proceso de final del terrorismo se prolongó casi nueve años. Su inicio y su final se convirtió en una puesta en escena del papel de los asesores internacionales. El arranque oficial del proceso se produjo en el Palacio de Aiete de San Sebastián el 17 de octubre de 2011. Tres días después ETA anunció el cese definitivo de su actividad armada. A él no faltó el ex secretario general de la ONU Koffi Anan o el ex jefe de Gabinete de Tony Blair, Jonathan Powell. Una cumbre cuyo coste se cifró en 300.000 euros y en la que estuvo implicada otra plataforma ‘local’ de mediación e impulsora del proceso, Lokarri.

La financiación de esta mediación en Euskadi careció de transparencia. Se estima que las tarifas que percibían oscilaban entre los 600 y los 750 euros

El final de todo el proceso de ‘asesoría’ no llegó hasta ocho años después. Tuvo lugar en Cambó (Francia) el 4 de mayo de 2018. Una vez más, todos los relatores volvieron a reunirse en la escenificación de una disolución ‘internacional’ de ETA en la que la autocrítica, las víctimas o el esclarecimiento de cientos de crímenes de la banda cuya disolución certificaban fueron ignorados.

Entre uno y otro momento, entre octubre de 2011 y mayo de 2018, el papel de los relatores internacionales acumuló una larga lista de intervenciones. A la falsa entrega de armas ante los verificados Manikkalingam y Kasrils, se sumó la llamada días después a declarar que les hizo la Audiencia Nacional y la posterior muestra de apoyo del lehendakari, pese a que la banda y su entorno siempre ignoraron la oferta de mediación hecha por el Gobierno vasco. De modo periódico, cada paso dado por la banda o la izquierda abertzale fue buscando el sello internacional. El apoyo del Gobierno español hacia su labor fue inexistente y el del Gobierno vasco y el conjunto de los partidos políticos vascos, a excepción de EH Bildu, comenzó siendo tímido y terminó en un silencio respetuoso.

El último episodio en la larga historia y factura de relatores se produjo en vísperas del desarme del 8 de abril de 2017 en Bayona. Después de que los relatores internacionales no hubieran logrado sentar a ningún Gobierno, ETA terminó por recurrir a lo que denominó sociedad civil. Los llamados ‘artesanos de la paz’, un grupo de ciudadanos del País Vasco francés, ejercieron la labor de mediación principal que concluyó el 4 de mayo de 2018 con el acto de disolución de ETA en Cambó.